A estas alturas del ciclo económico dónde se ha instaurado un estado de crisis que amenaza con enquistarse e introducirnos en una etapa de estancamiento para los próximos 7 años, con crecimientos próximos a cero, altas tasas de desempleo, déficit público descontrolado y una deuda pública que, por su alto nivel de crecimiento, se ha convertido en la principal amenaza para la estabilidad financiera del país. Hay algunos factores responsables de la misma que ya han sido plenamente analizados e identificados.
Uno de los principales problemas es que se ha estructurado un Estado, al amparo de la Constitución y para los intereses concretos de los dos partidos conservadores mayoritarios (PP y PSOE) y los nacionalistas, que resulta políticamente ingobernable y económicamente insostenible. Esto queda en evidencia cada vez que se plantea algún asunto que afecta a toda la nación, (p.e., plan de ajuste económico impuesto por Europa) o a una comunidad que se considera con derechos por encima de la media del resto de los otros comuneros que conformamos España, como está sucediendo con el pronunciamiento del TC sobre el nuevo Estatuto de Cataluña.
Como consecuencia directa de esta organización administrativa se genera el desequilibrio de las cuentas públicas, con el desorbitado y conocido déficit actual y que ha obligado a tomar las drásticas decisiones recientes, las cuales van a suponer que en los dos últimos trimestres volvamos a tasas de crecimiento negativas, es decir, estancamiento. Aparte de perjudicar de una manera individual a los colectivos de funcionarios públicos y jubilados, impactan de lleno en la confianza de éstos y en la general, es decir en el CONSUMO, que generará más desempleo, menos recaudación, más gasto público y amenazan con neutralizar igualmente la polémica subida del I.V.A.
Y es que para desgracia de todos, las decisiones y actuaciones del SECTOR PUBLICO y PRIVADO han evolucionado a distinto ritmo y con un desfase de un periodo próximo a los 2 años y medio en la toma de decisiones en función de los acontecimientos. Mientras las empresas y sobre todo las PYMES llevan desde principios de 2008, es decir desde antes de las elecciones, en proceso continuado de ajuste, en muchos casos con disminuciones próximos al 50% de sus gastos fijos, el conjunto general de las administraciones se mantuvo en su política de gasto expansivo con objetivos claramente electorales o, en el mejor de los casos, con inversiones de dudosa eficacia como el famoso PLAN E, con 8.000 millones.
UPyD fue el primer partido político que apuntó que la crisis en España se ve agravada por su estructuración y organización territorial: 17 mini-estados (autonomías) con competencias que alcanzan el 55% del gasto público, con 17 mini-mercados y 17 leyes de todos aquellos aspectos esenciales que deben contribuir al avance y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y que han acentuado las diferencias entre iguales, en función del territorio de su residencia. Hoy en día, este diagnóstico es asumido por distintas fuerzas políticas y por la gran mayoría de los ciudadanos.
Llegados a esta situación y ante el riesgo y la imposición para 2011 de la adopción de otras medidas más drásticas que las de mayo de 2010 debido a un recorte extra de 17.500 millones, y que constriña aún más la economía productiva y ponga en mayor riesgo nuestro Estado del Bienestar, propongo adoptar medidas contundentes y directas sobre el gasto corriente y en la generalidad de las Administraciones Públicas y entre las que a modo de ejemplo queremos dejar constancia de las siguientes y su reflejo canario:
• Eliminación de todas las empresas mercantiles, fundaciones y demás organismos públicos que ahora denominan con mucha sutileza de presupuesto estimativo, que no aporten valor añadido a la economía o presten servicios esenciales o sociales. En Canarias dichas sociedades reciben unas subvenciones por encima de los 200 millones cada año por parte del Gobierno Autónomo.-
• Aplicación de criterios de gestión eficaz y productividad en porcentajes similares a la iniciativa privada, muy por encima del 42 % actual en la Administraciones Canarias.
