Las Palmas de GC, 23 de junio de 2010 | Laboral | Gabiente de Prensa.
Los abajo firmantes, abogados y abogadas laboralistas, que prestan sus servicios profesionales a afiliados y afiliadas de la Confederación Intersindical Canaria, hoy, 16 de junio, fecha fijada por el gobierno de Zapatero y del PSOE para la aprobación del Decreto que abrirá la puerta a una nueva Reforma Laboral, que se suma a la reducción de salarios y servicios en el sector público y acompaña a la pretendida reforma del sistema de pensiones, que a su vez supone una vuelta al pasado y representa una agresión sin precedentes a los, ya menguados, derechos de la clase trabajadora canaria, queremos, públicamente, manifestar nuestro rechazo a la mencionada reforma laboral porque:
1) Altera la línea divisoria entre contratación temporal y fija, para contagiar de precariedad la contratación fija en la empresa.
2) Abarata el despido creando una nueva figura de contratación fija y precaria.
3) Crea el llamado Fondo de Capitalización de los contratos indefinidos, que pretende que el trabajador costee con sus impuestos y ahorre para su propia indemnización de despido , movilidad geográfica o jubilación.
4) Hace más flexible el despido colectivo e individual por causas económicas, priorizando el aumento del beneficio de la empresa ante el derecho al trabajo, reconocido en la Constitución, de tal manera que una empresa pueda acudir a este tipo de despidos para “superar las dificultades que impidan su buen funcionamiento a través de una más adecuada organización de los recursos”.
5) Utiliza el Contrato de Fomento de Empleo para la Contratación Indefinida para abaratar el despido a 33 días con un tope de 24 mensualidades. Este contrato hasta la fecha era utilizado para colectivos muy concretos de trabajadores (en función de su edad, de su discapacidad, dificultad de inserción en el mercado laboral), pero ahora se utiliza como trampolín, pudiendo ser contratados aquellos desempleados que en los últimos dos años hubiesen tenido contratación temporal, casi todos los trabajadores, cuando en Canarias ha sido la constante, utilizándose con abuso esta figura. Asimismo, dice la Reforma que en la misma empresa, cuando hemos tenido contrato temporal, éste puede ser convertido a este contrato de fomento de empleo. Nos quieren hacer creer que aumentan la fijeza, cuando lo cierto es que aumentan de manera generalizada la precariedad contractual.
6) Premia este tipo de contratos de fomento, con la participación del FOGASA en su indemnización para abaratarle al empresario el coste del despido, facilitando la destrucción del contrato. Por tanto cuando la Reforma habla de fomento de la contratación indefinida lo hace precarizando y dejando atrás la protección del empleo que mantiene el Estatuto de los Trabajadores, nuestro derecho al trabajo.
7) Fomenta la contratación a tiempo parcial y la distribución irregular de la jornada, parcializando y neutralizando nuestros derechos económicos.
8) Abarata los contratos a jóvenes, amparándose simplemente en el factor edad. Aún cuando se reconoce un 40% de desempleo juvenil.
9) Favorece que las ETT y las agencias privadas de empleo fomentando el ánimo de lucro con el drama del paro, y por lo tanto privatiza y negocia con nuestro desempleo.
10) Define una baja médica por enfermedad común de menos de 20 días como absentismo laboral, y facilita el despido objetivo (a 20 días por año en lugar de 45 días por año) en estos casos.
11) Fortalece la posibilidad de pasar a trabajadoras/es de tiempo completo a tiempo parcial, precarizando su vínculo laboral y su economía, a la vez que facilita una distribución irregular de la jornada de trabajo.
12) Permite por decreto los “descuelgues salariales” de los convenios, invadiendo de esta forma el ámbito de la negociación colectiva.
En definitiva, una vez más, se pretende hacer pagar a los trabajadores y las trabajadoras, los efectos de una crisis del actual sistema económico que sólo han generado quienes se han enriquecido, grandes empresarios y banqueros, y pretenden seguir haciéndalo sin límite alguno a costa de la sobre-explotación de las personas que viven y trabajan en nuestro territorio, sin importarles la dignidad y las conquistas sociales de muchos años de lucha social, sindical y política de las trabajadoras y trabajadores de Canarias y del Estado español.
Los firmantes de esta declaración, asimismo, denunciamos a través de esta declaración pública la política ofensiva y agresiva de los representantes empresariales y gubernamentales que pretenden una regulación retrógrada y antisocial de las relaciones laborales.
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