Los asuntos ingresados en los Juzgados y Tribunales bajan un 2,3 % en el primer trimestre de 2015

    El mayor descenso se da en la jurisdicción social, con un 8,2 % menos de nuevos asuntos que en el primer trimestre de 2014

    Los asuntos en trámite a 31 de marzo disminuyen en todos los órdenes jurisdiccionales

    Andalucía, Madrid y Canarias son las Comunidades Autónomas con la tasa de litigiosidad más alta

Madrid (España), 10 de junio de 2015 / Juzgados - Tribunales / Gabinete de Prensa.

Los Juzgados y Tribunales españoles ingresaron un total de 2.172.069 asuntos en el primer trimestre del año, lo que supone una disminución del 2,3 % respecto al mismo periodo de 2014, según el informe “Situación de los órganos judiciales en el primer trimestre de 2015” publicado hoy por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

El informe señala también que el número de asuntos resueltos entre el 1 de enero y el 31 de marzo pasados fue de 2.265.947, y que los asuntos que quedaban en trámite al final de ese periodo eran 2.485.362, un 4,7 % menos que al final del primer trimestre de 2014.

Los ingresos bajan en Penal y Social y suben en Civil y Contencioso

Por jurisdicciones, el primer trimestre del año registró un descenso de los asuntos de nuevo ingreso en los órdenes penal y social –más acusado en este último, donde alcanzó el 8,2 %- y un incremento en los órdenes civil y contencioso-administrativo.

Así, el número de asuntos ingresados en la jurisdicción civil fue de 491.205, un 1,9 % más que en el primer trimestre de 2014. La cifra de asuntos resueltos fue de 514.707 y la de asuntos que quedaban en trámite al final del periodo de 985.070, un 3,3 % menos que en las mismas fechas del año pasado.

En la jurisdicción penal, que concentra el 70 % de los asuntos que entran en los tribunales, ingresaron 1.517.487, lo que supone un 3,2 % menos que en el primer trimestre de 2014. El número de asuntos resueltos fue de 1.578.863 y el de asuntos en trámite al final del periodo de 934.478, que representa un 5,4 % menos que el año pasado.

La jurisdicción contencioso-administrativa recibió 52.083 asuntos, un 0,9 % más que hace un año. Se resolvieron 60.710 asuntos y quedaron en trámite al final del periodo 224.822, un 7,4 % menos que a 31 de marzo de 2014.

Por último, los 111.227 asuntos ingresados en el primer trimestre del año en la jurisdicción social suponen un descenso del 8,2 % respecto al mismo periodo del año pasado. En este orden jurisdiccional se resolvieron 111.575 asuntos; mientras que la cifra de los que quedaban en trámite al final del trimestre fue de 340.911, un 4,6 % menos que el año pasado.

Andalucía, Madrid y Canarias, a la cabeza en litigiosidad

Durante el primer trimestre de 2015, la tasa de litigiosidad en el conjunto de España fue de 46,6 asuntos por cada mil habitantes.

Cinco Comunidades Autónomas superaron esa media: Andalucía (55,9), Madrid (52), Canarias (51,7), Cantabria (49,1) y la Comunidad Valenciana (47,9). En el otro extremo se sitúan La Rioja (31), el País Vasco (32,2) y Extremadura (37,1).

(*) Cálculos realizados sobre las cifras de población del INE provisionales a 1 de enero de 2015

Proyección al conjunto de 2015

Como en años anteriores, el CGPJ ha realizado una previsión para el conjunto de 2015 basándose en las series históricas trimestrales disponibles. 

En esta ocasión, sin embargo, la proyección debe ser tomada con mayor cautela debido a que la reforma del Código Penal que entrará en vigor el próximo 1 de julio de 2015 producirá previsiblemente una notable disminución en la entrada de asuntos en la jurisdicción penal, con los consiguientes efectos en la resolución y la pendencia, como consecuencia de la despenalización de algunos tipos de faltas.

