En solidaridad con el niño por nacer

Valladolid (Castilla y León), 07 de abril de 2014 / Cartas al Director / Josefa Romo Garlito.

El anteproyecto de Gallardón sobre el aborto, ha desatado un fuerte debate. En la proximidad del "Día Internacional del Niño por Nacer" ( 25 de marzo), hubo una multitudinaria Manifestación en Madrid a favor de la vida, y también en otras ciudades ( Sevilla, Barcelona, Zamora...),  además de importantes Vigilias que, en solidaridad con el niño concebido, llenaron iglesias y catedrales en Madrid, Valladolid, Zamora, etc. 

Que el aborto preocupe, es natural, pues tiene que ver con el derecho, la política, la ética, la religión, la demografía, la economía... La ley se ha desentendido de los niños no nacidos. No puede comprenderse desde el sentido común, que  siempre los ha reconocido desde en el principio de su vida; ni desde los avances de la Ciencia, que confirman la naturaleza humana del "nasciturus";  ni desde las muestras de la técnica,  que nos los enseña en estupendas ecografías tridimensionales. El niño por nacer sólo necesita tiempo para crecer y madurar. El aborto es un ensañamiento contra el ser humano más inocente, débil e indefenso, crueldad impensable en una sociedad justa, moralmente sana. 

Gallardón quiere devolver el reconocimiento de la dignidad humana desde la primera fase de la vida. A pesar de los flecos, es positivo. Por favor, dese prisa:  son 300 los niños sacrificados en "abortorios" españoles cada día.  

CEAR celebra la primera concesión de asilo a una víctima de trata.

Espera que esta decisión del Gobierno no sea un hecho puntual y estemos asistiendo al nacimiento de una nueva etapa de decidida protección hacia las víctimas de trata.

Madrid (España), 21 de octubre de 2013 / 

Es la primera vez que se concede asilo a una víctima de trata con fines de explotación sexual en nuestro país, hecho que CEAR celebra, tanto por el reconocimiento del derecho a la ciudadana nigeriana que lo solicitó, como por el precedente que sienta de cara al futuro. La víctima llegó hace tres años a España y solicitó protección internacional para intentar huir de las garras de la mafia que estaba traficando con su vida y explotando su cuerpo. El asilo le ha sido concedido a ella y a su hija de 3 años, de quién estaba embarazada cuando llegó a nuestro país.

Hasta ahora las autoridades españolas se negaban sistemáticamente a aceptar las solicitudes de asilo de las mujeres víctimas de las mafias de explotación sexual. Se anteponía la eficacia policial en la lucha contra las redes criminales por encima de la vulnerabilidad de las víctimas y de sus especiales necesidades de protección. Una práctica que CEAR ha denunciado públicamente en múltiples ocasiones, reivindicando el reconocimiento del derecho a solicitar asilo y protección internacional a las víctimas del tráfico de personas con fines de explotación sexual. Por este motivo CEAR celebra esta decisión del Gobierno y espera que inaugure una nueva etapa de decidida protección hacia las víctimas de trata en nuestro país.

Para CEAR existe un vínculo claro entre la trata y la persecución por motivo de género, motivo reconocido en la Ley de Asilo. Si las autoridades españolas asumen a partir de ahora este criterio implicará una mayor protección de las víctimas de trata al igualarse al nivel de protección con el que cuentan el resto de solicitantes de protección internacional siempre que se respete el principio de no devolución.

CEAR, como miembro de la Red Española contra la Trata de Personas demanda una Ley Integral contra la Trata que se desarrolle desde una perspectiva de defensa y respeto a los derechos humanos y solicita que España cumpla con su responsabilidad de protección a las víctimas.

Gran Canaria, sede II Jornadas Nacionales de Derecho y Turismo

·   El objetivo de este congreso es el de convertir a Canarias en punto de referencia nacional del Derecho del Turismo y las empresas vinculadas al sector

·   Contará con la participación e intervención de numerosos expertos, así    como la asistencia de directivos de algunas de las compañías turísticas más importantes en el nivel internacional, entre otros.

