Los detalles de un auto emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en julio pasado en el que obliga a los alcaldes a responder con su patrimonio personal el incumplimiento de una sentencia, ha puesto en vilo a muchos alcaldes que rigen con “manu militari” sus municipios.
El auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha puesto a temblar a muchos alcaldes españoles que por su temeraria gestión de los fondos públicos ya estarían hace tiempo despedidos, o incluso en la cárcel, si dirigieran una empresa privada. El clientelismo político y los caprichos irresponsables de algunos ediles tocan a su fin.
Con este miedo a la acción de la Justicia del que les hablo es con el que, recientemente, la Concejala de Régimen Interior, Josefa Milán Padrón, enviaba y firmaba un comunicado destinado a los jefes de servicios del Ayuntamiento que textualmente dice:
“Como consecuencia de lo acontecido el pasado martes, en relación al artículo de prensa publicado en los periódicos de mayor tirada de la isla, sobre la imposición de multa de 1500€ al Alcalde por no ejecutar una sentencia, se le comunica que a partir de ahora la responsabilidad sobre el cumplimiento de cualquier resolución judicial la asumirá el jefe de Servicio y el Concejal del Área que corresponda, y así deberá ser comunicado al Órgano Jurisdiccional que requiera en cualquier momento al Ayuntamiento para dar cumplimiento a lo que se ordene por esa superioridad”.
Es lamentable, y roza el ridículo, lo que viene a decir esta nota de la concejala Milán padrón, porque por muchos comunicados internos que envíe, nadie librará a Aureliano Santiago de la responsabilidad que tiene el primer mandatario municipal.
Una de las obligaciones esenciales de toda administración pública es respetar y cumplir la Ley en todas sus vertientes y variantes. Una de ellas que entendemos como de especial obligación, es ejecutar con prontitud y rigor las sentencias judiciales firmes. Solo así se funciona en un estado de derecho: Con el respeto más escrupuloso a la ley. En Telde, para vergüenza ajena de todos los ciudadanos de esta gran ciudad, ese respeto a la ley es una entelequia, ya que el actual grupo de gobierno formado por los insularistas de Nueva Canarias y los psocialistas del PSOE, hace caso omiso a los requerimientos judiciales para que cumpla las sentencias.
En el Ayuntamiento de Telde se está viviendo una situación preocupante consistente en la práctica sistemática y reiterada de ignorar las sentencias judiciales firmes; con nula voluntad por parte de la Alcaldía en arbitrar los medios tendentes a su cumplimiento. Lo que esto genera luego son gastos multimillonarios, que pagan con sus impuestos los ciudadanos de Telde, de ahí el auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que sienta jurisprudencia y que hace pagar de sus bolsillos estos desacatos a la justicia por parte de alcaldes sin escrúpulos como el de Telde. Y de ahí el tremendo nerviosismo que le ha entrado al grupo de des-gobierno de Telde. Tanto, que en un ridículo ejercicio de malabarismo abracadabrante han pretendido que sean los funcionarios municipales los que asuman las más que probables consecuencias penales de sus desacatos judiciales. Lo que les faltaba a los Jefes de Servicio de este Ayuntamiento.
Actualmente hay un buen número de sentencias judiciales firmes de diversa cuantía, que condenan al Ayuntamiento de Telde, bien a acceder a su puesto de trabajo, o bien a indemnizar con diversas cantidades a los perjudicados. Sin embargo, no se está haciendo nada para cumplir con las sentencias firmes; simplemente, esperan a que se haga cargo otra corporación de resolverlas, tal es el grado de convencimiento que tiene Aureliano y sus muchachos de que no van a repetir al frente del Ayuntamiento. Están dejando “el muerto” para el que venga atrás, practicando ya la política de tierra quemada.
Esta forma de actuar no es democrática, ni mucho menos seria, porque si están lesionando derechos de terceros (trabajadores, vecinos, etc) a quienes después de un juicio, se les ha dado la razón, derechos que deben respetar, especialmente una administración pública.
El Alcalde haría bien, siquiera en el ya más que palpable ocaso de su azarosa carrera política, en dejar de escurrir el bulto y echar balones fuera tratando de asustar a los funcionarios. Bien podría Aureliano Santiago sorprender a propios y extraños y, por una vez, asumir con respeto las decisiones judiciales y el subsiguiente cumplimiento de las sentencias dictadas. Lo demás son ganas de enredar, tan propias y habituales en este político de tercera que a nadie puede ya sorprender.
(*) Secretaria de Comunicación del PP de Telde
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