El personal de este centro de discapacitados protesta porque no se han cubierto plazas, falta personal y los ratios para atender a los usuarios que establece el Gobierno de Canarias y los cabildos son altos.
Una treintena de trabajadores y trabajadoras del centro de discapacitados de San José de Las Longueras, en el municipio de Telde, se concentraron hoy a las puertas de su centro con el objetivo de denunciar la situaciones de irregularidad de este centro del Gobierno de Canarias, que gestiona el Cabildo de Gran Canaria a través de una empresa privada.
El secretario regional de Enseñanza Privada de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, FETE-UGT, Enrique Caraballo, destacó la alta participación del personal del centro en este acto de protesta, aprovechando su media hora de descanso y a pesar de que la dirección del centro estaba observando quien participaba en la concentración.
Enrique Caraballo enumeró las numerosas irregularidades en la gestión del centro que afectan directamente al servicio prestado a los usuarios, desde la necesidad de que se cubran las seis plazas que se contemplan los pliegos, hasta la falta de material, como guantes, pañales, material fungible y material de fisioterapia.
El representante de FETE-UGT denunció que el gimnasio del CAMP de San José de Las Longueras está cerrado desde hace 3 años porque hay filtraciones de agua y “los servicios de prevención de UGT ya han denunciado el mal estado de la bomba de gas de la cocina que tiene que abrirse con un cuchillo, lo que conlleva riesgos por escape o por su mala utilización”.
La presidenta de la Plataforma de Trabajadores de Centros de Discapacidad de Canarias, Manuela Moreno, recriminó al Gobierno de Canarias y a los Cabildos que “por la señora crisis, no se respeten los derechos de los trabajadores”. Moreno explicó que los ratios de personal no tienen en cuenta los servicios de cada centro, como “por ejemplo en este centro de Las Longueras o en San Juan de Dios, donde no sólo atendemos a usuarios con problemas motores, sino también a usuarios psiquiátricos, que precisan más vigilancia”.
“No tenemos manos para atenderlos a todos y, en algunas ocasiones corremos el riesgo de ser agredidos”, aseguró, mientras “el centro abusa de nuestra vocación de servicio y de nuestra humanidad, porque trabajamos con personas”.
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