· “Tenemos un gran déficit en Fuerteventura. Vamos a terminar la legislatura y aún quedan todos los deberes sobre la mesa por hacer” en materia urbanística, señaló Rosa Fernández Rodríguez, alcaldesa del Ayuntamiento de La Oliva
· Manuel Marchena Gómez, Magistrado del Tribunal Supremo, que interviene mañana en este encuentro, ante el dato de que Canarias es la segunda comunidad autónoma con más casos de corrupción urbanística, afirma: “Me niego a aceptar que estas Islas tengan una fuerza atractiva para la corrupción urbanística”
Fuerteventura, 14 de abril de 2011 | Urbanismo - Jornadas | Gabinete de Prensa.
“Los ayuntamientos no remiten ninguna denuncia de prevaricación urbanística a la fiscalía, de infracciones de sus propias normas en las inspecciones que realizan”. Fue el dato de reflexión que apuntó hoy Vicente Garrido, Fiscal Superior de Canarias, durante el acto inaugural del III Congreso Canario de Derecho Urbanístico.
“El 80% de las diligencias de investigación que nos llegan a las fiscalías hacen referencia a materia de urbanismo y ordenación del territorio. De ese 80%, el 95% son denuncias de particulares. Con respecto al 5% restante, el origen de la denuncia son o de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias, o de los agentes del Seprona de la Guardia Civil. Y de ésas, el 90% terminan en denuncia en la fiscalía. Por parte del ayuntamiento no hay ninguna”, detalló.
Garrido se refirió también a la categoría de los ponentes de este congreso, que cuenta con casi 170 inscritos y con la participación de más de veinte ponentes del mundo del derecho y la arquitectura, catedráticos de derecho administrativo, jueces y fiscales de primer orden en cada uno de de sus ámbitos. “Lo importante no son tanto las ponencias sino que el conjunto de las reflexiones de cada uno de los partícipes enriquecerá el debate en esta materia complicada, difícil, y con excesiva reglamentación pero sin nortes y líneas claras que marquen competencias dentro del mundo del derecho”.
Rosa Fernández, alcaldesa de La Oliva, señaló durante el acto que “Tenemos un gran déficit en Fuerteventura. Vamos a terminar la legislatura y aún todos los deberes sobre la mesa por hacer. Tenemos que hacer una reflexión de por qué tras cuatro años más estamos en la misma situación. Cada día los problemas son más difíciles. Hay que solucionar los problemas de urbanismo. Cada vez salen más noticias que ayudan poco a buscar una solución No se puede estar vinculando urbanismo con delitos penales. Todo el mundo tiene miedo a hacer un informe urbanístico. Espero que en este congreso trate de buscar soluciones, sin asociarlas a un delito penal” comentó la alcaldesa.
Manuel Miranda, vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura, afirmó que “no hemos conseguido los retos de sacar los retos del planeamiento adelante. Se piden reformas en ámbitos estatales. Tenemos una reforma importante que es el tema del planeamiento en nuestra isla. Herramienta que en los momentos de crisis en los que nos encontramos nos sirve para poder trazar nuestra isla y darle seguridad jurídica”.
Domingo Berriel, consejero de Medio Agricultura, Pesca y Ambiente, explicó los detalles del programa y felicitó a la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico (ACADUR) “por reunir el plantel de figuras en esta área y por los temas a tratar”, y por ser “referencia y cita ineludible para los profesionales que desde el ámbito público y privado”. Recordó que La Oliva se encuentra, en estos momentos, en proceso de renovación de su planta alojativa turística, que “este proyecto es un buen ejemplo de la sinergia de colaboración entre lo público y lo privado, unión que tiene como objetivo fomentar el desarrollo inteligente y sostenible que debe llevar aparejado”
HA DICHO:
Manuel Marchena Gómez: “Me niego a aceptar que Canarias tenga una fuerza atractiva para la corrupción urbanística”
Canarias es la segunda comunidad autónoma con más casos de corrupción urbanística. Ante este dato, opina que “cualquier zona turística, por definición, es tentadora desde el punto de vista inmobiliario. Son muchas las decisiones que hay que tomar en esta materia y la mayoría de ellas tienen una indudable trascendencia económica. Yo me niego a aceptar que mi tierra tenga una fuerza atractiva para la corrupción urbanística. Prefiero quedarme con la idea de que es el sitio de España donde más parques naturales existen”.
