En breve, el número de explotaciones ganaderas legalizadas por el Gobierno ascenderá a 190
• Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife son las islas que aglutinan el mayor porcentaje de peticiones de regularización
Canarias, 4 de marzo de 2011 | Agricultura | Gabinete de Prensa.
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, informó hoy en el Parlamento de Canarias de que, hasta la fecha, el departamento que dirige ha recibido un total de 695 peticiones de regularización de explotaciones ganaderas en las Islas. DE estas, 76 ya fueron legalizadas en una primera remesa y está a punto de concluirse la tramitación y legalización de un segundo bloque, de 114.
Según indicó, la actividad de muchas de las 5.948 instalaciones agropecuarias que están incluidas en el Registro de Explotaciones Ganaderas es de autoconsumo, circunstancia que hace prever que la cantidad definitiva de instalaciones susceptibles de ser legalizadas, de acuerdo a la Ley de Medidas Urgentes, no superará la cuantía de las alrededor de 700 peticiones presentadas.
Durante su comparecencia en el pleno parlamentario, el consejero autonómico recordó que la Ley de Medidas Urgentes, uno de los principales documentos legales aprobados en esta legislatura por el Parlamento de Canarias, contempla en su artículo 5 el procedimiento para la regularización y registro de las instalaciones ganaderas. Este texto legal, apostilló Berriel, elimina rigideces y complicaciones innecesarias recogidas en el marco legislativo hasta su entrada en vigor, en mayo de 2009.
“Este es un proceso que hay que realizar con rigor y no con prisas, trabajando de forma responsable. La Ley de Medidas Urgentes establece una hoja de ruta con un protocolo concreto, no una norma de punto final o una amnistía para el sector ganadero, sino una solución personalizada que responderá también a condicionantes sanitarios y ambientales.”, apuntó el Consejero en su intervención.
La Ley de Medidas Urgentes permite la legalización urbanística de las explotaciones ganaderas en situación alegal de las Islas que cumplan con los requisitos que establece la Ley en materia de seguridad jurídica, sanitaria y ambiental, posibilitando así su acceso a las ayudas destinadas al fomento de dichas instalaciones. El consejero matizó, que la continuidad de la situación de irregularidad de estas explotaciones imperante en Canarias “impediría su acceso a las ayudas para su modernización y, en muchos casos, se verían expuestas a expedientes de disciplina urbanística con propuesta sancionadora y de restablecimiento, hechos que comprometerían su supervivencia económica y su continuidad”.
Ante esta situación, el Gobierno de Canarias ha apostado de forma firme por la regularización de las explotaciones ganaderas, mediante el desarrollo sin obstáculos de la actividad agraria en suelo rústico y el fomento de la modernización de las instalaciones agropecuarias. Una de las medidas tendentes a la consecución de este objetivo la proporciona la Ley de Medidas Urgentes, que establece un régimen de regularización y registro de explotaciones ganaderas, “distinguiendo para las distintas categorías de suelo rústico, entre las que venían explotándose con anterioridad a la entrada en vigor a la Ley 9/99, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias, y las que hubieran iniciado su actividad con posterioridad a la misma”
Berriel indicó que para el primero de los casos, cuando por su dimensión no es exigible la declaración de impacto ambiental, establece un procedimiento de legalización directa por parte del Gobierno de Canarias.
Mientras que las instalaciones que han sido construidas con posterioridad a esta Ley y en explotación con la entrada en vigor de la Ley de Medidas Urgentes, deben contar con la Calificación Territorial en los nuevos términos de simplificación e inmediatez que la nueva Ley configura. Pero en este caso, explicó el consejero, “la ventaja además radica en la posibilidad de su legalización en las mismas categorías de suelo permitidas para las anteriores a la ley 9/99”.
Tras dar cuenta de las premisas que contempla la Ley de Medidas Urgentes, Domingo Berriel informó de que se han presentado 695 solicitudes de regularización, y de que ya han sido legalizadas 76 explotaciones mediante el Decreto 9/2011, de 27 de enero, en el que se establece, de forma individualizada, los condicionantes sanitarios, ambientales y estéticos que en el plazo de 18 meses, prorrogable justificadamente por nueve meses más, deben cumplir las instalaciones autorizadas.
Fuerteventura es la isla que aglutina el mayor número de ellas (30), seguida de Tenerife, con 22 granjas regularizadas; Lanzarote (11), Gran Canaria (8), La Palma (2), La Gomera (2) y El Hierro (1).
También la isla majorera es la que registra el mayor número de peticiones de regularización (193), seguida de Lanzarote (183), Tenerife (163), Gran Canaria (76), La Palma (58), La Gomera (13) y El Hierro (9).
Del total de las peticiones presentadas, Berriel indicó hoy en la Cámara regional que se ha comprobado que 114 instalaciones cumplen los requisitos legales establecidos, por lo que, una vez concluyan los trámites de consulta e información pública, podrán ser previsiblemente legalizadas en los mismos emplazamientos que ostentan.
El resto se encuentra en distintas fases de estudio y comprobación, por parte de Gesplan, que es la empresa pública a la que el Gobierno de Canarias ha encomendado la labor del estudio de regularización de las empresas agropecuarias. Atendiendo a los datos recogidos hasta la fecha, Berriel informó de que unas 26 explotaciones no pueden ser legalizadas por la categorización del suelo y las determinaciones del planeamiento, circunstancia que obliga a su traslado de lugar, pudiéndose acoger, en su caso, a las previsiones que contempla la Ley de Medidas Urgentes.
También el estudio evidencia que hay medio centenar de explotaciones cuya implantación es posterior a la Ley 9/99, por lo que su legalización debe estar precedida de la obtención de la calificación territorial correspondiente, que deben solicitar en los respectivos cabildos insulares.
De las restantes, unas 133 se ubican en municipios que, al no tener su planeamiento adaptado, requieren el previo trabajo de equivalencia con las clases y categorías de suelo previstas en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, proceso que es más dilatado pero que, una vez concluya, permite concebir que gran parte de ella también serán legalizables.
Domingo Berriel puntualizó que la legalización de estas instalaciones da respuesta a un compromiso adquirido por el Gobierno de Canarias al comienzo de esta legislatura para paliar la situación del subsector ganadero del Archipiélago, el cual en los últimos años ha realizado un importante esfuerzo para la modernización progresiva de sus instalaciones y métodos de producción, que ha contribuido de manera decisiva a fijar población en las zonas rurales de las Islas y ha ayudado a conservar el medio ambiente, con lo que ello supone para el desarrollo social, económico y cultural de Canarias.
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