En defensa de los municipios

Canarias, 18 de febrero de 2011 - Opinión - Lázaro Brito Hernández (*)

En medio de esta crisis en la que nos encontramos sumergidos se han alzado voces que abogan por una reforma de la Administración pública que reduzca el número de ayuntamientos, fusionando para ello municipios. Con este planteamiento, se sitúa en el punto de mira a las instituciones locales como las responsables del déficit público cuando la realidad es bien diferente. Prueba de ello es que las corporaciones locales no son las administraciones más endeudadas en 2011, ni se prevé que lo sean en los siguientes años en Canarias.

Sin duda nos encontramos frente a una nueva ocurrencia injustificada que trata de colgar a los ayuntamientos un sambenito que no le corresponde. Es en estos momentos, cuando atravesamos por tan serias dificultades, cuando toca más que nunca reivindicar el papel de las corporaciones locales como la Administración más cercana a los ciudadanos. Esto no es un mero eslogan municipalista, sino una realidad que en momentos de crisis como los actuales se pone aún más de manifiesto por el esfuerzo que realizan los ayuntamientos, la mayor parte de las veces por encima de sus posibilidades y casi siempre más allá de sus competencias, para dar respuesta a las demandas de los vecinos.

Por esta razón, tratar de eliminar o de agrupar ayuntamientos, como se ha propuesto, supondría dejar en buena medida huérfana a la ciudadanía de la cercanía de la Administración pública. Ni suprimir, ni fusionar los municipios va a garantizar abaratar el gasto público, porque si algo han demostrado históricamente las corporaciones locales es su eficacia en la gestión de los fondos públicos. Por eso, hoy más que nunca, es necesaria una defensa del municipalismo encarnado en una Administración abierta y cercana al ciudadano, además de ágil y eficaz ante las necesidades siempre cambiantes que presenta la sociedad.

Es verdad que debemos cambiar cosas, realizar reformas, pero ese no es el camino. Tenemos que modificar y aclarar el régimen competencial para que no se dupliquen las funciones y optimizar los recursos. Los ayuntamientos llevan muchos años asumiendo competencias para las que no reciben financiación, lo que ha agravado su situación económica. Porque pese a no disponer de estos fondos, las corporaciones locales no han cerrado los ojos ante la sociedad ni han cerrado sus puertas a los ciudadanos, sino que con un gran sobreesfuerzo han dado la cara tratando de dar respuesta a las demandas de la sociedad.

La labor que en estos momentos están prestando los Servicios Sociales municipales, con unos recursos muy limitados, es digna de reconocimiento. Son estos equipos, cercanos a la realidad social, quienes de verdad conocen las auténticas necesidades. Por esta razón es necesario que cuenten con las herramientas necesarias para realizar su labor y, sobre todo, reciban los recursos necesarios para ejercerla. Y es que, pese a la crisis, no debemos olvidar que los ayuntamientos siguen siendo auténticos motores para la creación de empleo y la prestación de servicios a los ciudadanos.

Tampoco debemos olvidar que los ayuntamientos han sido piezas claves en el proceso de democratización de este país y están siendo elementos fundamentales para hacer frente a los enormes retos que obliga afrontar la actual coyuntura, Además de este papel destacado que han jugado y siguen desempeñando en la transformación social, las corporaciones locales han sido vitales a la hora de vertebrar los derechos de ciudadanía, que han contribuido a profundizar en la calidad de nuestra democracia y mejorar el bienestar de las personas.

La configuración geográfica de nuestro Archipiélago establece un marco territorial singular en el que no cabe establecer moldes preestablecidos de otras autonomías continentales. Ni siquiera los procesos de mancomunar servicios son siempre posibles ni deseables y hay que estudiar, caso a caso, si benefician o no a la comunidad. El hecho diferencial de nuestro Archipiélago es también un signo de identidad de nuestros municipios y, por ello, no pueden tratar de aplicar mecanismos predeterminados por muy bien que funcionen en otros territorios.

Por último, y no por ello menos importante, la idea de fusionar municipios tendría también un importante coste para la identidad de nuestros pueblos. Comunidades que han crecido con el sentimiento de unidad que otorga la vecindad y han articulado la biografía de los ciudadanos con un territorio. Entidades, en definitiva, que con su desaparición los habitantes se verían de alguna manera desarraigados para siempre de ese humus que forma parte de su cultura.

(*) Presidente de la Federación Canaria de Municipios.