El alcalde Marco Aurelio Pérez invita a los ayuntamientos de Mogán y Santa Lucía de Tirajana a mantener este servicio
San Bartolomé de Tirajana, 29 de febrero de 2012 / Justicia - Atención a las Victimas / Gabinete de Prensa.
El alcalde Marco Aurelio Pérez ha comunicado a la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias la decisión del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana de renunciar a la prestación del servicio del Centro de Atención a las Víctimas del Delito a partir del próximo 25 de marzo, fecha en la que expira el convenio de colaboración entablado con el Gobierno de Canarias para su puesta en funcionamiento.
Marco Aurelio Pérez comunicó al consejero Francisco Hernández Espínola que la necesaria reorganización de la administración municipal emprendida por el grupo de gobierno para llevar a cabo una reducción de gastos en recursos materiales y personales conlleva también una renuncia a la prestación de servicios “impropios, que son competencia exclusiva de otras administraciones”.
La misma decisión le fue comunicada con anterioridad por parte de la Alcaldía de San Bartolomé de Tirajana al viceconsejero de Justicia, Pedro Joaquín Herrera Puentes, y a los alcaldes de Mogán y Santa Lucía de Tirajana, como municipios que también disfrutan de este servicio pero sin aportar ninguna cuantía para su mantenimiento.
Marco Aurelio Pérez sostiene que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana no puede seguir haciendo frente en solitario a un servicio como éste que en los años 2010 y 2011 le supuso al Ayuntamiento un coste anual de 164.000 euros.
La puesta en marcha del Centro de Atención a las Víctimas del Delito (CAVD) fue posible a través del convenio que firmaron el Ayuntamiento y el Gobierno regional el 9 de julio de 1996. El Ayuntamiento asumió el 24,64% del coste de su funcionamiento y gestión, unos 18.000 euros, mientras que el Ejecutivo canario se comprometió a cofinanciar el servicio con el 75,36% restante, unos 64.000 euros, para cubrir los costes de personal y los gastos corrientes.
Durante los últimos años el Ejecutivo canario ha ido reduciendo progresivamente su aportación económica, y durante los dos últimos ejercicios el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se ha visto en la necesidad de tener que asumir solo su coste completo.
Lo pactado
El Gobierno regional aún no ha ingresado ni cumplido con lo pactado para los años 2010 y del 2011, y su intención es reducir aún más su aportación para este ejercicio. Este año sólo piensa destinar 28.000 euros, según informó el viceconsejero de Justicia al alcalde en la última reunión que ambos mantuvieron, “y lo que no puede hacer nuestro Ayuntamiento es suplir al Gobierno de Canarias en una competencia que no es nuestra”, afirma Marco Aurelio Pérez.
Aunque centralizado en los Juzgados de San Bartolomé de Tirajana, el Centro de Atención a las Víctimas del Delito es un servicio de carácter comarcal para el partido judicial que cubre San Bartolomé, Mogán y Santa Lucía de Tirajana.
Marco Aurelio Pérez ha cursado una invitación expresa a los alcaldes de ambos Ayuntamientos para mantener este servicio, pero ambos munícipes han declinado la oferta aludiendo a los efectos de la aguda crisis económica en sus respectivas arcas municipales, que les ha obligado también a tener que realizar otros recortes.
“El Ayuntamiento San Bartolomé se sigue comprometiendo a aportar los recursos que ha aportado año tras año, pero no está dispuesto a cubrir el déficit y la merma del Gobierno de Canarias”, afirma Pérez Sánchez.
Garantías
Según el alcalde, “si el Gobierno de Canarias quiere mantener este servicio que es de su competencia debe garantizar el compromiso de su aportación por escrito. Nosotros hemos denunciado el convenio porque por ahora no lo está cumpliendo, y el esfuerzo que estamos realizando desde el presupuesto municipal para el área de Servicios Sociales es mayor, porque nosotros sí lo seguimos manteniendo”.
El alcalde de San Bartolomé de Tirajana aclara que la devolución del CAVD a la Viceconsejería de Justicia del Gobierno de Canarias “no significa que las mujeres de nuestro municipio queden desamparadas, porque seguirán siendo atendidas en el servicio propiamente municipal del Centro de la Mujer, que seguirá abierto y funcionando”. A su vez, los menores de edad víctimas de delitos también serán atendidos y asesorados por el equipo municipal del programa de Infancia y Familia.
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