En la siguiente proyección esos posibles efectos no se han tenido en cuenta:

	Movimiento de asuntos			Sentencias
	Ingresados	Resueltos	En trámite al final del año
Civil	1.887.000	1.887.700	1.008.700	481.300
Penal	6.004.400	6.137.800	841.400	686.000
Contencioso Administrativa	204.300	217.400	218.600	145.600
Social	406.900	412.700	340.300	217.000
Militar	200	300	30	200
Total	8.502.800	8.655.900	2.409.030	1.530.100

	Movimiento de asuntos			Sentencias
	Ingresados	Resueltos	En trámite al final del año
Civil	2,3%	1,6%	-0,1%	-0,7%
Penal	-2,7%	-2,3%	-13,7%	-2,1%
Contencioso Administrativa	-1,2%	-7,2%	-5,7%	-5,3%
Social	-4,8%	0,2%	-1,7%	-0,9%
Militar	-6,6%	25,5%	-71,1%	21,8%
Total	-1,7%	-1,5%	-6,0%	-1,8%

Los datos por TSJ y provincias están disponibles en la siguiente dirección:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Actividad-judicial-por-territorio

El Supremo eleva precio terreno en El Rincón a 11,1 millones euros

Las Palmas de Gran Canaria (Canarias), 26 de mayo de 2015 / Tribunales / Gabinete de Prensa.

Según sentencia de la Sala Tercera que estima un recurso de casación de la empresa Inalcansa y eleva de 5,4 millones de euros a 11,1 millones el justiprecio que debe desembolsar el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a dicha empresa por una parcela de unos 17.000 metros cuadrados en la carretera del Rincón de dicha ciudad, inedificable por estar destinada a uso dotacional incluido en el ámbito 'Parque de la Música en El Rincón". 

En 2007, la empresa valoró las edificaciones y el suelo en 144,9 millones de euros, pero el Ayuntamiento consideró que el valor de la finca era de 5,4 millones. El 2 de julio de 2009, la Junta Provincial de Expropiación Forzosa de Las Palmas dió la razón al Ayuntamiento y fijó el justiprecio en 5,4 millones. Tras un recurso de reposición de la entidad propietaria, el mismo Jurado consideró urbanizados los terrenos y elevó el justiprecio a 11,1 millones. 

Tanto Inalcansa como el Ayuntamiento recurrieron al TSJ de Canarias, que dió la razón al Ayuntamiento y fijó de nuevo el justiprecio en 5,4 millones. El Supremo ha estimado ahora el recurso de casación de la inmobiliaria y establece el precio en 11,1 millones. 

Ampliación tema prospecciones

Las Palmas de GC (Canarias), 30 de marzo de 2014 / Tribunales / Gabinete de Prensa.

Al aceptarse la prueba de Cabildo de Fuerteventura y suspenderse el señalamiento, la Sala ha suspendido también los otros seis recursos sobre los que iba a deliberar el 1 de abril en relación al mismo asunto, que están planteados, respectivamente, por: Comunidad de Canarias, Cabildo de Lanzarote, Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, WWW ADENA; Fundación César Manrique e Izquierda Unida. 

Tras practicarse la prueba, se pondrá nueva fecha.

Juicios de la Sección I de la Audiencia Provincial de Las Palmas

Las Palmas (Canarias), 24 de febrero de 2014 / Tribunales / Gabinete de Prensa.