PREVIA DE MAÑANA VIERNES
SEGUNDA JORNADA
El Fiscal Delegado de Medio Ambiente de la Provincia de Las Palmas, el Ilmo. Sr. D. Javier Ródenas y el Excmo. Sr. D. Rafael Fernández Valverde, Magistrado del Tribunal Supremo (Sala 3ª) reflexionarán mañana a las 10.00 horas en el marco del Congreso en una mesa debate sobre la “Supresión de los convenios urbanísticos”. El eje central serán los convenios urbanísticos como motor de la especulación y uno de los principales factores de la corrupción urbanística. Moderará esta mesa D. Carmelo Padrón Díaz, Catedrático de Arquitectura Legal de la ULPGC.
En las últimas décadas se ha generalizado la práctica de los convenios de planeamiento urbanístico A través de los mismos, la Administración y los particulares pactan contraprestaciones recíprocas que suelen consistir en la modificación o revisión del planeamiento para aumentar el aprovechamiento urbanístico o la edificabilidad de determinados terrenos a cambio de un incremento de las cesiones de suelo o de las obligaciones de urbanización, o bien directamente de un monto de dinero en metálico.
No siempre se justifica adecuadamente la necesidad e interés público/social que se persigue con el convenio; es decir, en qué se beneficia la sociedad con la actuación convenida. Justificación necesaria, además, cuando la mayoría de los convenios inician su tramitación a instancia de los particulares interesados.
Se cuestionará, por ejemplo, si es coherente con nuestra Constitución y principios rectores de la política urbanística el abuso y protagonismo desmesurado de los convenios urbanísticos como estrategia municipal de planeamiento. En definitiva, se hará un análisis de supuestos de corrupción urbanística y prevaricaciones urbanísticas ligadas al abuso de los convenios urbanísticos.
A las 12.30 horas, D. Miguel Ángel Rodríguez Martínez, técnico urbanista y Secretario General del Cabildo Insular de Fuerteventura; y D. Luis Fernández Prieto González, Secretario General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, debatirán acerca de “Los efectos de la directiva de Servicios sobre las licencias de obras y otros títulos habilitantes”, moderados por D. Andrés González Sanfiel, Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna.
Ya por la tarde (16.00 horas) se reflexionará sobre “El derecho urbanístico entre el derecho penal y el derecho administrativo”. Se debatirá sobre la polémica tipificación de los delitos urbanísticos en el Código Penal de 1995 y las consecuencias de la reforma última de junio de 2010, que amplía el ámbito de los delitos y agrava las penas. (16.00 horas)
El Excmo. Sr. D. Manuel Marchena, Magistrado del Tribunal Supremo (Sala 2ª), y el Ilmo. Sr. D. Javier Varona, Magistrado de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC (Las Palmas) desarrollarán este interesante debate, en el que analizarán los pros y contras de la nueva regulación, tanto desde una perspectiva penal como contencioso-administrativa, lo que permitirá discutir aspectos tan importantes como la extensión de la prevaricación urbanística o la inexistencia de una prejudicialidad administrativa, entre otras cuestiones de actualidad. Moderará este debate el Dr. D. Francisco Hernández González, Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna.
La conferencia de clausura, que tendrá lugar a las 18.00 horas, estará a cargo de D. Fernando López Ramón, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza. Presentará esta ponencia final, que lleva por título “El principio de no regresión en la desclasificación de espacios naturales protegidos” D. Adolfo Jiménez Jaén, Profesor de Derecho Administrativo de la ULPGC.
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