·   Destacadas autoridades académicas de las Islas Baleares a una nutrida y relevante representación de ponentes del sector, ejes del encuentro de alto perfil técnico e institucional

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de abril de 2013 / Turismo - Derecho - Jornadas / Gabinete de Prensa

La capital grancanaria acoge los días 29 y 30 de Abril en el Palacio de Congresos Infecar las II Jornadas de Derecho y Turismo de las Islas. La importancia del turismo para Canarias resulta innegable en cuanto constituye el primer destino turístico del mundo y es un sector capaz de generar puestos de trabajo y dinamizar la economía. A juicio de Ignacio Calatayud, director de las Jornadas, y que es profesor de Derecho Administrativo del CUNEF Madrid así como doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, la estructura del territorio en Canarias y las potencialidades de la renovación de la oferta turística deben contar con el equilibrio entre la alta calidad y la protección del medio natural. Entre los asistentes, cabe destacar la presencia de profesionales de prestigio internacional tanto de Canarias como de otro de los mercados punteros mundiales en turismo como Baleares.

El objetivo de las jornadas es intentar unificar un discurso de cohesión en unos momentos de crisis y recesión económica, donde cobra cada vez más importancia la existencia de un marco jurídico claro y preciso en que se muevan los diversos agentes implicados en el sector y donde se proteja eficazmente a consumidores y usuarios. Canarias está aplicando una serie de normativas, como puede ser la Directiva de Servicios o la Directiva de viajes combinados, que fija unos objetivos que deben ser alcanzados por los Estados miembros a través de la legislación de transposición. La inscripción en las jornadas se puede encontrar en la web: www.derechoyturismoencanarias2013.com

El objetivo de este congreso es el de convertir a Canarias en punto de referencia nacional del Derecho del Turismo y las empresas vinculadas al sector. En esta ocasión, se ha invitado a autoridades académicas de las Islas Baleares a una nutrida y relevante representación de ponentes del sector. Contará con la participación e intervención de numerosos expertos, así como la asistencia de directivos de algunas de las compañías turísticas más importantes en el nivel internacional, entre otros.

Entre las cuestiones a tratar, destacan: Las modalidades contractuales en el negocio hotelero, el mundo empresarial y la distribución en Internet, los apartamentos y alojamientos turísticos, el turismo y mundo laboral, las tasas turísticas, 'Hospitality Law', alojamiento y Derecho del Consumo, responsabilidades civiles y penales de profesionales y clientes.

En estas Jornadas se analiza cómo ha impactado el Derecho de la Unión Europea en el turismo, configurando un complejo marco de normas. El proceso de liberalización de un sector relevante de la economía canaria no debe perder de vista la necesidad de proteger adecuadamente a los consumidores y usuarios para alcanzar unos servicios competitivos pero al mismo tiempo de calidad.

Entrevista a Antonio del Moral, Fiscal del Tribunal Supremo y recientemente nombrado Magistrado

Las Palmas de GC, 9 de marzo de 2012 / Jornadas - Derecho - Medicina / Gabinete de Prensa.

Antonio del Moral, Fiscal del Tribunal Supremo y recientemente nombrado Magistrado del Supremo, ha impartido hoy una ponencia sobre “Conciencia frente a Ley: Objeción de conciencia en las profesiones sanitarias” en el marco de las Jornadas sobre Derecho y Medicina que se están impartiendo en el Hotel Cristina de la capital grancanaria

Asegura que son frecuentes los supuestos de testigos de Jehová que, por razones de convicciones, se niegan a ser sometidos a una trasfusión sanguínea pese a poder pronosticarse que en la intervención a la que van a ser sometidos puede ser ineludible para salvar su vida.

“En este supuesto tratado en la jurisprudencia en varias ocasiones, hay que valorar también la conciencia del médico que repudia abstenerse de esa trasfusión cuando esa omisión acarrea la vida del paciente y no sólo la de éste. Y, desde luego, si se trata de un menor el ordenamiento sitúa su vida por encima de la conciencia de sus padres o la suya propia”, señala.

En un país laico, ¿cómo cree que debe articularse el derecho a la objeción de conciencia?

Entiendo que es importante destacar que la conciencia no es un asunto “religioso” o poco “laico”. Todas las personas tenemos convicciones: un concepto del bien y del mal y de lo que debemos y no debemos hacer.

Algunas de esas convicciones pueden hundir sus raíces en concepciones religiosas. Otras no. Unas y otras han de ser respetadas en la medida de lo posible. La libertad de conciencia está unida no solo a la libertad religiosa, sino también a la libertad ideológica. Por eso también el Estado ha de salvaguardar la conciencia del “arreligioso”. En este sentido presenta interés un supuesto en que el Tribunal Constitucional otorgó el amparo a un militar por no haberse respetado su “objeción de conciencia” a integrar una formación para rendir honores a la Virgen.

Pero eso no significa que haya de prevalecer siempre la conciencia individual. Sólo cuando ello sea posible sin que padezcan derechos de terceros. Cuando no puede salvaguardarse la opción de conciencia sin afectar a derechos e intereses legítimos de terceros o a principios esenciales en un Estado (igualdad, salud de las personas, interés de los menores) ha de sacrificarse esa opción de conciencia.