25 de febrero

10’00

Rollo 55/12

Delito: Salud pública

Acusado: Marcos Baena Hernández

Petición del fiscal: 6 años

10’30

Rollo 76/13

Delito: Abuso sexual

Acusado: Claudio Ramírez Vega

Petición del fiscal: 4 años

26 de febrero

10’00

Rollo 74/13

Delito: Falsedad en documento y estafa

Acusados: Fernando González Berriel y 2 más

Petición del fiscal: 3 años

La Justicia desestima el recurso interpuesto por la oposición contra la aprobación de los Presupuestos municipales de 2013

Teror (Gran Canaria), 26 de enero de 2014 / Tribunales / Gabinete de Prensa.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha desestimado el recurso contencioso administrativo interpuesto en marzo de 2013 por los representantes de la oposición municipal José Luis Báez (PP), José Juan Navarro (CC-Vecinos Unidos) y la entonces concejala No-Adscrita, Carmen Delia Ortega, contra el pleno extraordinario celebrado el 7 de marzo de 2013 para la aprobación del Presupuesto 2013 del Ayuntamiento de Teror, alegando “vulneración del artículo 23 de la Constitución”. La sentencia impone el pago de las costas procesales a los representantes de la oposición firmantes del contencioso administrativo.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias reconoce que al haberse aprobado los Presupuestos por la vía de la cuestión de confianza y como nadie de la oposición acudió a la moción de censura dentro del mes siguiente, “la consecuencia es que la aprobación se consolidó y quedó firme”.

Según constata la sentencia, “no se incumplió el artículo 92 ROF, pues la petición de retirar el asunto para mejor estudio hecha por la oposición fue debidamente votada con resultado favorable en el pleno de 7 de marzo de 2013 pero el Alcalde Presidente decidió utilizar otra vía para obtener la aprobación de los Presupuestos que finalmente han quedado aprobados en firme, por cuanto nadie ha acudido a la moción de censura que prevé la LOREG cuando se produce la aprobación merced a la cuestión de confianza”. La sentencia concluye que “no puede sostenerse que se haya vulnerado el derecho fundamental contemplado en el artículo 23 de la Constitución Española”.

Con esta sentencia favorable al Ayuntamiento de Teror y al Gobierno municipal, se cierra un periodo de compleja dificultad política y administrativa vivida entre noviembre de 2012 y mayo de 2013 en el Consistorio terorense, tras pasar a la oposición la edil Carmen Delia Ortega, dejando en minoría al grupo de gobierno socialista. La oposición entonces con mayoría plenaria interpuso varias demandas judiciales, entre ellas la retirada de las dedicaciones exclusivas y remuneraciones del alcalde y concejales del grupo de Gobierno, o las medidas cautelares contra la aprobación de los presupuestos, ambas desestimadas también por la Justicia.

EL CCN SE PERSONARÁ EN LAS DILIGENCIAS PREVIAS QUE AL EFECTO SE INCOEN POR EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS PALMAS EN LA DENUNCIA PRESENTADA CONTRA JUAN DOMINGUEZ EN EL CASO INFECAR

En lo referente a la presunta sustracción de fondos del partido, los centristas aportarán pruebas ante el Juzgado de Instrucción haciendo valer su denuncia previa ante Fiscalía. 

Entre dichas pruebas se encuentran el justificante de la restitución por parte de la Entidad Bancaria implicada en la apertura fraudulenta de cuentas bancarias a nombre del partido, del dinero presuntamente sustraído por Juan Domínguez de las cuentas del partido.

Las Palmas de GC (Canarias), 24 de enero de 2014 / Tribunales - CCN / Gabinete de Prensa.

El Centro Canario Nacionalista, CCN, a través de su Secretario Federal Alfonso López, recuerda que dichas Diligencias tienen su origen en la comparecencia del Presidente Federal del CCN, Ignacio González, el pasado 18 de Enero de 2013 denunciando ante la Fiscalía Anticorrupción la apertura de tres cuentas corrientes a nombre de su formación política no solo sin su autorización como único representante legal del partido, sino con la falsificación de su propia firma, tal y como se acreditó ante la Fiscalía,  así como de las posteriores disposiciones y retiradas de efectivo de dichas cuentas de dinero correspondiente a las aportaciones dinerarias de afiliados, simpatizantes y cargos públicos del CCN así como de las aportaciones del propio Cabildo de Gran Canaria al grupo político.

