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viernes, 29 de mayo de 2015

Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº 2 de Las Palmas de G.C.



Las Palmas de Gran Canaria (Canarias), 29 de mayo de 2015 / Justicia / Gabinete de Prensa.

La magistrada-juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha vuelto a elevar al Tribunal Supremo una Exposición Razonada sobre un posible caso del maltrato sobre la mujer, en la persona de Juan Fernando López Aguilar. La Fiscalía pedía el sobreseimiento provisional; y la defensa, el sobreseimiento libre.

jueves, 21 de mayo de 2015

El Tribunal Togado de Tenerife propone la aplicación del Código Penal Militar contra un ciudadano civil


Esta persona actuó como testigo en el juicio militar contra un guardia civil, que ha sido absuelto de una pena de cárcel de cinco meses

Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 21 de mayo de 2015 / Sindical - Justicia / Gabinete de Prensa

El Tribunal Togado Militar de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto al guardia civil destinado en el municipio tinerfeño de Arona de una pena de cárcel militar de cinco meses por desavenencias con un superior. La sentencia dictada por el Tribunal militar evoca a épocas pasadas donde la esfera castrense abarcaba a toda la sociedad española. En la misma, se propone la aplicación del Código Penal Militar a un ciudadano civil, un taxista, que actuó como testigo durante la vista oral celebrada el pasado mes  en la que el guardia civil Jesús se tuvo que sentar en el banquillo de los acusados por una mera falta administrativa, un presunto empujón a un superior.

Del contenido de este dictamen judicial no solo se trasluce la acuciante injerencia del crédito militar en el  trabajo policial de los guardias civiles, sino que va más allá al querer abarcar el ámbito civil. Uno de los miembros del Tribunal Togado Militar, teniente coronel Auditor, ponente de la sentencia, deja constancia en el fallo judicial la existencia de “indicios delictivos” por parte del testigo civil por “falso testimonio” durante la celebración del juicio, consideración que también extrapola al superior de Jesús cuando ocurrieron los hechos. En la sentencia se recoge su propuesta de la apertura de una investigación judicial, siendo rechazada por el resto de la Sala.

El teniente coronel auditor del Tribunal Togado Militar emitió un voto particular, recogido en la sentencia, en el que le tira de las orejas a la Fiscalía Jurídico Militar por haber dado valía a las declaraciones del taxista y del mando durante la vista oral para cambiar su acusación contra Jesús por la petición de libre absolución en sus conclusiones definitivas, circunstancia determinante que ha impedido que este guardia civil haya tenido que cumplir una condena militar de cinco meses.

Tacha de “conductas mendaces” las que tuvieron los dos testigos durante el juicio, hecho que “provocó que la Fiscalía Jurídico Militar, que venía acusando al guardia civil Jesús por un delito de insulto de obra a un superior, modificara dicha posición procesal, instando su absolución, frente a la que la Sala –constreñida por el principio acusatorio- se ha visto obligada a emitir el fallo absolutorio en la sentencia”.               

Para este teniente coronel el hecho de que, tanto el testigo de cargo como el de referencia cambiaran durante el juicio las declaraciones inculpatorias recogidas en la fase sumarial, representa un falso testimonio, quedando definido, como así lo hace saber en la sentencia, en los artículos 183, 458 y 460 del Código Penal Militar. También hace referencia a dos sentencias del Tribunal Supremo para sostener su disconformidad. “Existe la posibilidad de que un testimonio falso, si induce o pretende inducir a error al juez o tribunal ante el que se presta y es valorado como verdadero, provoque una resolución injusta”, resalta en el escrito de su voto particular emitido de manera irregular, al ser su emisor uno de los votantes a favor del fallo de la sentencia .

Plantea que se “proceda criminalmente” contra el mando de la Guardia Civil por la rectificación en el acto judicial de lo que había manifestado en la fase sumarial: que el empujón brusco que dijo haber recibido por Jesús fue fortuito. Pero va más allá al pretender que también el taxista, un ciudadano civil, sea sometido a un procedimiento penal  de acuerdo a los dictámenes del Código Penal Militar.

Cita en la sentencia los artículos de esta norma castrense en los que sostiene su argumentación para que un Juzgado Togado Militar averiguase si estas dos personas hubieran podido incurrir en delitos de falso testimonio. E, incluso, el mando de la Guardia Civil en un delito de simulación delictiva o denuncia falsa de los recogidos en el Código Penal Militar. Finalmente, la Sala desestimó la solicitud de una investigación al respecto. Olvida este teniente coronel que cuando se realiza la declaración en sede judicial, el referido mando lo hace en calidad de imputado, por lo que la verdadera declaración como testigo se realiza el día de la vista, lo que hace imposible que haya falso testimonio o denuncia falsa.


En este enlace se puede obtener más información sobre el caso:

viernes, 15 de mayo de 2015

Declaración en el Juzgado de Instrucción Nº8 de Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria (Canarias), 15 de mayo de 2015 / Juzgados - Justicia / Gabinete de Prensa.

Hoy ha prestado declaración en el Juzgado de Instrucción Nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria Francisco Javier Manzano Álvarez, la persona detenida el miércoles por su posible relación con la muerte de dos personas. Tras la declaración, la jueza le ha imputado dos delitos de asesinato y ha decretado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Además, ha ordenado la valoración de su salud mental por el forense por si hubiera riesgo de suicidio.

miércoles, 18 de marzo de 2015

La tasa de litigiosidad aumentó en 2014, tras cuatro años a la baja

El CGPJ informa

  • Ingresaron en los órganos judiciales 8.653.160 asuntos y se resolvieron 8.786.802
  • Descendió en un 4,5 % el número de asuntos que quedaron en trámite a final de año
  • La jurisdicción civil experimentó la mayor subida en el número de asuntos ingresados, el 10,5 %
  • También aumentó el número de asuntos en la jurisdicción contenciosa con una subida del 8,2 %
  • Hubo un 8,8 % menos de asuntos en la jurisdicción social y un 2,1 % menos en la jurisdicción penal
  • Andalucía, Madrid y Baleares fueron las comunidades con mayor tasa de litigiosidad
  • Mejora el tiempo de respuesta judicial tanto en la primera como en la segunda instancia
Madrid (España), 18 de marzo de 2015 / Justicia / Gabinete de Prensa. 