En todo caso me parece que no puede ni trivializarse la objeción de conciencia haciendo pasar por problemas de conciencia lo que no son más que opciones legítimas, pero no vinculadas a esos conceptos esenciales de lo bueno y lo malo o simples elecciones de tipo político o ideológico pero no tan esenciales en esas categorías de lo bueno y lo malo (lo que uno no está dispuesto a hacer porque lo repudia hondamente su conciencia); ni tampoco despreciarse como algo pintoresco de personas poco dispuestas a someterse a la voluntad general. El respeto a las minorías impulsa a ser respetuosos con esas opciones de conciencia, siempre que no lesionen derechos de terceros ni principios de orden público. Y una Sociedad que mantiene esa actitud respetuosa con la conciencia de cada uno, acaba por ser una Sociedad donde los ciudadanos acabarán actuando más por razones de conciencia que de conveniencia.

La objeción de conciencia ¿es un derecho legalmente reconocido? ¡Individual o colectivo?

La objeción de conciencia es un derecho individual. Cosa diferente es el ideario de centros privados que podría llevar a consecuencias similares, pero conceptualmente distintas. Hablando de centros de titularidad pública, la objeción de conciencia ha de ser individual. Si nos movemos en centros de titularidad privada, la objeción de conciencia de los propietarios puede determinar la identidad del centro.

Los supuestos religiosos o la cultura cristiana, ¿han influido sobremanera históricamente en el desarrollo de la profesión médica, y que por ello estos casos tienen una peculiar lectura en nuestros país de tradición judeo-cristiana?

Es obvio que toda Europa tiene raíces judeo-cristianas y eso marca nuestro ADN cultural y la concepción sobre muchos aspectos de la vida y la moralidad. Pero no puede olvidarse que Grecia y Roma también tienen un peso enorme en nuestras tradiciones y también en la profesión médica y en sus principios deontológicos.

La objeción de conciencia solo está reconocida en la Constitución de manera expresa cuando se refiere al servicio militar obligatorio. Pero el Tribunal Constitucional declaró hace más de veinte años que la Constitución amparaba la objeción de conciencia por exigencias de los derechos a la libertad ideológica y de religión. Hoy ese necesario respeto a la objeción de conciencia –con sus condicionantes y limitaciones como he destacado antes- aparece también en la Constitución Europea.

Usted ha dicho que “Hay que intentar salvaguardar la conciencia de todos, aunque otra cosa es que tenga sus limitaciones”. ¿Puede ampliar más esta idea?

Sí, claro. Creo que la premisa inicial es válida: en la medida de lo posible –y solo en la medida de lo posible. Debe crearse el marco para que los ciudadanos -todos los ciudadanos- puedan sentirse a gusto en una sociedad cada vez más plural y multicultural en la que puedan desarrollar su proyecto vital de acuerdo con esas profundas convicciones a las que catalogamos como “conciencia”. El Estado debe ser lo suficientemente flexible y tolerante como para no intentar imponer un código moral único o una forma de pensar estereotipada de forma que el que se parte de ella quede anatematizado. Por eso, cuando de ese respeto a la libertad de conciencia de alguien no se deriva ningún perjuicio no hay por qué imponer una forma de actuar contraria a la conciencia, aunque sí será legítimo exigir en su caso algún comportamiento sustitutorio (como sucedería con el servicio social sustitutorio). Sólo cuando se compruebe que esa objeción de conciencia no es sincera (es decir está alentada por otros motivos: aunque eso puede combatirse con esas conductas sustitutivas) o no puede armonizarse con los derechos de otros o con valores esenciales de nuestro ordenamiento jurídico (como es el respeto a la vida o a la dignidad de las personas) deberá limitarse ese derecho a comportarse de acuerdo con las propias convicciones profundas.

En otro orden de cosas, ¿Cuáles son los principales problemas médico-jurídicos con los que usted se ha encontrado en su profesión?

Son muy variados. Desde los casos de imprudencias médicas hasta los no infrecuentes supuestos de testigos de Jehová que, por razones de convicciones, se niegan a ser sometidos a una trasfusión sanguínea pese a poder pronosticarse que en la intervención a la que van a ser sometidos puede ser ineludible para salvar su vida. En este supuesto tratado en la jurisprudencia en varias ocasiones, hay que valorar también la conciencia del médico que repudia abstenerse de esa trasfusión cuando esa omisión acarrea la vida del paciente y no sólo la de éste. Y, desde luego, si se trata de un menor el ordenamiento sitúa su vida por encima de la conciencia de sus padres o la suya propia.

