Aunque nuestros dirigentes se han dedicado a publicitar el aumento de las plantillas de la Policía y de la Guardia Civil, la realidad es que, este verano, nuestras costas contarán con muchos menos guardias civiles.
Esta significativa disminución de agentes, está causada por dos factores principales. El primero, la recién aprobada normativa de vacaciones que permite que los guardias civiles puedan disfrutar sus vacaciones de forma más concentrada, en tres turnos en lugar de los cuatro habituales, lo que se traduce en que un mayor número de agentes disfruten de forma simultánea sus merecidas vacaciones.
Cada verano, para suplir este déficit de efectivos, suelen convocarse comisiones de personal que, eventualmente, prestan servicio en las localidades costeras que ven multiplicada su población durante el período estival y en la Zona del Estrecho.
Sin embargo, el segundo factor al que hacíamos mención, consiste en la sorprendente e inaudita decisión del Ministerio del Interior de que aquellos guardias civiles que sean concentrados en la Operación Verano 2010 y Operación del Estrecho costeen de su bolsillo los gastos que conlleve su traslado y residencia, pues deben renunciar a cualquier indemnización que les corresponda.
Estas indemnizaciones están destinadas, por ejemplo, a que los agentes puedan alquilar una vivienda durante el período en que estén comisionados en la costa, por lo que se antoja muy poco viable que éstos acepten una comisión de servicio que a todas luces les resultaría totalmente deficitaria desde el punto de vista salarial.
De ese modo Málaga, Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Algeciras, Murcia, Valencia, Castellón, Alicante, Cantabria, Asturias, Coruña, Pontevedra y Baleares verán sus costas atendidas por menos guardias civiles que en años anteriores.
Nos preguntamos si el Ministro del Interior o nuestro Director General pagan de su bolsillo los hoteles, la comida o la gasolina cuando realizan algún viaje oficial, como se pretende que hagan los guardias civiles.
Para la Unión de Oficiales (UO) se trata de una cuestión gravísima que puede afectar muy negativamente a la imagen turística del país, independientemente de los problemas de seguridad que generaría contar con menos agentes en localidades que ven, en algunos casos, triplicada su población en período vacacional.
Entendemos que esta medida, lejos de suponer un ahorro, conlleva un potencial perjuicio a uno de los pilares de nuestra economía como es el turismo.
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