Santa Cruz de Tenerife, 30 de junio de 2010 |Opinión | Gonzalo Prieto Villazán - Publicado en el Diario de Avisos
El Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife es una de las instituciones culturales más antiguas de la Isla, un título que debería darle a la entidad la tranquilidad de la experiencia y el saber hacer que da el paso del tiempo. Sin embargo, desde hace ya unos años son numerosas las quejas que en torno a la gestión de esta entidad se han hecho públicas, entre ellas las de algunos de sus socios, que aseguran estar hartos de ver lo que consideran "desmanes" de la actual presidenta, Miriam Durango.
"Aunque la mayoría no quiere complicarse la vida por esta entidad, nosotros sí queremos complicárnosla". Quien así habla es Gonzalo Prieto, miembro del Círculo de Bellas Artes desde 1993 y uno de los 22 socios que hace dos años acudieron al Juzgado de Primera Instancia de Santa Cruz de Tenerife tras la celebración de la Asamblea General del Círculo de Bellas Artes en julio de 2008, reunión en la que la mayoría de socios asistentes votaron en contra de la gestión de Durango y rechazaron aprobar las cuentas presentadas. Como explica Prieto: "Tras esa asamblea, Miriam Durango cursó orden de que dejaran de cobrarse las cuotas a los socios que habían votado en contra de su gestión y, además, invalidó nuestros votos alegando que no habíamos sido ratificados como tales". Una ratificación que, aunque figura en los estatutos del Círculo, "no se ha hecho nunca, al menos desde que yo soy socio", explicó Gonzalo Prieto. Después de esta "maniobra torticera" se modificó el acta de la asamblea y esta vez sí se aprobaron las cuentas, al no recogerse los votos en contra, según precisa Prieto. Esto motivó que interpusiera una demanda civil contra el Círculo de Bellas Artes por "conculcar el derecho a voto de los socios", exigiendo que fueran admitidos sus votos y el resultado de la votación de la primera asamblea. La no aprobación de las cuentas lleva implícito para cualquier entidad que no pueda acceder a recibir cualquier tipo de subvención.
Dos años después el juzgado ha estimado parcialmente la demanda encabezada por Gonzalo Prieto. El juez estima que "el actor y cualquier otro socio [reconociendo implícitamente como tales a los demandantes] tiene derecho a obtener certificación o copia de las actas de las asambleas generales y de las reuniones de la Junta de Gobierno o directiva de la asociación demandada". Una resolución que se completa estimando la petición hecha por el abogado del Círculo de Bellas Artes de que, admitiendo la irregularidad en el desarrollo de la misma, "declarar la nulidad de la Asamblea General y los acuerdos adoptados en la misma", según señaló a DIARIO DE AVISOS el abogado de los demandantes, David González Álvarez.
En la práctica esta sentencia anula la Asamblea General celebrada en 2008 y las posteriores, puesto que los socios expulsados no han podido ejercer su derecho al voto y obligaría a su repetición con la lista de socios que inicialmente acudieron a votar en la asamblea de 2008. Pero lo cierto es que, tal como confirma González, "lo que queremos es que una vez que el juez admite que se conculcaron los derechos de los socios, que se reconozca también la validez de la votación emitida en 2008".
"Es un asunto interno"
Este periódico se puso en contacto con la presidenta del Círculo de Bellas Artes, Miriam Durango, para conocer su opinión sobre este dictamen judicial. Durango declinó hacer declaraciones al respecto, alegando que "se trata de un asunto interno de una entidad privada sobre el que nunca hemos hecho comentario alguno y tampoco lo vamos a hacer ahora". En 2011 habrá elecciones en el Círculo y Gonzalo Prieto reconoce que "aún estamos pensando si vamos a presentar una plancha alternativa". Prieto asegura que, "aunque nosotros somos la cara visible del descontento con la gestión, son muchos los que opinan igual que nosotros. Desde que Miriam Durango se hizo cargo de la dirección de la entidad las cosas han ido de mal en peor, hace y deshace a su antojo sin respetar los derechos de los socios". Prieto estima que de seguir así las cosas, "el Círculo como tal podría incluso llegar a desaparecer", en cuyo caso el edificio de cinco plantas, que pertenece a los socios, pasaría a formar parte de los inmuebles propiedad del Cabildo tinerfeño, según los estatutos de la entidad.
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