Brígida Mendoza: “No vamos a permitir que el Servicio Canario de Salud pierda calidad por los recortes del Gobierno Estatal”

La Consejera de Sanidad del Ejecutivo Regional ha calificado este servicio como “excelente” hoy en la inauguración de las Jornadas sobre Derecho y Medicina, en Gran Canaria


Asegura que “desde la Consejería de Sanidad no hemos nombrado en ningún momento el copago” y que lo que va a reclamar es “que se nos financie de forma justa”


Vicente Olmo, director de este congreso, ha afirmado que “El copago ya existe; de hecho, ya pagamos un 40%”


Sobre la muerte digna, uno de los temas centrales de estas Jornadas, recordó que existe un registro de voluntades anticipadas, y que “el ciudadano debe concienciarse sobre esto y debe dejar por escrito cómo queremos terminar el final de nuestras vidas”


Vicente Garrido, Fiscal Superior de Canarias, afirmó que “es imposible estadísticamente saber cuántas reclamaciones hay porque no se registra, desde el punto de vista penal, en ningún sistema informático ningún error o imprudencia médica”

Las Palmas de GC, 8 de marzo de 2012 / Jornadas - Derecho - Medicina / Gabinete de Prensa.

“La asistencia sanitaria es un servicio básico. Vamos a intentar no tocar nada salvo que vengan brigadas del Gobierno de España. Vamos a seguir reclamando el déficit de financiación que tenemos y no vamos a dejar que baje la calidad. En este momento, no vamos a tolerar que se toque el Servicio Canario de Salud. Todos tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad”. Así lo ha afirmado hoy la Consejera de Sanidad Brígida Mendoza, en referencia a los anunciados recortes por parte del Gobierno estatal y en referencia al aún no aprobado presupuesto del Estado y cómo afectará a Canarias. Ha realizado estas declaraciones con motivo de su participación en el acto inaugural de las Jornadas sobre Derecho y Medicina, que se desarrollan hasta mañana en el Hotel Cristina de la capital grancanaria.

“Desde la Consejería de Sanidad creemos que tenemos un Servicio Canario de Salud excelente, con unos profesionales muy comprometidos, con un alto grado de formación, que dan una existencia de calidad en todos los aspectos. No vamos a dejar que el Servicio Canario de Salud pierda ni un ápice de calidad”, aseveró.

Sobre la posibilidad del copago en Canarias, Mendoza aseguró que “desde la Consejería de Sanidad no hemos nombrado en ningún momento el copago. Lo que sí vamos a reclamar es que se nos financie de forma justa, y es de justicia que nuestra financiación sea la adecuada”. Recordó que Canarias es una de las comunidades españolas con un déficit de financiación en Sanidad “importante”. “He reclamado en el Consejo Interterritorial y lo seguiré haciendo, que el Estado sea consciente de ello. Debe tratar a todas las Comunidades de igual manera. El Gobierno de España debe entender nuestras particularidades, al encontrarnos en un territorio archipielágico”.

Sobre las críticas de los sindicatos por la reducción de personal en la Consejería de Sanidad, explicó que “no ha habido despidos ni suspensiones de contratos. Lo que ha habido son contratos eventuales que finalizaban y que no eran necesarios renovar”. En total, se trata de 470 personas que se han visto afectadas entre el 31 de diciembre y el 31 de enero.

Sobre si han aumentado o no las quejas y reclamaciones en los últimos tiempos, considera que es “pronto” para hacer una valoración.

Vicente Garrido: “Es imposible estadísticamente contar cuántas reclamaciones se producen porque no se registran las penales en ningún sistema informático”

Vicente Garrido, el Fiscal Superior de Canarias, participó en la inauguración de las Jornadas de Derecho y Medicina de Canarias. “Los conceptos de medicina y derecho se mezclan mucho, porque los dos tienen como elemento de trabajo el hombre. Los errores médicos se producen, y eso supone un conflicto de intereses entre las personas que sufren el error y las personas que lo producen. Ese conflicto debe ser resuelto por el derecho a través de reclamación. ¿Cómo se debe encauzar la justa pretensión de una reclamación ante cualquier actividad errónea o supuestamente errónea en un acto médico? Está encauzada a través de dos vías: la responsabilidad penal y la civil. La justicia española lo que hace es otorgarles carácter judicial”, explicó.