El número de asuntos ingresados en el año 2014 en los órganos judiciales españoles alcanzó un total de 8.653.160 asuntos, un 0,2 por ciento más que en 2013, rompiendo así una tendencia de disminución en la entrada de asuntos que venía produciéndose en los últimos cuatro años.

En el mismo periodo, los tribunales españoles resolvieron 8.786.802 asuntos y quedaron en trámite al final del año un total de 2.562.153 asuntos, lo que significa una reducción del 4,5% respecto a los que quedaron en trámite al final de 2013.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha difundido hoy su informe estadístico sobre laSituación de los órganos judiciales en el año 2014.


Incrementos en civil y contencioso, disminuciones en social y penal

Se han observado incrementos del 10,5 por ciento en el número de ingresos en la jurisdicción civil y un 8,2 en la contenciosa, mientras que la penal ha presentado una disminución del 2,1 por ciento y la social, del 8,8 por ciento.

La jurisdicción Civil ha presentado el mayor incremento en el número de asuntos ingresados respecto a 2013.  Los 1.845.173 asuntos ingresados representan un 10,5% de incremento interanual.  Se han resuelto 1.858.581, quedando en trámite 1.009.392.

En la jurisdicción Penal han entrado 6.173.019  asuntos, con una disminución del 2,1 por ciento, habiéndose resuelto 6.281.891 asuntos y quedando en trámite 974.878 asuntos.

En la jurisdicción Contencioso-Administrativa se han registrado 206.700
nuevos asuntos, con un incremento del 8,2 por ciento. Se resolvieron 234.218 asuntos y están en trámite 231.672 asuntos.

La jurisdicción Social ha tenido una disminución del 8,8% por ciento en los asuntos ingresados con 427.966 nuevos asuntos. Se han resuelto 411.818 asuntos y han quedado tramitándose 346.105 asuntos.

Andalucía, Madrid, y Baleares a la cabeza en litigiosidad

La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado ha sido de 185 asuntos por cada 1.000 habitantes.

Las comunidades que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Andalucía (218,2), Madrid (203,8), Illes Balears (198,5), Canarias (195,9,), Cantabria (193,3), Murcia (192,1) y  C. Valenciana (190,2).  Las comunidades con tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (117,4), País Vasco (127,0) y Extremadura (143,2).




  Cálculos realizados sobre las cifras de población del INE, a 1 de enero de 2014.

Mejora en el tiempo de respuesta judicial

El Consejo General del Poder Judicial también ha hecho público su Informe sobre los indicadores clave de la Justicia en 2014, en los que destaca la reducción en el tiempo de respuesta judicial, ya que la duración media estimada de un proceso en primera instancia ha descendido de 3,9 a 3,7 meses, mientras que en la segunda instancia el descenso ha sido más acusado, pasando de los 5,2 meses de media estimada en 2013 a los 4,6 del pasado año.

En el Tribunal Supremo, la duración media estimada de un proceso judicial es de 11,1 meses, reduciéndose en 0,2 puntos respecto al año 2013.


Se adjuntan los datos estadísticos, a los que también se puede acceder desde la página web http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica_Judicial


Se puede acceder desde la misma página web a los datos por Tribunales Superiores de Justicia y por provincias así como a los indicadores clave de la Justicia en 2014.

lunes, 28 de julio de 2014

PETICION DE AYUDA PRENSA, TV..

Bilbao (País Vasco), 28 de julio de 2014 / Solidaridad - Justicia / Gabinete de Prensa.

Me llamo Arantxa Burzaco, soy de Bilbao, tengo 42 años y soy una madre a las que tanto Juzgados, jueces, Fiscales, Abogados, Servicios Sociales,etc me llevan mas de once años maltratando y violando mis derechos, y los de mi hija de 14 la cual me arrancaron de forma ilegal y con mentiras para dársela a mi ex-marido y presunto abusador y maltratador de mi hija.

Que he puesto una denuncia ante el pleno del Consejo del Poder Judicial para pedir su amparo, al ser el estamento mas alto y que regula el funcionamiento de Jueces y Juzgados. 

Que si el CGPJ no atiende mi suplica llegaré hasta Estrasburgo.

Que deseo hacer publica mi denuncia ante los medios de comunicación, y deseo ademas poder pedir en estos medios, sobre todo en tv y radio   un bufete de abogados altruista que pueda ponerse de acusación particular y pedir la revisión de todo mi caso y una gran indemnización por mas de 11 años de maltrato continuo.

Que pido que vayan a m blog donde está expuesta integra la denuncia ante el CGPJ:


jueves, 27 de marzo de 2014

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, nombrado Presidente de la Audiencia Nacional


•             Eduardo Menéndez Rexach presidirá la Sala de lo Contencioso Administrativo de la misma Audiencia

•             Ricardo Bodas Martín, reelegido al frente de la Sala de lo Social

Madrid (España), 27 de marzo de 2014 / Nombramientos - Justicia / José Antonio Cabrera - ASSOPRESS

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, compuesto hoy por 19 miembros por las ausencias justificadas de las vocales Roser Bach y Victoria Cinto, ha nombrado a José Ramón Navarro Miranda presidente de la Audiencia Nacional, al obtener 15 votos frente a cuatro votos obtenidos por Ignacio Espinosa Casares.

José Ramón Navarro Miranda, actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sustituye  en la presidencia de la Audiencia Nacional al recién nombrado vicepresidente del Tribunal Supremo, Ángel Juanes Peces.

Nacido en 1959, el nuevo presidente de la Audiencia Nacional ingresó en la carrera judicial en noviembre de 1991, procedente del turno de juristas de reconocida competencia, tras el ejercicio profesional de la abogacía durante más de seis años.

Sus primeros destinos judiciales fueron juzgados de primera instancia e instrucción de Jijona (Alicante), Icod de los Vinos y La Orotava (ambos en la isla de Tenerife) y Manresa, en la provincia de Barcelona.

