Telde, 4 de marzo de 2011 | Pleno | Gabinete de Prensa.
El pleno municipal facultó ayer a los representantes del Ayuntamiento de Telde en la sociedad mixta de Aguas de Telde a adoptar las medidas que resulten necesarias para resolver la paralización que sufren los órganos sociales de la empresa y garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos de parques y jardines y de abastecimiento de agua.
Durante la sesión plenaria correspondiente al mes de febrero se dio cumplida información de la situación del servicio público de Parques y Jardines desde julio de 2010 cuando la Aguas de Telde solicitó al Ayuntamiento la suspensión del contrato adjudicado aludiendo la parte privada de la compañía que la demora en el pago ponía en peligro el mantenimiento de los servicios. Esta situación fue resuelta de manera inmediata por el Consistorio que en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre realizó pagos a la sociedad mixta por valor de unos 4,3 millones de euros “al tiempo que se mantuvieron diversas reuniones con los representantes de la sociedad mixta en las que se dejó bien claro a los representantes del socio privado de la misma que la empresa no podía suspender el servicio de mantenimiento de parques y jardines sobre la base de una deuda que, además, no derivaba únicamente de la prestación del servicio de parques y jardines, sino también, como ellos mismos reconocieron, del servicio de aguas que la misma presta en los municipios de Telde y de Valsequillo” tal como se recoge en el informe que se presentó ayer al pleno. Aún así, a mediados de octubre el Ayuntamiento accedió a firmar un convenio para garantizar las fechas de pago de los importes pendientes.
Sin embargo, el socio privado aprovechó la circunstancias para intentar vincular a la aprobación de ese convenio que garantizaba el servicio de Parques y Jardines unas condiciones para la viabilidad de la empresa en su conjunto “que esta Corporación no podía aceptar no sólo porque la prioridad de la corporación era restablecer un servicio público esencial para los vecinos de Telde cuya grave situación de peligro obedecía a una conducta imputable únicamente al socio privado que fue quien decidió parar a toda la plantilla de trabajadores y abandonar el cuidado de los animales y especies vegetales, sino también porque el plan de viabilidad que proponía el socio privado que fue exhaustivamente estudiado por los servicios económicos y jurídicos del Ayuntamiento era perjudicial para los intereses del municipio y el conjunto de los vecinos porque significaba abandonar durante muchísimo tiempo y casi de forma irreversible el control del servicio público de agua dejándolo en manos privadas y, lo que es peor, endeudar más al municipio a favor del socio privado de la empresa mixta (Canaragua) mediante unas aportaciones económicas que éste realizaría con un interés altísimo por su préstamo y la cesión de los dividendos que le corresponderían al Ayuntamiento de Telde por los beneficios de la empresa durante más de 21 años, amén de pretender también un aumento de las tarifas del agua en un 17% durante los próximos tres años”.
Ante este panorama el socio privado solicitó al Ayuntamiento la suspensión del contrato de Parques y Jardines con el consiguiente despido de los trabajadores, algo que “fue expresamente denegado mediante Decreto de 27-10-2010 (nº 6902)”. A pesar de todo, el 29 de octubre “la mercantil Canaragua, como socio privado en la empresa mixta, haciendo caso omiso de este decreto, comunicó al Ayuntamiento de Telde que la decisión de suspender el contrato administrativo no la iba a dejar en manos del Ayuntamiento porque, según su parecer, correspondía a la empresa concesionaria y no al titular del servicio. No obstante, a la vista de las negociaciones que se estaban manteniendo por las partes para intentar reconducir el conflicto, mantendría, de forma extraordinaria, sin despedir a los trabajadores hasta el 5 de noviembre”. En ese punto, el Ayuntamiento informó a la empresa el 2 de noviembre que la suspensión unilateral del contrato se entendería por la corporación como un abandono del servicio de cuyas consecuencias sería responsable y que además facultaría al Ayuntamiento para intervenir el servicio público hasta que dicho incumplimiento desapareciera.
Pese a la advertencia, tres días después un consejero delegado de Aguas de Telde presentó un escrito en el Ayuntamiento “comunicando que a partir de dicha fecha se hacía efectiva la decisión de suspender el contrato por lo que ponía el servicio público a disposición del Ayuntamiento marchándose del mismo” lo que obligó a “adoptar la medida administrativa de secuestrar el servicio (como ya le había advertido) para garantizar la continuidad del mismo”, algo que se hizo efectivo el 11 de noviembre.
El informe presentado en el pleno que se celebró ayer detalla los problemas a los que se ha tenido que enfrentar desde entonces el Consistorio teldense, el primero de ellos y más grave el de resolver la situación de incertidumbre jurídica de los 106 trabajadores que la empresa Canaragua provocó ordenando unilateralmente (sin el consentimiento del socio público) que se les diera de baja en la Seguridad Social.