Sobre el número de reclamaciones y quejas en Canarias en el ámbito sanitario, explicó que “es imposible estadísticamente contar cuántas reclamaciones hay porque no se registran, desde el punto de vista penal, en ningún sistema informático ningún error o imprudencia médica. La vía penal tiene más repercusión mediática”.

Vicente Olmo: “El copago ya existe; de hecho, ya pagamos un 40%”

“Yo creo que el copago ya existe. De hecho, pagamos un 40%. Y posiblemente, sea una de las medidas a estudiar, como hay en otros países que ya tienen copagos establecidos”, afirmó el director de las Jornadas, Vicente Olmo, ex Director General de Farmacia del Gobierno de Canarias, y farmacéutico.

Por otro lado, indicó “el retraso con el que va saliendo la legislación”. “Frente a los avances científicos en biotecnología y biomedicina, la legislación que protege a los profesionales que nos dedicamos a este campo va más retrasada”.

La Ley de Muerte Digna está siendo analizada en el marco de estas Jornadas de Derecho y Medicina. Vicente Olmo ha querido aclarar que “La población está confundida en cuanto a eutanasia y muerte digna.

No tienen nada que ver. La eutanasia aquí en España está penalizada. Otra cosa es la muerte digna: consiste en tratar al paciente de forma digna hasta el final de sus días. En pacientes con patologías irreversibles, como las oncológicas, el médico puede actuar de una forma concreta, administrando mayor dosis de fármacos para el dolor. Sólo se aplica en pacientes concretos, básicamente oncológicos”.

Uno de los temas claves de estas Jornadas está siendo el debate en torno al consentimiento informado. En este sentido, explicó que existe un consentimiento “para que cuando llegue el momento, poder tomar decisiones. Si queremos que se nos sometan a pruebas, o que se nos pongan un tratamiento X. Hay un registro de voluntades anticipadas, y el ciudadano debe concienciarse sobre esto. El ciudadano debe dejar por escrito cómo quiere terminar el final de su vida. Otra cosa son las medidas que se aplican a los pacientes oncológico a través de, por ejemplo, morfina”.

Eduardo de Urbano: “De las más de 100 reclamaciones que se presentaron en materia sanitaria el año pasado en el Tribunal Supremo prosperó sólo un 10%”

El Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, quien participó hoy en las Jornadas sobre Derecho y Medicina, organizadas por JurisVegueta Distribuciones, aseguró que se están incrementando las reclamaciones en la vía civil y administrativa

Señaló que los pleitos médico-judiciales, tanto los que van por la vía civil como por la penal, tardan una media de cuatro o cinco años en resolverse: “La justicia tiene problemas de falta de medios”

Sobre la reforma de la Ley del Aborto, explicó que éste un delito según el Código Penal e indicó que en tres supuestos concretos “no se considera punible”, por lo que cree que “eso se va a seguir manteniendo”. “Probablemente, se adelantará la reforma a la resolución”, matizó

Las Palmas de GC, 8 de marzo de 2012 / Jornadas - Derecho - Medicina / Gabinete de Prensa.

El Ilmo. Sr. D. Eduardo de Urbano Castrillo, Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, participó hoy en las Jornadas sobre Derecho y Medicina, organizadas por JurisVegueta Distribuciones, que se celebran en el Hotel Cristina de la capital grancanaria, impartiendo una ponencia sobre “La responsabilidad Penal Médica: Estado actual de la cuestión”.

Señaló que, “al menos en el ámbito penal la mayoría de las reclamaciones no prosperan, porque existe la idea de que cuando hay un mal resultado ya hay una responsabilidad sanitaria y eso no es cierto. La jurisprudencia está centrada en una mala praxis, por descuido o atención debida. La reclamación empieza cuando hay un perjuicio, pero la prosperabilidad, no depende tanto del mal resultado como de que se constante que ha habido una mala praxis”.

Explicó cómo está la situación en la actualidad en cuanto a las reclamaciones que se interponen por lo civil y lo penal. “Hemos pasado del ámbito penal al civil, porque no han prosperado las penales salvo las muy graves, de errores muy crasos. En la civil se busca una compensación económica. La vía penal siempre se ha utilizado como un medio de amenaza o coactivo que puede estar bien para facilitar una negociación. Pero cuando uno se adentra en la vía penal el éxito no es fácil que llegue. Por eso, se están incrementando las reclamaciones en la vía civil y administrativa. El año pasado en el Supremo, de las más de 100 reclamaciones que se presentaron en materia sanitaria, recursos de casación, en concreto, prosperaron sólo un 10%, y ninguna había en el ámbito penal”.