De 1999 a 2004 fue titular del juzgado de instrucción nº 1 de Santa Cruz de Tenerife.

Desde diciembre de 2004 hasta mayo de 2013 presidió la Audiencia Provincial de Tenerife. En junio de 2013 fue nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cargo que ocupa en la actualidad.

Pertenece a la asociación judicial “Francisco de Vitoria”.

En materia docente, es codirector de la Cátedra “Francisco Tomás y Valiente” de la Universidad de La Laguna, es profesor tutor en la UNED en Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho y profesor de Administración y Legislación Ambiental en la Facultad de Ciencias Medioambientales.

Asimismo es profesor de Derecho Civil en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de La Laguna.

Durante su comparecencia ante la Comisión Permanente del CGPJ, el pasado día 20 de marzo, para exponer su programa de actuación al frente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro defendió la creación de una Sala de lo Civil al objeto de evitar disparidad de criterios en los diferentes territorios en asuntos relativos a demandas de consumidores y al mundo empresarial (cierres patronales o concursos de acreedores de grandes centros de trabajo).

Asimismo señaló la necesidad de incluir en el catálogo de delitos que actualmente enjuicia la Audiencia Nacional, los delitos relacionados con la trata de seres humanos o los casos de corrupción que produzcan graves daños a la Hacienda Pública, independientemente de su lugar de comisión.

Por otra parte, el pleno del CGPJ ha nombrado al magistrado Eduardo Menéndez Rexach como presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.

Menéndez Rexach, actual magistrado de la misma Sala, ha obtenido 14 votos de los 19 integrantes del pleno de hoy, mientras que el magistrado José Luis Gil Ibáñez ha obtenido 4 votos y el magistrado Fernando Ruiz Piñero, un voto.

Nacido en 1953, Eduardo Menéndez ingresó en la carrera judicial en diciembre de 1979, habiendo ejercido como juez en el juzgado de primera instancia e instrucción de Sigüenza (Guadalajara).

En enero de 1983 ascendió a magistrado, desempeñando sus funciones en el juzgado de primera instancia nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria y en el juzgado de instrucción nº 13 de Madrid, hasta abril de 1987 en que pasó a formar parte como letrado del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial.

Cesó en dicho puesto en junio de 1992 al ser nombrado vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia. En 1996 se reincorpora a su actual destino en la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.

Entre 2008 y 2012 pasó a la situación de servicios especiales, tras su nombramiento como jefe del Gabinete de la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial.

Ha participado en numerosas actividades como profesor, ponente o conferenciante, en especial en materias relacionadas con el Derecho comunitario europeo.

Asimismo el Pleno del CGPJ ha reelegido al magistrado Ricardo Bodas Martín para el cargo de presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, al haber obtenido la unanimidad de los 19 integrantes del pleno de hoy.

Ricardo Bodas Martín nació en 1950 e ingresó en la carrera judicial en junio de 1990, por el turno de juristas de reconocida competencia, tras un período de más de quince años dedicado al ejercicio profesional de la abogacía, siempre en el ámbito del Derecho Laboral.

Ha sido magistrado titular del juzgado de lo social nº 28 de Barcelona (de 1990 a 1992) y del juzgado de lo social nº 31 de Madrid (1992-2009).

En abril de 2009 fue nombrado presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

Fue Director General de Relaciones con la Administración de Justicia desde abril de 2004 a marzo de 2007.

Es miembro de la Asociación Jueces para la Democracia, de la que fue su portavoz adjunto entre 1998 y 2002.

sábado, 25 de enero de 2014

La mediación, positiva para la resolución de conflictos

Las Palmas de Gran Canaria (Canarias), 25 de enero de 2014 / Justicia - Mediación / Gabinete de Prensa.

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, José Ramón Navarro Miranda, ha declaró ayer viernes, en el marco de la reunión constitutiva para la creación del Punto Neutro para la Promoción de la Mediación, que esta alternativa a la judicialización de los conflictos entre los ciudadanos es tremendamente positiva porque favorece el acercamiento de las posiciones en conflicto y, por tanto, su solución, al eliminarse el elemento de tensión inherente a los procedimientos judiciales.

La reunión, celebrada en el Salón de Actos del Edificio de Usos Múltiples II, (C/ Profesor Agustín Millares Carló, nº 18, Planta Baja), fue abierta por el Presidente del TSJC, la Presidenta de GEMME España, María Lourdes Arastey Sahún, y el Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola. Expusieron la experiencia de mediación en Canarias y en Murcia el Viceconsejero de Justicia de Canarias y el Juez Decano de Murcia, respectivamente.

Nace en Canarias el Punto Neutro para la Promoción de la Mediación

El Gobierno de Canarias, a través del Espacio Cómun de Mediación, el TSJC y GEMME se comprometen, con este encuentro de profesionales, a constituir grupos de trabajo para el desarrollo de esta metodología de solución de conflictos
Las Palmas de GC (Canarias), 25 de enero de 2014 / Justicia / Gabinete de Prensa.


