Para el Portavoz de los populares, Carlos Sánchez, “estamos ante una situación grave e inédita en la Corporación Insular”
• Encarna Galván ha adjudicado el contrato de seguridad en contra del criterio del Jefe de la Asesoría Jurídica del Cabildo de Gran Canaria
Las Palmas de GC, 12 de marzo de 2010 | Pôlítica | Redacción - Gabinete de Prensa.
El Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria, a través de su Portavoz, Carlos Sánchez, ha solicitado que “el Presidente, José Miguel Pérez, rectifique la decisión de la Consejera de Presidencia, Encarna Galván, de adjudicar el concurso de Seguridad a una empresa distinta a la que dice el informe jurídico del Cabildo que ella mismo encargó”. Para Sánchez, “la entrada de Pérez en este asunto es indispensable, con el objetivo, claro y contundente, de defender los intereses de la Corporación. Si no lo hace, el Presidente estará dando por buena la chapuza de su número dos”.
“La situación que estamos viviendo en el Cabildo es surrealista -continúa el consejero del PP-; en agosto de 2009, la Mesa de Contratación adoptó una decisión atendiendo al informe emitido por un técnico de los servicios de Régimen Interior y que concluía que la adjudicataria debía ser la empresa Serramar. Ya en ese momento, el PP votó en contra ante las enormes deficiencias que veíamos en ese informe. Hasta el propio presidente de la Mesa, el consejero Luis Ibarra, dijo tener dudas sobre los criterios subjetivos utilizados en dicho informe”. Una vez recibida la propuesta de la Mesa, la consejera Encarna Galván, que es el órgano de contratación, encargó un informe jurídico al Letrado Jefe del Cabildo para disipar las posibles dudas existentes. “Pues bien, ese informe, de 79 folios, entregado a mediados de febrero a Galván, concluye que la adjudicataria debe ser la empresa Seguridad Integral Canaria y le dice a la Consejera –continúa Carlos Sánchez- que puede apartarse de la decisión de la Mesa y proceder como se indica en el citado informe jurídico”. Para el portavoz del PP, “el dictamen del Letrado Jefe es demoledor y corrige lo argumentado entonces por un técnico interino del Servicio de Régimen Interior. Por eso no se entiende la decisión de Galván de apartarse del criterio de la Asesoría Jurídica y considerar una opinión personal lo recogido en el escrito de la máxima autoridad jurídica del Cabildo”.
“En este asunto, la única opinión personal -concluye Sánchez- es la de la Consejera, que ha decidido unilateralmente obviar las conclusiones de un informe que ella misma encargó. De ahí la importancia que tiene para el PP que el Presidente del Cabildo la desautorice y salvaguarde los intereses de la Corporación del que es el máximo responsable”.
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