Eduardo de Urbano aportó datos, de cosecha propia, de los tres últimos años de toda España, referidos al tiempo que tardan en resolverse los pleitos médico-judiciales en los Tribunales: “Con las dos instancias, pueden tardar una media de 4 o 5 años. La reclamación sanitaria soporta la dificultad de la prueba, el tema de las pericias. Hay asuntos en los que intervienen bastantes peritos. Yo creo que la Justicia tiene problemas por falta de medios. Debería ser más rápida”.

Sobre la reforma de la Ley del Aborto, indica que “es un tema que está en el Constitucional, estudiándose si se va a retirar o no el recurso. Probablemente, se adelantará la reforma a la resolución. Problema sobre las menores de edad. El resto mantiene la regulación de los supuestos. Si ese tema se cambia, que es la voluntad del Ministro, volveremos a una situación similar. Es un delito según el Código Penal, porque es la muerte de un ser humano que tiene derecho a la vida, lo que pasa es que en tres supuestos concretos no se considera punible. Y yo creo que eso se va a seguir manteniendo”.

Inauguración Jornadas de Derecho y medicina

Las Palmas de GC, 8 de marzo de 2012 / Jornadas Derecho y Medicina / Gabinete de Prensa.

Hoy jueves, 8 de marzo, a las 9.15 horas darán comienzo las Jornadas de Derecho y Medicina en el Salón Canteras del Hotel Cristina de Las Palmas de Gran Canaria, que se desarrollarán hasta este viernes. En el acto de apertura oficial estarán presentes la Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza; el Fiscal Superior de Canarias, Vicente Garrido; el Decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, Joaquín Espinosa Broissier; y el director de las Jornadas, y ex Director General de Farmacia del Gobierno de Canarias, Vicente Olmo.
Brígida Mendoza, Vicente Garrido y Vicente Olmo harán declaraciones a los medios de comunicación que lo deseen antes de la apertura de las Jornadas.

El Ilmo. Sr. D. Eduardo de Urbano Castrillo, Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, hará declaraciones a los medios mañana tras su ponencia, en el momento del coffee break, previsto a las 11.15 horas.

Hoy las Jornadas estarán centradas en la “Responsabilidad civil y penal del médico”, y comenzarán a las 09.45 horas. El primer bloque, moderado por Dª María Rosa Díaz-Bertrana Marrero, Letrada del Colegio de Abogados de Las Palmas se inicia con una ponencia a cargo de Jaime Maldonado Ramos, Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo sobre “La responsabilidad médica en el ámbito civil: últimos pronunciamientos jurisprudenciales”; a las 10.30 horas, Eduardo de Urbano Castrillo, Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, disertará sobre el estado actual de la responsabilidad penal médica.

Tras una pausa, se celebrará una mesa redonda que comenzará a las 11.45 horas, en la que intervienen Leopoldo Cólogan Rodríguez de Azero, Letrado de Garrigues Abogados, quien se centrará en "La defensa del profesional médico"; Luis Barber Marrero, Abogado de Barber Asociados, quien disertará en su intervención sobre el "Derecho Sanitario y Derecho del paciente: Responsabilidad médica"; Manuel Alfonso Villa Vigil, Presidente del Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España, que hablará sobre la delimitación entre los actos profesionales de dentistas y protésicos dentales para la tipificación del intrusismo (o del delito de intrusismo) en las rehabilitaciones odontológicas"; y Alberto Barrio Claver, Jefe de Servicio de Prestaciones de la Consejería de Sanidad, quien concluirá con un análisis de "Los Servicios de Prestación como transmisores de la responsabilidad médica".

Ya por la tarde, a partir de las 17.00 horas, las Jornadas girarán en torno a la responsabilidad patrimonial de la Administración. Carlos Lesmes Serrano, Magistrado Sala 3ª del Tribunal Supremo, hablará sobre “La responsabilidad de las Administraciones Públicas por la defectuosa asistencia sanitaria”; y Diego Córdoba Castroverde, Magistrado Presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, analizará la “Pérdida de Oportunidad en el ámbito de la Responsabilidad Patrimonial”.

Una mesa redonda analizará varios aspectos alrededor de la responsabilidad patrimonial, compuesta por D. Luis Medina Alcoz, Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid; Sergio Santana Acosta, Letrado de la Dirección General de Servicios Jurídicos de la Consejería de Sanidad; y Julio Santiago Angulo, Técnico de la Función Administrativa del Complejo Hospitalario Universitario Materno Insular de Gran Canaria.