La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Ejecutivo regional, a través del Espacio Común de Medicación Canario, y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se adhieren a la iniciativa del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME) para promover la creación de grupos de trabajo que fomenten este sistema de resolución de conflictos en el ámbito intrajudicial, asumiendo hoy el compromiso de constituir el Punto Neutro para la Promoción de la Mediación en Canarias (sección provincia de Las Palmas).
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, explicó que GEMME es una asociación europea y europeísta que se creó en Francia en 2004 y tiene por finalidad la de promover, desde el ámbito de los Tribunales de Justicia, los sistemas alternativos de resolución de conflictos, especialmente la mediación. Hoy en día existen delegaciones en muchos países europeos, entre ellos España con su sección constituida en el año 2007.
La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, continuó Hernández Spínola, viene desarrollando una labor de impulso y difusión de la mediación que derivó en julio de  2012 en la creación del Espacio Común de Mediación Canario, constituyéndose como un foro abierto de diálogo y reflexión en el que tienen cabida todas las instituciones, universidades, colegios profesionales, colectivos y demás interesados en la mediación. Su fin principal, indicó, es la de aunar esfuerzos para dar a conocer esta metodología de solución de conflictos, estudiar los aspectos de la formación específica y continua necesarios para ejercer profesionalmente la mediación y contribuir a la mejora de la convivencia social a través de la desjudicialización del conflicto.
“Profesionales de diferentes sectores, que conforman las distintas perspectivas de lo que representa la mediación en España, comparten unas mismas inquietudes y son conscientes de la responsabilidad que pesa sobre ellos en el correcto funcionamiento de esta metodología para la ciudadanía”, señaló el viceconsejero. Sobre tal base, añadió, “coinciden en la necesidad de establecer un ámbito común de actuación sobre la interacción de los diferentes actores y las aportaciones que cada uno de ellos pueden realizar”.
Este es el propósito con el que nace la iniciativa del Punto Neutro para la Promoción de la Mediación, que hoy se ha vinculado con el Espacio Común de Mediación Canario, y que se traducirá en la creación de un grupo de trabajo de personas procedentes de distintos y diversos colectivos con el objetivo de compartir experiencias, compaginar proyectos y establecer estrategias comunes para que la inserción de la metodología de la mediación en el sistema de justicia se realice en las mejores condiciones de calidad y eficacia.
Hernández Spínola señaló que la creación del Punto Neutro para la Promoción de la Mediación “refleja el compromiso del Gobierno de Canarias de impulsar y difundir en nuestro territorio la práctica de la mediación como mecanismo alternativo al sistema judicial para la resolución de conflictos, así como la cooperación con los órganos jurisdiccionales canarios a quienes estos instrumentos pueden significarle una disminución en su carga de trabajo”.
“La vía judicial no es el único camino para la resolución de conflictos”, matizó el consejero, que aseguró que “la utilización de esta vía paralela a la judicial contribuirá a la mejora de la convivencia social y a un mejor funcionamiento del sistema de la Justicia”.
Al acto de constitución del Punto Neutro para la Promoción de la Mediación en la provincia de Las Palmas asistieron, además del consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, el viceconsejero de Justicia, Pedro Herrera Puentes, el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Alejandro Parres García, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, José Ramón Navarro Miranda, y la presidenta de GEMME España y magistrada del Tribunal Supremo, Lourdes Arastey Sahún.


PROYECTO DE MEDIACIÓN FAMILIAR INTRAJUDICIAL
Hernández Spínola informó que desde que el Gobierno de Canarias puso en marcha el Proyecto de Mediación Familiar Intrajudicial en octubre de 2009, un total de 565 parejas fueron derivadas desde los juzgados a sesiones informativas, de las cuales 300 iniciaron la Mediación Familiar como vía para la resolución pacífica de sus conflictos. Del total de casos, el 39,3 % alcanzó acuerdos totales o parciales, el 43,6 % no alcanzó acuerdos y el 11 % de los casos continúan abiertos (la mediación está en trámite).
Aproximadamente en un 85 % de las mediaciones los temas de conflictos son relativos a los hijos, versando mayoritariamente sobre: ejercicio de la responsabilidad parental y custodia, distribución del tiempo de cada progenitor con los menores, asuntos económicos y criterios educativos.

domingo, 19 de enero de 2014

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO INAUGURA LA CIUDAD DE LA JUSTICIA

El presidente del CGPJ se compromete a mejorar la eficiencia y eficacia de la Justicia en su primera visita a Canarias

Lesmes se reúne con la Sala de Gobierno del TSJ de Canarias y participa en la inauguración de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas

Las Palmas de Gran Canaria (Canarias), 19 de enero de 2014 / Justicia / José Antonio Cabrera. ASSOPRESS

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha asumido hoy el compromiso de colaborar activamente en el empeño de modernizar la Justicia, mejorar su eficiencia y eficacia y hacerla más accesible para los ciudadanos durante su primera visita institucional a una Comunidad Autónoma.

Lesmes ha pronunciado estas palabras durante el acto de inauguración de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, ciudad en la que ha mantenido una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad Autónoma, José Ramón Navarro, y con los integrantes de la Sala de Gobierno de dicho órgano.

El presidente del CGPJ ha inaugurado las instalaciones junto al presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, en un acto en el que también han participado el presidente del TSJ canario y el alcalde de Las Palmas, Juan José Cardona.

Tras mostrar su satisfacción por el esfuerzo institucional y colegiado que ha posibilitado la construcción de la Ciudad de la Justicia, Lesmes ha destacado que la sociedad española necesita y demanda una Justicia más ágil, más accesible y adaptada a los nuevos medios y a las nuevas necesidades.

Con la entrada en funcionamiento de los nuevos edificios judiciales, ha añadido, que se concreta y toma cuerpo físico la idea de mejora del servicio público a los ciudadanos.

Durante su visita a Canarias, el presidente del CGPJ ha mantenido asimismo un encuentro con el Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Ejecutivo autonómico, Francisco Hernández Spínola.

jueves, 9 de enero de 2014

EL TSJC CONFIRMA LA LEGALIDAD ABSOLUTA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALSEQUILLO


El TSJC  ha desestimado los recursos interpuestos por Asamblea Valsequillera, por el ex-alcalde Pipo López y la ex-concejala Constanza Martín

Valsequillo (Gran Canaria), 09 de enero de 2014 / Justicia - Plan General Urbano / Gabinete de Prensa.
 
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias acaba de declarar el Plan General de Ordenación Urbana de Valsequillo totalmente ajustado a derecho y su total vigencia.

Finaliza así el periplo judicial que iniciaron por dos vías, mediante sendas denuncias, desde el partido político Asamblea Valsequillera, una, presentada como partido político y otra, presentada por los exgobernantes citados, puesto que consideraban ilegal la aprobación del documento urbanístico del municipio.

