El letrado es colaborador en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas
Santa Cruz de Tenerife, 11 de marzo de 2011 | Derecho | Gabinete de Prensa.
El abogado José Luis Langa asegura que la aplicación de la Ley de Costas de forma retroactiva es
"abusiva" e "indiscriminada", que muy lejos de proteger el medio ambiente lo que está es generando inseguridad jurídica en tanto que "despoja a los ciudadanos de los derechos protegidos en las normas internacionales" y lo denunciará ante el Parlamento Europeo.
Así lo explicó hoy Langa en una rueda de prensa durante la cual indicó que se presentarán en estos días diversas denuncias ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre dos enclaves canarios afectados y amenazados por la Ley de Costas como son Igueste de San Andrés (Tenerife) y Valle Gran Rey (La Gomera) además de seguir estudiando el resto de las
poblaciones de Canarias perjudicadas.
Estas denuncias las presenta en calidad de abogado y de colaborador en el Archipiélago de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC), que lleva años luchando porque se modifique la ley actual de tal manera que no tenga carácter retroactivo.
Para el letrado esta ley española viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea; el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y la Constitución Española por la vulneración del derecho de propiedad.
"Con la Ley de Costas estamos ante la desaparición del derecho de propiedad en España, cosa que afecta a una regla esencial de convivencia europea y a los pilares sobre los que se asienta nuestra sociedad", aseguró Langa.
Así mismo, recordó que recientemente se ha creado una subcomisión de trabajo en la que está representado el Gobierno de Canarias y el Estado Español con el fin de estudiar "caso por caso y casa por casa" la situación en las Islas y "me consta que en estos momentos el Gobierno canario sí que está haciendo lo posible para evitar esta terrible situación", agregó.
Langa también informó de la admisión a trámite por parte de la Audiencia Nacional de la denuncia realizada por los vecinos de Igueste de San Andrés contra el Ministerio de Medio Ambiente y en la que se dan quince días de plazo para presentar toda la documentación que acredite que esta población es un asentamiento consolidado, información que se ha pedido ya al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife al que pertenece este núcleo urbano.
El letrado indicó que según la información que él posee, son más de 40 las poblaciones en canarias afectadas y más de 1.100 casas, lo que supone que "a datos de hoy puede haber más de 5.000 personas que estén en el corredor de la muerte sin saber en qué momento van a perder su vivienda o su negocio".
Finalmente, en su calidad de colaborador de la AEPLC en Canarias, el abogado va a pedir a los cabildos insulares una relación de los núcleos afectados para llevar estas denuncias ante el Parlamento Europeo.
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