Vicente Olmo: “Los médicos deberían facilitar una muerte digna”

Jornadas Derecho y Medicina

Aunque no se muestra partidario de la eutanasia, así lo ha afirmado el ex Director General de Farmacia y Director de las Jornadas de Derecho y Medicina, que se celebrarán los próximos jueves y viernes en Gran Canaria, y que analizarán la Ley de Muerte Digna en toda su extensión

Olmo señala que los afectados por una infracción o delito en el sector sanitario se decantan más por lo penal para denunciar los casos que por lo civil “porque es más rápida que la vía civil, aunque las indemnizaciones no tendrían una mayor cuantía”

Sobre el intrusismo en Canarias, destaca que “para intentar acotarlo, desde diversas esferas, se destaca la necesidad de que los colegios profesionales sanitarios cumplan un papel activo en la ordenación del ejercicio de las profesiones”

Las Palmas de GC, 8 de marzo de 2012 / Jornadas Derecho y Medicina / Gabinete de Prensa.

“No soy partidario de la eutanasia, pero sí de que a la hora de enfrentarnos a situaciones de finales de la vida, los médicos que me atiendan puedan facilitarme una muerte digna”. Es lo que considera Vicente Olmo, ex director General de Farmacia del Gobierno de Canarias, Farmacéutico y director de las Jornadas sobre Derecho y Medicina, organizadas por JurisVegueta Distribuciones, que se celebrarán en Las Palmas de Gran Canaria los próximos jueves y viernes, 8 y 9 de marzo, respectivamente.

Aspectos relacionados con las responsabilidades penales y patrimoniales serán objeto de análisis en algunas de las ponencias que se desarrollarán durante estas jornadas, contando para ello con ponentes como Jaime Maldonado, Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, que hablara sobre la responsabilidad civil, y Eduardo de Urbano Castrillo, Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo que nos indicará su punto de vista la responsabilidad penal, entre otros ponentes.

Las cuestiones éticas en el entorno sanitario será uno de los temas clave de estas Jornadas, y se abordarán no sólo a través de ponencias sino también a través de una mesa redonda. Los ponentes debatirán sobre el consentimiento informado, la OMC ante la Ley de Muerte Digna, el código deontológico, conciencia frente a ley y cuestiones jurídicas ante el final de la vida. Para analizar estos asuntos se contará con las intervenciones de Ramón Castillo Badal, Magistrado del Tribunal Supremo; Antonio del Moral, Fiscal del TS; Marcos Gómez Sancho, Jefe de Paliativos del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y Presidente de la Comisión Nacional Deontológica de la OMC; Fermín García, Vicepresidente del CEA, y neonatólogo; Santiago Paramón de la unidad técnica de Farmaindustria o Emilio Sanz, Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna, entre otros.

Olmo señala que hasta finales del siglo pasado, la regla general era que los médicos tuvieran la última palabra en cuanto a los tratamientos a aplicar a cada paciente. “Actualmente, es numerosa la legislación que contempla el derecho a la autonomía del paciente y, consecuentemente, a decidir sobre su vida o el fin de la misma. Un ejemplo de este respeto a la autonomía del paciente es la introducción, de manera generalizada, del consentimiento informado y de la elaboración del documento de voluntades anticipadas, en su caso. Como el introducido en nuestra comunidad de 8 de febrero de 2006 Decreto 13/2006, los pacientes podemos dejar constancia de qué queremos en determinadas situaciones, decisiones que obviamente resultan difíciles de tomar a nuestros familiares”.

Otro de los bloques de las Jornadas estará centrado en las responsabilidades civil y penal del médico. En este sentido, Vicente Olmo cree que los afectados por una infracción o delito se decantan más por lo penal para denunciar los casos que por lo civil “porque es más rápida que la vía civil, pero las indemnizaciones que pudieran darse no tendrían una mayor cuantía”.

Sobre la nueva Ley de Salud Pública, Olmo considera que esta Ley 33/2011 “marca un hito en el campo de la Salud de los ciudadanos, demandada desde hace muchos años con el objeto regular aspectos de vital importancia para salud colectiva, como el derecho a los ciudadanos a recibir información, o participar en las actuaciones de salud pública”. “Además, va a permitir que todo su articulado pueda adaptarse a las diferentes CCAA. Salvo dos artículos que siguen bajo la tutela de la Administración del Estado. Por primera vez, se habla de sanidad ambiental en su articulo 30, estableciéndose la obligación de elaborar programas de sanidad ambiental coordinado por la Administraciones Públicas, que tenga por objetivo elevar la protección de los ciudadanos antes los riesgos derivados de condicionantes ambientales, se fijan inflaciones en materia de salud pública, regulándose en una disposición adicional la figura del psicólogo sanitario”.