El Tribunal Supremo ya había estimado en su momento los recursos de casación presentados por la Comunidad Autónoma y por el Cabildo de Gran Canaria en contra de la anulación del PGOU de Valsequillo por parte del TSJC en primera instancia puesto que consideraba innecesario someter el Plan General a estudios de impacto ambiental y devolvía el trámite nuevamente al TSJC, que no podía declarar nuevamente la nulidad por la falta de dicho trámite, y que ahora se pronuncia nuevamente.

Dice ahora el TSJC que la demanda interpuesta por Asamblea Valsequillera como partido político adolece de numerosas carencias y desestimada la misma por falta de un acuerdo del órgano correspondiente del partido que avalara tal denuncia.

Por su parte, en el caso de la denuncia presentada por el ex -alcalde Pipo López y su compañera de partido fue también desestimado, en este caso, por falta de argumentos y su total incoherencia.

Destacar, que ambos recursos eran idénticos en su contenido y que a pesar de que el primero de ellos fue rechazado por adolecer de defectos subsanables y que no fueron corregidos. En el caso de la demanda de los ex regidores si se entró en el fondo de la cuestión por parte del TSJC y fue igualmente rechazado.

 “Este es el enésimo varapalo judicial que recibe el partido político Asamblea Valsequillera , y demuestra que lo que siempre han pretendido es emponzoñar la vida política y social del municipio con mentiras y un sin fin de denuncias falsas y sin fundamento”, expresó el concejal de urbanismo, Gregorio Peñate.

 Estas sentencias dan un espaldarazo a la gestión urbanística del municipio, consolidan un documento vital para Valsequillo , y dotan al Ayuntamiento de una seguridad jurídica que tienen muy pocos municipios de Canarias, concluyó.

viernes, 12 de octubre de 2012

Los últimos 15 días de octubre estará expuesta en el Ayuntamiento de Ingenio la lista provisional de candidatos a Jurado


Ingenio (Gran Canaria), 12 de octubre de 2012 / Candidatos a Jurado / Gabinete de Prensa.

El Ayuntamiento de Ingenio desea comunicar a todos los vecinos y vecinas que durante los últimos 15 días de octubre permanecerá expuesta al público, en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, la lista provisional de candidatos a Jurado para los juicios con jurado popular que se celebren durante los años 2013-2014.

Este listado ha sido elaborado conforme al sorteo celebrado en sesión pública el pasado 21 de septiembre. Los vecinos podrán comprobar su inclusión en el mismo y, si es el caso, presentar alegaciones ya que, pasado el periodo de exposición, los secretarios de los Ayuntamientos deberán remitir al Juez Decano del Partido Judicial la relación de personas incluidas que pueden estar incursas en la falta de requisitos o por causas de incompatibilidad referidas en los artículos 8, 9 y 10 de la Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado.

miércoles, 7 de marzo de 2012

Como una línea telefónica

Madrid, 07 de marzo de 2012 / Divorcio - Justicia / Ángel Satué, Juan Carlos Hernández y Francisco Medina - www.páginasdigital.es

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció que el Gobierno tiene previsto desarrollar una ley de mediación y de jurisdicción voluntaria que permita que los matrimonios civiles o los divorcios de mutuo acuerdo puedan ser tramitados ante notario. Jurídicamente, el notario, como fedatario público, precisamente da fe pública de un hecho jurídico que está previamente constituido y que ha originado determinados derechos. El juez, en cambio, siempre ha sido una figura "constituidor" de diferentes situaciones jurídicas, tales como la adopción, el matrimonio, la separación, el divorcio, etc. Ahora, con la medida propuesta, se plantea el problema de dar a los notarios un poder cuasi-constitutivo, en tanto que declarativo de situaciones jurídicas muy relevantes como el matrimonio o el divorcio.

Por lo tanto, junto con la deformación de la figura del notario el Derecho se ve despojado de su condición de ciencia o "arte de lo bueno y de lo justo", en tanto que las funciones monopolísticas del juez que interpreta a la luz de los Principios Generales del Derecho, ya no lo serán tanto, ergo también esta figura clave de todo Estado de derecho pasará a quedar desdibujada. En suma, asistimos a una concepción de lo jurídico fuertemente ideologizada, en la que los aplicadores del Derecho, por una parte, pasan a ser más, y por otra parte, se han de limitar a reconocer la nueva extensión de derechos, por ejemplo, sin poder en un caso de divorcio, proceder a realizar una interpretación crítica de los hechos a la luz de las fuentes y de la norma, y por tanto, despojados del tamiz humano sin el cuál todo ordenamiento se erige en una máquina implacable alejada de toda Verdad y Justicia.

En todo esto, preocupa y mucho que los notarios se hayan prestado a realizar esta labor, a cambio de unos aranceles, por cierto, bajos. No obstante, puede ser que desde un punto de vista económico, esta medida suponga un aumento de los ingresos para los notarios o incluso una reducción de la carga de trabajo para los Ayuntamientos, las sedes de los distritos municipales o el Registro Civil, que pueden llegar hasta a competir por la ceremonias más barrocas y entrañables.

Sin embargo, teniendo en cuenta todo lo anterior, conviene ir al fondo del asunto, que es donde encontramos una mentalidad dominante en la que el valor del matrimonio queda reducido a mucho menos que un mero contrato, pues con la nueva propuesta la Institución matrimonial, ya desdibujada en sus formas tradicionales por las uniones de personas de igual sexo, adopta la forma de una simple declaración ante un fedatario público de que existe una "especie de afectio maritalis". Este "afectio" era el elemento fundamental en el derecho romano para hablar de matrimonio. Es decir, a diferencia de nuestro concepto histórico, antropológico y axiológico de matrimonio, fundado en la existencia de un consentimiento reciproco de los contrayentes, en Roma debía darse de manera continuada ese "afectio maritalis". Acabado el mismo, acabado el matrimonio (entre un hombre y una mujer).

Chesterton nos legó un pensamiento genial en su obra "La Superstición del Divorcio", que dice así: "La consecuencia obvia del divorcio frívolo será el matrimonio frívolo. Las gentes ven que pueden separarse sin motivo ni razón -aun con graves consecuencias-; poco tardarán en pensar que no precisan razón ni motivo para contraer otro enlace". Es un hecho que el número de matrimonios religiosos en España se ha reducido drásticamente desde que se dio la opción de los matrimonios "civiles". Es más, la opción del divorcio cuando se contrae matrimonio está más presente que nunca desde la aprobación de la Ley del divorcio por la UCD en 1981, dado que su número ha crecido enormemente en los últimos tiempos.

