Hasta ahora, la detención de algún miembro de ETA solía suponer un doble éxito. Por un lado se detenía a un asesino potencial, impidiendo que su actuación acabara con la vida de algún ciudadano, al tiempo que, por otro, daba la posibilidad de obtener importante información sobre la estructura y composición de la banda.
Durante muchos años, los Servicios de Guardia Civil y Policía Nacional han basado su exitosa lucha antiterrorista en el conocimiento profundo de la compleja maquinaria etarra.
Este conocimiento, tácito y explícito, ha sido posible gracias a las declaraciones de los detenidos y, principalmente, por la abundante documentación incautada en los registros realizados. El análisis de esa documentación contribuye sobremanera a que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no sólo se pongan tras la pista de nuevos terroristas sino a que conozcan el modus operandi y la organización de ETA.
Así, por ejemplo, gracias a la documentación intervenida al ex-número 1 de la banda, Mikel Carrera Sarobe (alías ATA), la Guardia Civil pudo, recientemente, desarticular una importante célula etarra que operaba en Vizcaya y que, presuntamente, habría intervenido en los últimos atentados mortales de la banda.
Del mismo modo, los excelentes informes presentados por Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía sobre las relaciones de ETA con la nueva marca de la izquierda abertzale están jugando un papel fundamental en la ilegalización de SORTU, algo que ha sido reconocido por los principales partidos políticos del país. El trabajo de la Guardia Civil se basa, en parte, en documentos incautados a la banda terrorista.
Sin embargo, estos precedentes no cuentan para el Ministro del Interior que, ante las acusaciones por la actuación del Gobierno durante la negociación con ETA, no ha dudado en calificar los documentos incautados a ETA de “bazofia”, de “un conjunto de mentiras, manipulaciones y difamaciones”, con lo que indirectamente se está descalificando la abnegada labor de la Guardia Civil que con frecuencia actúa en base a la información que contienen los documentos incautados a ETA.
Las irresponsables declaraciones que están haciendo algunos miembros del Gobierno suponen una crítica a la actuación del propio Tribunal Supremo en cuanto a la ilegalización de SORTU, ya que su resolución, según avanzan los medios de comunicación, se basan en documentos incautados a ETA y que, según Rubalcaba, son “bazofia”.
Es cierto que los documentos incautados a los delincuentes deben ser interpretados con cautela, pero negar de forma sistemática su validez y credibilidad es una irresponsabilidad, aunque resulta comprensible que por la gravedad de los hechos que contiene, los responsables traten de negar su contenido.
Si el contenido de las actas es falso, si la negociación y concesiones del gobierno a los terroristas son falsas, si el contenido es una auténtica calumnia, esperamos ver la actuación del gobierno en los tribunales contra los que han vertido tan graves acusaciones. No basta con negar su contenido. La gravedad de los hechos exige que los ciudadanos veamos como el gobierno lleva a ante los jueces a aquellos que les imputan tan graves delitos.
La difícil tarea de salvar la imagen del gobierno no debería hacerse a consta de desarmar de pruebas a guardias civiles, policías y jueces.
Véanse algunos ejemplos de la utilidad de la documentación de ETA:
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