• El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, firman un convenio de colaboración.
• A este sistema están conectados, entre otros, los cuerpos policiales nacionales, autonómicos y locales, Instituciones Penitenciarias y la Fiscalía.
• Más de 30.000 profesionales tienen acceso al sistema, que ha gestionado información sobre 188.000 mujeres desde 2007
Madrid, 15 de febrero de 2011 |Justicia | Gabinete de Prensa.
El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, han firmado este martes un convenio de colaboración para la incorporación de los órganos judiciales que actúan en materia de violencia de género al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género, la aplicación informática desarrollada por el Ministerio del Interior que integra y coordina todos los recursos operativos para proteger y asistir a las víctimas.
Desde que comenzó a funcionar en agosto de 2007, el sistema ha gestionado información sobre 188.000 mujeres, de las que 96.657 son casos activos. Desde entonces, el Ministerio ha suscrito diversos convenios para la incorporación al sistema del Ministerio Fiscal, los Mossos d´Esquadra, la Policía Foral de Navarra y la Administración Penitenciaria de Cataluña. Asimismo, se han incorporado al sistema un total de 35 policías locales de diversos municipios de Cantabria, Asturias, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Andalucía, Córdoba y Madrid.
Tras la firma del acuerdo, el Ministerio del Interior y el CGPJ adecuarán sus sistemas informáticos para permitir la conexión efectiva y la Secretaría de Estado de Seguridad formará a los nuevos usuarios del sistema para que conozcan su contenido y funcionamiento. Además, se creará una Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento para coordinar las actividades necesarias para el desarrollo del Convenio.
La víctima, en el centro del sistema
Esta aplicación sitúa a la víctima de violencia de género en el centro de un sistema, que tiene por objetivos: aglutinar a las instituciones que intervienen en la protección y seguridad de las víctimas de violencia de género; integrar en una sola base de datos toda la información sobre las circunstancias que rodean a las víctimas de violencia de género; realizar “valoraciones del riesgo” de la víctima de sufrir una agresión y adoptar las medidas de protección necesarias; e implantar un sistema de avisos, alertas y alarmas que permita, según los protocolos establecidos, reaccionar de forma rápida y eficaz.
En el sistema interactúan 30.408 usuarios con formación y habilitación específicas, de los cuales 26.196 son agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, 1.215 de Instituciones Penitenciarias, 100 de las Unidades de Coordinación y de Violencia sobre la Mujer de las diferentes Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, 2.172 del Ministerio Fiscal, y 725 de las policías locales y autonómicas.
La valoración del riesgo
La valoración del riesgo de la víctima de violencia de género se realiza a través de una herramienta construida a partir de 40.000 casos reales y validada por un equipo de catedráticos universitarios y especialistas de la Policía Nacional, la Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias.
Con ella, los especialistas policiales determinan el riesgo de la víctima de sufrir una agresión, diferenciado en cuatro niveles: extremo, alto medio y bajo. Estos niveles se revisan de forma periódica, a las 72 horas (en el caso del extremo), 7 días (alto), 30 días (medio) y 60 días (bajo), y también cuando lo disponga la autoridad judicial o el fiscal, o existan nuevas circunstancias que afecten a la víctima o al agresor.
Con esta herramienta se han realizado 651.300 valoraciones de riesgo, incluidas en esta cifra las revisiones que se efectúan de forma periódica. Estas valoraciones se incorporan al atestado policial y se comunican a la autoridad judicial y al fiscal, y generan una serie de avisos (sobre cualquier circunstancia relacionada con la tramitación de cada caso), alertas (sobre una nueva situación que pueda elevar el nivel de riesgo de la víctima), y alarmas (sobre la inminencia de una situación grave para la seguridad de la víctima).
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