El Secretario Federal de los centristas también ha manifestado que en lo referente a la Factura del IX Congreso Federal del Centro Canario Nacionalista celebrado en INFECAR los días 17 y 18 de Diciembre de 2011, fue el propio Juan Domínguez a la sazón Presidente Ejecutivo de dicha Institución Ferial en esas fechas quien gestionó el alquiler de las instalaciones, así como todo lo relacionado con la facturación al partido de los gastos generados por dicho Congreso en su condición de Presidente Insular del CCN en Gran Canaria. No obstante, la formación centrista abonó la Factura que desde INFECAR le fue presentada por los servicios prestados, como no podía ser de otra manera y tal y como se puede acreditar con el correspondiente justificante del pago, desconociendo si paralelamente el mentado Juan Domínguez realizó cualquier otra acción que no puede ser en ningún caso achacada a este partido ni comunicada a la Gerencia del mismo.

Por otro lado, el Presidente del Comité de Derechos, Garantías, Buenas Prácticas y Defensor de la Ciudadanía del CCN, el letrado José Luis Langa, ha manifestado que en cuanto se tuvo conocimiento de los presuntos actos delictivos realizados por Juan Domínguez la formación centrista actuó de inmediato, suspendiéndolo en primer lugar y cautelarmente de militancia, solicitando al Presidente del Cabildo de Gran Canaria José Miguel Bravo de Laguna lo apartara de sus responsabilidades institucionales, abriéndole Expediente y por último dando curso a la solicitud de Juan Domínguez de causar baja en el CCN, con lo que automáticamente se convertiría en Consejero tránsfuga de la Institución Insular.

Alfonso López, Secretario Federal de los centristas, manifiesta que “el CCN ha decidido depurar responsabilidades hasta el final para dar ejemplo ante la ciudadanía que un partido político serio persigue, denuncia y expulsa de su formación a cualquiera inmerso en un supuesto delito de corrupción”, en referencia a Juan Domínguez Vicepresidente 1º del Cabildo de Gran Canaria, así como afirmando que “el CCN se personará como acusación popular en defensa de sus legítimos intereses en las Diligencias Previas que al efecto se aperturarán derivadas de la investigación del Ministerio Público, por lo que ha dado expresas instrucciones a sus Servicios Jurídicos, dirigidos por el Letrado Juan Inurria, a fin de que lleven a cabo las acciones que en Derecho correspondan”.

Dos abogados estafan a 41 empresarios en el concurso de frecuencias de radios

El fiscal acusa a los dueños del despacho Díez y Romeo de falsificar de manera continuada la documentación

lAS pALMAS DE gC (Canarias), 21 de noviembre de 2013 / Tribunales - Estafas /M. Reyes LA PROVINCIA

Fernando Ríos, actual comisionado para el Desarrollo del Autogobierno, presidió el tribunal del concurso de radio

El fiscal Miguel Pallarés ha solicitado al Juzgado de lo Penal número 3 de Las Palmas de Gran Canaria que abra juicio oral contra los responsables del despacho madrileño de abogados Díez y Romeo SL. El representante del ministerio público reclama tres años de cárcel para Paula R. G. y Jaime R. D. por la supuesta falsificación de un sello de Correos con la finalidad presentar "fuera de plazo" 41 solicitudes de empresas que querían participar en el concurso público celebrado en junio de 2011 por el Gobierno de Canarias para adjudicar 156 frecuencias de radio.

El fiscal acusa a los letrados de un delito de falsificación continuada en un documento oficial, pues abrieron unas oficinas en la calle León y Castillo de la capital grancanaria para captar clientes que optaran al concurso, pero dejaron pasar el plazo para registrar las solicitudes de esas pequeñas empresas y optaron por falsear la documentación presentada, según las conclusiones provisionales de la acusación pública, que también interesa una multa 7.200 euros para cada imputado (12 meses a razón de 20 euros diarios).