Siendo estos datos, que constan en el INE, un drama humano de graves consecuencias para el individuo y la sociedad, y basta con mirar a la gente que tenemos a nuestro alrededor para darse cuenta de esto, ponen sobre la mesa un hecho aún más socialmente. La incapacidad de los españoles, y en general de Occidente, de pronunciar un voto solemne y permanente. Es decir, la incapacidad para el compromiso, y los perniciosos efectos sobre el resto de asuntos que exigen de él (pago de impuestos, hijos, defensa del territorio, ayuda a necesitados, etc).

Hoy observamos en las muchas personas a nuestro alrededor una falta de energía para construir algo, una empresa, un matrimonio, etc,. Este hecho debería dar que pensar. ¿Qué es lo que hace posible a un hombre lanzarse a la aventura de crear una familia, de ser emprendedor, o de abrir una empresa? En estas cosas se juega nuestra felicidad, personal y social, pero lo que nos permite embarcarnos en una aventura así es una amistad que nos sostenga, que nos ponga delante la positividad de la realidad, dentro de una comunidad abierta al compromiso. Esta falta de energía pudiera ser expresión de la soledad en la que vive el hombre moderno, en el sentido existencial de la palabra.

En la ley propuesta por el ministro de Justicia da un paso más en esta posición del hombre moderno que se encuentra solo frente a su destino. Antes a uno lo casaban (el sacerdote, el alcalde,...), por lo que hay alguien fuera de uno que celebra el acto del matrimonio. Es una concepción en la que no somos autosuficientes, sino dependientes. En este nuevo paso hacia banalizar el vínculo del matrimonio, sea civil, sea religioso, el matrimonio es concebido como algo dentro del ámbito personal del individuo, sin impacto social.

Sin embargo, el hombre que mira con sinceridad el deseo de su corazón sabe que el deseo de construir una vida juntos, de tener hijos, de que el amor perdure para siempre aun estando lleno de límites no le basta que quede reducido a un contrato o una mera declaración que mañana puede no ser como quien se da de baja de una línea telefónica... si es que esto es posible.

miércoles, 29 de febrero de 2012

El Ayuntamiento devuelve el Centro de Atención a las Víctimas del Delito

A la Viceconsejería de Justicia


El alcalde Marco Aurelio Pérez invita a los ayuntamientos de Mogán y Santa Lucía de Tirajana a mantener este servicio

San Bartolomé de Tirajana, 29 de febrero de 2012 / Justicia - Atención a las Victimas / Gabinete de Prensa.

El alcalde Marco Aurelio Pérez ha comunicado a la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias la decisión del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana de renunciar a la prestación del servicio del Centro de Atención a las Víctimas del Delito a partir del próximo 25 de marzo, fecha en la que expira el convenio de colaboración entablado con el Gobierno de Canarias para su puesta en funcionamiento.

Marco Aurelio Pérez comunicó al consejero Francisco Hernández Espínola que la necesaria reorganización de la administración municipal emprendida por el grupo de gobierno para llevar a cabo una reducción de gastos en recursos materiales y personales conlleva también una renuncia a la prestación de servicios “impropios, que son competencia exclusiva de otras administraciones”.

La misma decisión le fue comunicada con anterioridad por parte de la Alcaldía de San Bartolomé de Tirajana al viceconsejero de Justicia, Pedro Joaquín Herrera Puentes, y a los alcaldes de Mogán y Santa Lucía de Tirajana, como municipios que también disfrutan de este servicio pero sin aportar ninguna cuantía para su mantenimiento.

Marco Aurelio Pérez sostiene que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana no puede seguir haciendo frente en solitario a un servicio como éste que en los años 2010 y 2011 le supuso al Ayuntamiento un coste anual de 164.000 euros.

La puesta en marcha del Centro de Atención a las Víctimas del Delito (CAVD) fue posible a través del convenio que firmaron el Ayuntamiento y el Gobierno regional el 9 de julio de 1996. El Ayuntamiento asumió el 24,64% del coste de su funcionamiento y gestión, unos 18.000 euros, mientras que el Ejecutivo canario se comprometió a cofinanciar el servicio con el 75,36% restante, unos 64.000 euros, para cubrir los costes de personal y los gastos corrientes.

Durante los últimos años el Ejecutivo canario ha ido reduciendo progresivamente su aportación económica, y durante los dos últimos ejercicios el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se ha visto en la necesidad de tener que asumir solo su coste completo.

Lo pactado

El Gobierno regional aún no ha ingresado ni cumplido con lo pactado para los años 2010 y del 2011, y su intención es reducir aún más su aportación para este ejercicio. Este año sólo piensa destinar 28.000 euros, según informó el viceconsejero de Justicia al alcalde en la última reunión que ambos mantuvieron, “y lo que no puede hacer nuestro Ayuntamiento es suplir al Gobierno de Canarias en una competencia que no es nuestra”, afirma Marco Aurelio Pérez.

Aunque centralizado en los Juzgados de San Bartolomé de Tirajana, el Centro de Atención a las Víctimas del Delito es un servicio de carácter comarcal para el partido judicial que cubre San Bartolomé, Mogán y Santa Lucía de Tirajana.

Marco Aurelio Pérez ha cursado una invitación expresa a los alcaldes de ambos Ayuntamientos para mantener este servicio, pero ambos munícipes han declinado la oferta aludiendo a los efectos de la aguda crisis económica en sus respectivas arcas municipales, que les ha obligado también a tener que realizar otros recortes.

“El Ayuntamiento San Bartolomé se sigue comprometiendo a aportar los recursos que ha aportado año tras año, pero no está dispuesto a cubrir el déficit y la merma del Gobierno de Canarias”, afirma Pérez Sánchez.