• Actuar sobre el absentismo laboral público situado en torno al 15% en Canarias, cuando la media nacional está en el 4%, y en Alemania el 1%. Se hace necesario introducir el concepto de RESPONSABILIDAD SOCIAL, dicho de otra manera, todos debemos contribuir aportando al conjunto de nuestra economía y sociedad en proporción a lo que ésta nos reporte independiente del ámbito, público o privado, donde nos desenvolvamos profesionalmente.
• Eliminar toda la publicidad institucional en medios de comunicación que no tengan un justificado fin informativo y social, en su mayoría tienen como objetivo la promoción del partido gobernante y predisponer a dichos medios en favor del partido que adjudica dichas gastos suntuarios y comprometer su independencia en el ejercicio de su responsabilidad informativa.
• Centralizar el control y la administración de las competencias en materia de educación, sanidad, representación exterior y seguridad en órganos supra-autonómicos. No podemos permitirnos el lujo de que por cada profesor, médico, juez, bombero, policía, etc, haya un puesto haciendo labores estrictamente administrativas. Esto lleva aparejado igualmente la equiparación de condiciones laborales para tareas similares.
• Controlar la economía sumergida que supone en torno a la cuarta parte del total, lo que evitará la competencia desleal con las actividades que funcionan legalmente y permitirán reducir la partida de SUBSIDIOS por DESEMPLEO, que muchas veces se convierte en SUBSIDIO a la economía sumergida.
• La medida anterior debe complementarse con la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, que permitiría un incremento de recaudación de unos 100 mil millones en cuatro años. Especial mención merece la deuda actual que los clubs de fútbol mantienen con la S.Social y Hacienda, cifrada en unos 5.000 millones, al mismo tiempo que cada año este deporte espectáculo genera nuevos megaricos con domicilio fiscal foráneo.
• Creación de entes supra-municipales para la prestación de los servicios competencia de los mismos y supresión de los órganos meramente políticos, alcaldes, concejales, consejos de administración, directores generales y demás cargos de confianza creados.
• Especial mención por su volumen de déficit merecen las televisiones autonómicas que, en el conjunto de España, rondan los 1.200 millones de euros. Algunas de ellas con plantillas superiores a cadenas privadas de carácter nacional. No es de extrañar que UPyD cifre el sobrecoste autonómico general muy próximo a los 26.000 millones.
• Racionalizar la partida de personal. En concreto, considerando que en España el coste laboral de la función pública supone el 12% del P.I.B, es decir, unos 120.000 millones de euros, cuando la media europea está en torno al 7,5%, la proporción es insostenible. En pocas palabras tenemos más funcionarios que trabajadores en la industria o que empresarios.
• Como criterio general se hace imprescindible que la gestión económica de todos los fondos públicos en cualquier nivel de las referidas Administraciones esté sujeta al principio de transparencia cristalina y sea de divulgación GENERAL, para que cualquier ciudadano tenga la posibilidad de conocer a que se destinan los impuestos que con tanto sacrificio y esfuerzo aporta al ERARIO PUBLICO.
La lista será un “suma y sigue” que nos permitirá reafirmarnos en que hay actuaciones de eficacia económica superior a lo realizado hasta la fecha, que eviten actuar sobre derechos adquiridos como las pensiones y salarios, con el único inconveniente que no suponen buenos réditos electorales para los responsables políticos que deben adoptarlas.
Citemos para finalizar el sorprendente recorte que el Gobierno Autónomo quiere y debe aplicar al presupuesto del año 2011 sobre el actual de 2010, ya que sobre los recortes de 110 mill.+126 mill.+50 millones ya aplicados hay que sumar otros 1.069 para 2011, lo que supone una disminución de unos 1400 millones, es decir, un 18% aproximado sobre lo presupuestado inicialmente para este año 2010. Si contamos con que los servicios públicos esenciales se mantengan aunque sea al pésimo nivel de 2010, nos permite concluir que el DESPILFARRO ha sido la norma de actuación en la gestión pública durante la época de bonanza FICTICIA, y durante los casi 3 años que llevamos de RECESIÓN.
(*) Afiliado de UPyD
Unión Progreso y Democracia en Canarias
Web: http://www.upyd.es/canarias
Facebook: “UPyD Islas Canarias”
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