El fiscal añade que los abogados "pretendían" acreditar "mendazmente" un "hecho no veraz": la presentación "en tiempo y forma" de esas solicitudes. El plazo finalizó el 30 de septiembre de 2010, pero los acusados registraron la documentación el día 8 de octubre en la sede del Gobierno de Canarias en Las Palmas.

El escrito en representación de las 41 empresas iba encabezado por un sello de la oficina de correos de Arucas, en Gran Canaria, el cual había sido manipulado con fecha 30 de septiembre de 2010, precisamente el último día habilitado para cumplimentar los requisitos del concurso.

El fiscal añade que el sello "no era auténtico", sino que fue "elaborado" directamente por los imputados o por "encargo a terceras personas". Para ello "transportaron" la imagen del sello al documento mediante el sistema de fotocomposición, es decir, con la ayuda de una simple fotocopiadora o impresión láser. Luego se incorporó una firme "ilegible" que "se supone atribuida" al funcionario o empleado público de dicha oficina de Correos.

Los letrados repitieron el procedimiento tres días después, esta vez en el registro de Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife. Fue entonces cuando Martín Marrero, viceconsejero de Comunicación y de Relaciones con los Medios, entre otros cargos, se percató del engaño y lo puso en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, que abrió diligencias previas de investigación, remitió la denuncia al juzgado de guardia y ahora ha reclamado el inicio del juicio tras formular escrito de acusación. El asunto ha recaído en el Juzgado de lo Penal número 3, que deberá señalar el comienzo de la vista oral.

Los abogados "pretendían" que la Viceconsejería de Comunicación del Gobierno canario "admitiera" las 41 solicitudes bajo la apariencia de que éstas, junto con la documentación descrita, fueron presentadas en la oficina de Correos de Arucas en "tiempo y forma", concretamente antes del 30 de septiembre de 2010.

Los letrados alegaron que no podían justificar la hora de presentación por problemas de coordinación de la sucursal de correos, pues no pudo mandar los faxes para acreditar la hora de entrada de la documentación por "problemas de coordinación", cuando las bases del concurso público especifican que esas notificaciones con las horas sólo podían remitirse directamente al Gobierno regional. De ahí la sospecha que llevó al viceconsejero a denunciar los hechos.

Esas 41 ofertas quedaron fuera del concurso de licitación por causas ajenas a los solicitantes. De ahí que si se demuestra la acusación del fiscal y recae una condena sobre los imputados, la adjudicación de esas 156 licencias podría verse afectada, incluso la Comunidad Autónoma podría verse obligada a anularlo, según fuentes judiciales.

Se trata del mayor concurso de licencias radiofónicas licitadas por el Gobierno canario. El anterior se celebró en 1989, y desde entonces el sector se encontraba en situación de precariedad legal.

Detenida por su posible relación con la muerte de Francisco Sánchez Sánchez

Las Palmas de GC (Canarias), 15 de noviembre de 2013 / Tribunales / Gabinete de Prensa.

El TSJC informa que a lo largo del día de hoy, ha prestado declaración en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Puerto del Rosario la persona detenida por su posible relación con la muerte de Francisco Sánchez Sánchez la semana pasada. Tras la declaración, la Juez le ha imputado un delito de lesiones agravadas por instrumento peligroso. Además, ha decretado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

EL TSJC INFORMA - PRESENTACIÓN MEMORIA COMISIÓN JUSTICIA PARLAM CANARIAS

Las Palmas de Gran Canaria (Canarias), 9 de octubre de 2013 / Tribunales - Justicia / Gabinete de Prensa.

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, José Ramón Navarro Miranda, expondrá mañana, jueves, 10 de octubre, la Memoria del TSJC correspondiente al año 2012 ante la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico del Parlamento de Canarias. 

El acto comenzará a las 10:30 horas en la sede del Parlamento de Canarias en Santa Cruz de Tenerife.

Toma de posesión del Presidente de la Audiencia Provincial de las Palmas

El TSJC informa

Las Palmas de Gran Canaria (Canarias), 20 de septiembre de 2013 / Tribunales / Gabinete de Prensa.