Garantías

Según el alcalde, “si el Gobierno de Canarias quiere mantener este servicio que es de su competencia debe garantizar el compromiso de su aportación por escrito. Nosotros hemos denunciado el convenio porque por ahora no lo está cumpliendo, y el esfuerzo que estamos realizando desde el presupuesto municipal para el área de Servicios Sociales es mayor, porque nosotros sí lo seguimos manteniendo”.

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana aclara que la devolución del CAVD a la Viceconsejería de Justicia del Gobierno de Canarias “no significa que las mujeres de nuestro municipio queden desamparadas, porque seguirán siendo atendidas en el servicio propiamente municipal del Centro de la Mujer, que seguirá abierto y funcionando”. A su vez, los menores de edad víctimas de delitos también serán atendidos y asesorados por el equipo municipal del programa de Infancia y Familia.

lunes, 9 de enero de 2012

ESCUELA DE PRÁCTICA PROFESIONAL “PROFESOR DOCTOR MANUEL ALONSO OLEA”

La Fundación Justicia Social constituida a iniciativa del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España convoca la IX Edición de la Escuela del Curso de Práctica Profesional de la Escuela “ Alonso Olea”.
Madrid, 09 de enero de 2012 / Graduados Sociales - Justicia / Gabinete de Prensa.
Por primera vez, desde la creación de esta Escuela se ha decidido por parte del Patronato, abrir a todos los alumnos que así lo deseen la opción de inscribirse en este importante curso que se realizará en Madrid en los primeros meses del año 2012.
En palabras de Javier San Martín, Presidente de la Fundación y del Consejo General de Graduados Sociales de España, “Nuestro objetivo es atraer a los mejores alumnos para impartirles una formación de calidad y convertirlos en excelentes profesionales, demostrando de esta manera la preocupación de este Colectivo por su constante y rigurosa preparación”.
La Escuela Alonso Olea tiene un firme propósito en su metodología, una formación eminentemente práctica trasladando a los alumnos la experiencia y conocimientos propios de los despachos de los Graduados Sociales, junto con la oportunidad de escuchar conferencias magistrales de destacadas personalidades del mundo de la Justicia, de la Administración del Estado y de la Política.
Al finalizar el Curso se entregará un Diploma acreditativo de la participación del mismo con aprovechamiento.
Matricula: Puede formalizarse hasta un mes antes del comienzo del curso. Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de solicitud de inscripción.
El coste de este curso es de 1500 €
·         Dirigido: Diplomado en Relaciones Laborales /o en Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
·         Duración: 1 mes ( previsiblemente Marzo del 2012)
·         Horario: 9.30 a 13.30 horas y 15.00 a 18.00 horas de Lunes a Jueves ( Viernes 9.30 a 14.00 horas)
·         Modalidad del curso: Presencial
·         Total Horas: 128 horas
·         Lugar de impartición: C/ Rafael Calvo nº 7, (Madrid)- Sede del Consejo General de Graduados Sociales de España.

jueves, 29 de diciembre de 2011

Juan Bravo será subsecretario de Justicia

Altos cargos

Madrid, 29 de diciembre de 2011 | Justicia | Gabinete de Prensa.

El hasta ahora delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Juan Bravo, dejará el Gobierno municipal para seguir al que lleva siendo su jefe durante las últimas dos décadas, Alberto Ruiz-Gallardón, hasta el Ministerio de Justicia, donde ocupará el cargo de subsecretario de Estado.

Según fuentes consultadas por Europa Press, Bravo abandonará el Consistorio este viernes, cuando el Consejo de Ministros le confirme en su nuevo puesto.

El hombre en la sombra, el arquitecto financiero, emprende una nueva aventura profesional tras pasar los últimos años de su carrera profesional haciendo malabarismos y carambolas para cuadrar las cuentas públicas -primero en la Comunidad y después en el Ayuntamiento de la capital- que permitieron al Gallardón más visionario ejecutar sus grandes proyectos de infraestructuras. Nacido en Londres en 1963, Bravo es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y obtuvo su plaza de funcionario del Cuerpo de Técnicos Superiores de la Comunidad de Madrid en la especialidad jurídica en 1989.

En la primera legislatura de Gallardón al frente del Ejecutivo autonómico, ocupó el puesto de director general de Presupuestos y Patrimonio, hasta que en 1997 se convirtió en titular de la Consejería, puesto que abandonaría con el traslado de todo el equipo de la Puerta del Sol a la Casa de la Villa. A partir de ahora asume junto al resto del equipo de Gallardón el reto de modernizar la justicia y culminar la renovación del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

miércoles, 2 de noviembre de 2011

La ley para ser abogado entra en vigor sin definir el examen

Tras cinco años de espera, la Ley de Acceso a la Abogacía se puso ayer en marcha con cuestiones pendientes como la prueba piloto y las prácticas, que Caamaño intentará aprobar antes del 20N.

Madrid, 02 de noviembre de 2011 | Justicia | Gabinete de Prensa.

Después de tres ministros de Justicia, varios secretarios de Estado, casi veinte borradores de un polémico reglamento y un sinfín de foros de discusión entre colegios, bufetes, universidades y las dos carteras en liza, ayer por fin y tras cinco años de vacatio legis entró en vigor la Ley de Acceso a la Abogacía.

La norma cambiará el camino que deben tomar los jóvenes estudiantes de Derecho para ser abogados que, a partir de ahora, tendrán que efectuar un máster de acceso obligatorio, que incluye un periodo de prácticas, y superar un examen. “Era una ley necesaria porque España era el único país de la UE que no tenía nada tras la licenciatura para poder ser abogado y con ella se ha contribuido a la mejora de la profesión”, declaró ayer a EXPANSIÓN Juan Fernando López Aguilar, el ministro de Justicia que aprobó la Ley en 2006. “Fue una norma con mucho consenso y se dio una ampliación de cinco años para todos los estudiantes”.