“Ante este grave conflicto, el socio privado de la empresa Aguas de Telde que fue quien ordenó la baja de los trabajadores, lejos de mostrar una actitud de colaboración en la resolución de la grave situación por la que atravesaba el servicio con los trabajadores del servicio parados, optó por desentenderse absolutamente de la situación negándose a dar de alta a los trabajadores del servicio de parques y jardines en la Seguridad Social como le ordenaban los Interventores Técnicos del secuestro administrativo”. Para resolver este y otros problemas se convocó al socio privado a varios consejos de Administración sin que atendieran ninguna de las convocatorias, lo que conllevó a una “situación de bloqueo” de la empresa que finalmente originó la creación de una Comisión de Trabajo.
Así, durante el mes de enero y hasta el 17 de febrero los representantes del Ayuntamiento –los concejales de Aguas, Seguridad y Contratación y Parques y Jardines, José Luis Pérez, Juan Francisco Martel y Agustín Arencibia- acompañados de servicios jurídicos y técnicos del Ayuntamiento de Telde se han reunido con los representantes de Canaragua a fin de llegar a un consenso que permita resolver todos los conflictos que afectan a estos dos servicios esenciales para el municipio. En esta comisión, continúa el informe, “el Ayuntamiento de Telde accedió a reconocer el importe de la deuda que la corporación pueda mantener con la empresa mixta por inversiones o servicios que se hayan realizado en materia de aguas. A tal fin, designó varios técnicos de Agua y de los Servicios Económicos del Ayuntamiento para que, en coordinación con los técnicos de la empresa, concretaran el importe que se le debe reconocer”. Además, se solicitó a Canaragua información sobre las cuentas de la empresa y propuso a la misma un Plan de Medidas de Recorte de Gasto y Saneamiento “porque consideraba muy alto el gasto en determinados capítulos, como era el de personal, subcontrataciones y servicios externos que tenía contratado la empresa mixta. La intención del Ayuntamiento era reducir el gasto de la empresa y evitar un mayor endeudamiento de la misma para que finalmente la cuenta de resultados del año 2011 arrojara dividendos con los que ir pagando a Canaragua y al resto de acreedores”. Además, requirió al gerente y a Canaragua que reclamar al “Ayuntamiento de Valsequillo, como segundo cliente en importancia de la empresa mixta, las cantidades que se adeudaban por la prestación del servicio de aguas en aquel municipio”. Estas medidas “permitían rentabilizar la empresa mixta llegando a unos dividendos anuales de alrededor de 1.000.000 euros que permitía pagar a los acreedores, y reducir el endeudamiento en un plazo prudente y sobre todo, no subir las tarifas más de un 4,5 %”.
Por otro lado, el Ayuntamiento “dejó claro desde un principio que la mercantil Canaragua debía restablecer cuanto antes el servicio dando de alta a los trabajadores y pagando al Ayuntamiento todos los daños que le había provocado por el abandono del servicio” de Parques y Jardines, comprometiéndose la institución a “a llegar a un consenso en los incumplimientos que los servicios de parques y jardines imputaban a la empresa Aguas de Telde y con los que ésta no estaba de acuerdo” lo que facilitaría convocar con premura una nueva licitación. Tras varias negociaciones se llegó a un punto intermedio pero el 8 de febrero Canaragua “nos comunicó que no aceptaba las condiciones del Ayuntamiento consistentes en dar de alta a los trabajadores del servicio de parques y jardines en el Código de Cuenta de Cotización de la empresa Aguas de Telde en la Seguridad Social, y tampoco que sancionaran a la empresa como consecuencia de los incumplimientos de la misma en el servicio de parques y jardines, insistiendo en que con carácter previo a resolver el problemas de parques y jardines, el Ayuntamiento de Telde debía garantizar al socio privado que le aprobaría su plan de viabilidad inicial en el Consejo de Administración de la empresa y que además el Ayuntamiento debía comprometerse a aprobarlo en Pleno”.
En ese sentido, los tres concejales que representan al Consistorio manifestaron que no se podía “permitir que se aprobase un plan de viabilidad que pretendía aumentar las tarifas en más de un 15% durante los primeros tres años y que hipotecara los dividendos del Ayuntamiento de Telde en la empresa mixta durante más de 21 años porque existían otras medidas que habíamos propuesto y que podían viabilizar la empresa y que además, no podía admitir que el socio privado le impusiera la aprobación de ese plan de viabilidad con carácter previo a la resolución de un problema en el servicio de parques y jardines, y en particular con los trabajadores del servicio que, precisamente había provocado la empresa Canaragua”.
Así, se ha vuelto a una situación de bloqueo absoluto “que obviamente está poniendo en grave peligro no sólo el servicio de parques y jardines cuya prestación está siendo garantizada por la intervención administrativa del servicio, sino el servicio de abastecimiento de agua a la población de Telde”, motivo por el que el pleno acordó ayer facultar a sus representantes a adoptar las medidas necesarias para resolver esta paralización y defender los intereses de los ciudadanos.
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