El próximo lunes, 23 de septiembre, a las 13’00 horas, se celebrará el acto de jura y toma de posesión del nuevo Presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio J. J. Moya Valdés, ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El acto tendrá lugar en la Sala de Audiencias de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en la Plaza de San Agustín, Nº 6, de Las Palmas de Gran Canaria. 

El acto será presidido por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, José Ramón Navarro Miranda, y contará con la asistencia del Fiscal Jefe de Canarias, Vicente Garrido García, del vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa Torner, la vocal territorial del CGPJ para Canarias Inmaculada Montalbán Huertas, y de los vocales del CGPJ Carles Cruz Moratones y Manuel Torres Vela.

Asimismo, asistirán el Presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero Baute, el Presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro Cordobez, la Delegada del Gobierno, María del Carmen Hernández Bento, el vicepresidente del Gobierno, José Miguel Pérez García, el Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, del Viceconsejero de Justicia, Pedro Joaquín Herrera Puentes, del Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, Alejandro Parres García, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Manuel Bravo de Laguna Bermúdez, el alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona González, amén de diputados nacionales y autonómicos, senadores y otras autoridades civiles y militares. Además, acudirán los decanos de los colegios profesionales de abogados y de procuradores y el presidente del colegio de graduados sociales.

La UPCC e IUC denuncian ante la Fiscalía Anticorrupción posibles delitos de malversación y prevaricación en los contratos de RTVC

Ambas organizaciones se basan en las irregularidades detectadas por la Audiencia de Cuentas de Canarias en la gestión de Guillermo García al frente del ente autonómico

Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 9 de agosto de 2013 / Demandas - IUC / Gabinete de Prensa.

La formación política Izquierda Unida Canaria (IUC) y el sindicato Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) han presentado hoy ante la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife una denuncia por las irregularidades en la tramitación y elaboración de los contratos de Radiotelevisión Canaria (RTVC) detectados en un informe de la Audiencia de Cuentas que analizó, a instancias del Parlamento, los contratos del ente público entre los años 2007 y 2011.

Ambas organizaciones, en amparo del artículo 264 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, han solicitado a la Fiscalía que investigue a fondo el informe de la Audiencia de Cuentas al apreciar en él posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en los contratos suscritos por el ente.

La denuncia, dirigida contra Guillermo García y todas las personas que participaran en las irregularidades detectadas, se fundamenta en que dichas irregularidades responden a una práctica continuada y sistemática que ha podido beneficiar a determinadas empresas y que ha podido suponer un menoscabo de los recursos públicos del ente al no cumplirse, entre otros aspectos, y siempre según el informe, los criterios de eficacia, eficiencia y economía en la contratación pública.

Tanto IU como UPCC consideran, además, que dichas actuaciones van en línea con la polémica gestión de García al frente del ente público, priorizando siempre intereses políticos y empresariales por encima de los intereses de sus propios trabajadores y del conjunto de la ciudadanía.

Tanto el secretario general de UPCC, Samuel Toledano, como el coordinador insular de IU, José Pérez Ventura, han coincidido en resaltar la ausencia de reacciones o explicaciones sobre el informe por parte de Guillermo García, el ente o el Gobierno regional. Igualmente, y dado que la Audiencia de Cuentas no ha trasladado este informe a Anticorrupción, ambas organizaciones se han visto obligadas a tomar esta iniciativa.

Tras esta denuncia, deberá ser la Fiscalía la que analice si, efectivamente, se han producido hechos punibles en las contrataciones realizadas por el ente. IUC y UPCC invitan a todas las organizaciones políticas y sociales que lo deseen a sumarse a esta denuncia, dada la gravedad de las irregularidades detectadas y el enorme perjuicio que la actuación de Guillermo García puede causar a los recursos públicos, a los profesionales del ente y al conjunto de la ciudadanía, privando a la sociedad de una información que no cumple su obligación de servicio público.