Sin embargo, y según ha constatado este diario, ha pasado un lustro pero la Ley entra en vigor con muchas incertidumbres y preocupaciones para gran parte del sector legal, para los profesionales y para el mundo académico. Faltan algunos aspectos importantes por definir como las pruebas piloto del examen o el desarrollo de las prácticas y si la Agencia de Evaluación de la Calidad y_Acreditación (Aneca) permitirá que se compatibilicen con el periodo lectivo, como piden algunos colectivos, entre ellos los alumnos y las firmas jurídicas.

El equipo del actual ministro de Justicia Francisco Caamaño está trabajando a toda máquina, según ha podido saber este diario, para que algunos aspectos queden disipados antes de las elecciones del 20 de noviembre, y que la ley y el reglamento sean considerados como uno de los últimos logros.

Ahora mismo la pelota la tiene sobre el tejado la Comisión que lidera el Ministerio de Justicia, que ultima con retraso las pruebas piloto que deberá publicar en su web. Algunas fuentes conocedoras del proceso dudan de que dé tiempo a que estén listas antes de los comicios pero sí creen que estarán antes de que tome posesión el nuevo Gobierno. Otros expertos creen que podrían estar antes del 20N, como el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III y ex asesor de Caamaño Daniel Entrena, que opina que “se está a tiempo porque lo que hace falta es poner puntales a la prueba y luego el resto son procedimientos”. Entrena añade que “hay cosas que podrían haberse cerrado antes, y sería una irresponsabilidad dejarlo abierto”.

En lo que sí coinciden los expertos es en que el proceso no se puede demorar más y que sería “letal” que quede paralizado por la campaña y los comicios y que deba culminarlo el próximo Gobierno. Colegios y universidades esperan que los máster empiecen en septiembre de 2012. Las universidades se decantan por que dure año y medio y calculan que el examen deberá tener lugar en enero de 2014, calendario que las grandes facultades creen que es el más adecuado para que dé tiempo a impartir el curso y a hacer las prácticas.

Otros sectores creen que es más conveniente que la formación dure un año –incluidas las prácticas–, lo que agilizaría el proceso y el examen se haría en el verano de 2013. Ésta última opción es la que convence a los despachos, que intentan agilizar el proceso y que incluso han planteado costear el acceso, y a los estudiantes, que ven cómo no van a poder ejercer en mucho tiempo. Sin embargo, la Aneca no se ha pronunciado sobre si las prácticas podrán hacerse en el periodo lectivo, y fuentes académicas afirman que “no se deberían hacer prácticas de materias sin impartir”.

Pero lo cierto es que como apunta José Mª de Areilza, decano del IE Law School, “aunque faltan cosas importantes, lo fundamental es que ya estamos en la línea de salida de una ley necesaria”. Las universidades ultiman sus programas como la de Barcelona. “En un mes llevaremos nuestro máster a la Agencia Catalana de Calidad y en septiembre de 2012 estará verificado”, afirma su decano Enoch Albertí. Pero no hay tiempo que perder. El decano de los abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil lo apuntaba la semana en una entrevista con este diario: “El trabajo que queda todavía es mucho para hacer en muy poco tiempo”

Las dificultades de las Escuelas de Práctica Jurídica

Los directores de las Escuelas de Práctica Jurídica dan cuenta de los problemas que sufren para adaptarse al Reglamento de la Ley de Acceso en un tiempo récord. Marcos Vázquez, director escuela práctica jurídica de Orense, apunta que se les exigen requisitos que “en cuatro meses es imposible cumplir: cualquiera de los cursos requiere un convenio entre una universidad y un colegio de abogados. La programación de los contenidos necesita autorización por la Aneca (que tarda entre 9 y 12 meses) y por Justicia (que no tiene baremos para homologar los programas).

Es imposible desarrollar un curso antes de noviembre de 2012”. A su juicio, “habrá tiempos muertos, por lo que se alargará la entrada de los profesionales. Aitzol Asla, de la Escuela de Vizcaya, cree que “habrá diferencias entre la privada y la pública, ya que las universidades privadas están más adelantadas”. Y añade que la situación actual en general es de indefinición, no se sabe cómo será la prueba o las becas, lo que _nos hace trabajar a ciegas”.

La tramitación más larga de la Democracia

La ley: El 30 de octubre de 2006 _se aprobó la Ley de Acceso para igualar la entrada a la profesión de abogado con lo que ya existe en el resto de países de nuestro entorno. Se fijó una vacatio legis hasta noviembre de 2011.

Los reglamentos: En marzo de 2009 se_conoció el primer borrador del Reglamento, según adelantó EXPANSIÓN, que estableció una prueba de 100 preguntas. Con los borradores, que han llegado a 9, surgieron discusiones entre Justicia y Educación. El último entró en el Consejo de Estado en diciembre de 2010.

Consejos de ministros: El Reglamento ya entró en Consejo de Ministros el 4 de febrero. Pero las discrepancias entre Justicia y Educación aconsejaron su revisión, para lo que se creó una Comisión. El Reglamento definitivo salió del Consejo de Ministros el pasado 3 de junio.

Entrada en vigor: La Ley entró en vigor ayer, a la espera de que Justicia publique las pruebas piloto y de que se firmen convenios entre universidades y colegios para las prácticas.

El calendario futuro: El sector duda de que dé tiempo a que las pruebas piloto estén antes de las elecciones pero creen que se presentarán antes de _que tome posesión el nuevo Gobierno. Esperan que_los máster se empiecen _a impartir en septiembre _u octubre de 2012. Las universidades se decantan por que dure año y medio, que el examen sea en enero o febrero de 2014. Estudiantes y despachos prefieren julio _o septiembre de 2013.

El examen

- Los test han bajado de las 100 preguntas que previeron los primeros borradores de Reglamento en 2009 a las 50 actuales que ultima el Ministerio de Justicia.

- En el test se preguntará sobre deontología y regulación profesional, no será una reválida del grado.

- A continuación, sólo se podrá acceder al caso práctico si se ha aprobado _el test. En el citado caso práctico el alumno tendrá _que elegir una de las cuatro Jurisdicciones (Contencioso-Administrativa, Civil,_Social _y Penal).

- Colegios y universidades esperan que el primer examen sea en enero o febrero de 2014. Estudiantes y despachos prefieren julio _o septiembre de 2013.