A QUIEN CORRESPONDA

Telde, 19 de julio de 2010 |Opinion |Aureliano Francisco Santiago Castellano (*)

El pasado lunes, las tres principales emisoras de radio de Telde fueron intervenidas por la Guardia Civil, precintados sus aparatos de emisión, interrumpidas sus programaciones, detenidas las personas que en ese momento estaban trabajando en sus instalaciones y retenidas éstas por espacio de más de cinco horas sin comunicación con el exterior. La razón de todo ello, un mandamiento judicial dictado por la jueza titular del Juzgado Nº 6 de Telde, en base a una simple denuncia presentada ante la Guardia Civil por un particular que alegaba la comisión de un supuesto delito contra la propiedad intelectual por todas ellas.

Para los no familiarizados con estas terminologías jurídicas, decir que, para el caso que nos ocupa, al no existir evidencia, ni registro, ni investigación previa por parte de la Guardia Civil, ha valido con la intuición del denunciante de que podría estar emitiéndose música que no contara con las preceptivas autorizaciones o licencias de uso para intervenir con las consecuencias expuestas. Creo que, a estas alturas, ya coincidirán conmigo en que, de confirmarse en algún extremo el objeto de la denuncia, la desproporción a que hemos asistido en Telde conduce a otras valoraciones que han generado una generalizada sorpresa, perplejidad y repudio en la ciudadanía.

¿De qué estaríamos hablando hoy si la situación descrita se hubiera producido en los estudios de la Cadena Ser en Madrid, de la TV canaria en Tenerife, de RNE en Las Palmas de Gran Canaria?.¿No se habría creado también una alarma social tan innecesaria e inaceptable como la ocurrida en nuestra ciudad? ¿De verdad valdría la sola intuición suya o mía para detener a directores, redactores, técnicos, cerrar las emisiones de sus medios y quebrar derechos fundamentales de mayor rango con ello?.¿En qué cabeza cabe que se haya causado tanto perjuicio, tanta daño moral, tanta innecesaria parafernalia porque alguien, que encima ha sido manipulado por oscuros intereses, ha querido instrumentalizar a la administración de justicia?.¿Ha decidido alguien convertir esta ciudad en escenario de alguna vendetta?.

Lo ocurrido en Telde esta semana sí tiene precedentes, pero sólo en esta ciudad, con los mismos inductores, los mismos procedimientos, los mismos excesos, las mismas vergüenzas para un Estado de Derecho y sus instrumentos garantes. Lo ocurrido en Telde tiene nombres y apellidos que no son precisamente los de las más de 20 personas que han sufrido estos despropósitos en los últimos meses y que si nadie lo remedia podrían volver a repetirse cual esperpento vivo de épocas pasadas.

Creo firmemente en las garantías democráticas que nos ofrece el actual Estado de Derecho, como creo en la función y el buen desempeño de quienes desde la Administración de la Justicia y los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado tienen ese mandato constitucional. Les dejo las teorías conspiratorias a otros, las oscuras tramas político-policiales a otros, las argucias desestabilizadoras a quienes ni saben ni quieren valorar la democracia que hemos conseguido. Pero con esa misma firmeza creo también que se deben ofrecer mayores y mejores medios materiales y humanos a quienes detentan la responsabilidad de garantizar nuestros derechos fundamentales. Todas, absolutamente todas las personas que desde cualquier administración pública tienen perfectamente delimitadas sus funciones, tienen que se conscientes de en donde se encuentran aquellas líneas que no pueden traspasar. Y si no fuera la sola conciencia suficiente, quienes detentan la autoridad delegada y el mandamiento obligado para ello en nombre de todos los cuidadanos, así se lo deben hacer llegar.

Dejando aparte los errores que desde toda acción humana se puedan cometer; prefiriendo construir en positivo aquellas realidades en donde nos pueda quedar aún por mejorar nuestro sistema de garantías democráticas; asumiendo incluso la parte de responsabilidad proporcional que a un alcalde le pueda tocar en todo ello, no puedo aún así dejar de manifestar, que hay razones suficientes para desear que algunas conductas que se están desviando de sus atribuciones cesen, la legalidad prevalezca y los instintos más básicos se controlen. Otro escenario distinto dejaría sin amparo al inocente, sin disuasión o castigo al culpable y en conjunto sin credibilidad al marco jurídico de convivencia que nos hemos dado. Y eso, coincidiremos todos/as, nos alejaría de la lógica, de la racionalidad y nos regresaría a otra dictadura, no impuesta por las armas pero sí por la incompetencia, la intolerancia y la indecencia.

(*) Alcalde de Telde