Cuestionado sobre el intrusismo en Canarias, Olmo destaca que “para intentar acotarlo, desde diversas esferas, se destaca la necesidad de que los colegios profesionales sanitarios cumplan un papel activo en la ordenación del ejercicio de las profesiones, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios frente al intrusismo sanitario. Asimismo se deben controlar los contenidos y nomenclaturas de los cursos que ofrecen las academias y universidades privadas, con el fin de evitar que induzcan a error y confusión con los reglados oficialmente”.

El Sistema Público de Salud es otro de los temas que se abordarán en estas Jornadas de derecho y Medicina. Olmo detalla que “la última encuesta que se realizo al respecto dio como respuesta de un alto nivel de satisfacción de la Sanidad Pública, debido a la Cartera de Servicios tan amplia que se tiene y que las Comunidades Autónomas, si sus presupuestos se lo permiten, pueden ampliar”.

Finalmente, Olmo destaca que la importancia del Derecho Sanitario se hace evidente en los últimos años, no sólo por las importantes modificaciones legales producidas o en trámite de modificación en nuestro país en estas materias, sino por la aplicación del Derecho Internacional, más concretamente el de la Unión Europea, que repercute de manera trascendental en la toma de decisiones que en el ámbito sanitario nacional se realizan. “Los acelerados avances de las ciencias biomédicas están generando una viva discusión sobre múltiples aspectos que obligan al derecho a responder o actualizarse con igual celeridad”, matiza.

Todo ello afecta de manera particular a las profesiones sanitarias, así como también a ámbitos tan importantes como la gestión, acreditación de instituciones, economía de la salud y la instauración de políticas sanitarias. Se determina así, la imperiosa necesidad de tener un conocimiento detallado de las particularidades que el Derecho Sanitario establece en nuestra sociedad. De ahí la importancia -apunta- de celebrar estas Jornadas de Derecho y Medicina.

Eduardo de Urbano: “Vivimos en la cultura de la reclamación”

JORNADAS DE DERECHO Y MEDICINA

El Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo participa este jueves en las Jornadas sobre Derecho y Medicina, organizadas por JurisVegueta Distribuciones, que se celebran en la capital grancanaria, con una ponencia sobre la responsabilidad Penal Médica

Asegura que las reclamaciones ante las imprudencias médicas acaban mayoritariamente en sobreseimiento o absolución, por lo que no triunfan, y que con la sentencia ante el Juzgado y el recurso ante la audiencia, los pleitos médico-judiciales tardan una media de cinco años en resolverse

Apunta que los españoles se quejan ante graves resultados como muertes y lesiones; y, en otro orden de cosas, retrasos y deficiencias en la atención, principalmente

Sobre el consentimiento informado, considera que “los pacientes no son informados de que toda intervención quirúrgica entraña un riesgo y puede salir mal aunque el médico actúe correctamente”

Las Palmas de GC, 6 de marzo de 2012 / Jornadas de Derecho / Gabinete de Prensa.

“Vivimos en una ‘cultura de derechos’ que se traduce en el ámbito judicial, en una ‘cultura de la reclamación’ de la que no escapa el ámbito sanitario”. Así lo ha asegurado el Ilmo. Sr. D. Eduardo de Urbano Castrillo, Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, quien participa este jueves a las 10.30 horas en las Jornadas sobre Derecho y Medicina, organizadas por JurisVegueta Distribuciones, que se celebran en el Hotel Cristina de la capital grancanaria, impartiendo una ponencia sobre “La responsabilidad Penal Médica: Estado actual de la cuestión”.

En las últimas dos décadas se viene produciendo un incremento importante de reclamaciones ante la Administración de Justicia por supuestas malpraxis médicas, más que por error de diagnóstico, según De Urbano.

Durante su intervención, el Magistrado ofrecerá un estudio actualizado de cómo está la responsabilidad penal médica, en estos momentos, facilitará datos y causas del número de reclamaciones –“que, por cierto, no disminuyen”, apunta- y comentará algún caso reciente.

De Urbano se queja de las estadísticas sobre las reclamaciones de los pacientes, “francamente mejorables”. Lo que sí está claro, dice, es que los españoles se quejan ante graves resultados: muertes lesiones y, en otro orden de cosas, retrasos y deficiencias en la atención, principalmente.

Según sus datos, “las reclamaciones ante las imprudencias médicas acaban de forma mayoritaria en sobreseimiento o absolución. Las condenas no son tanto por errores de diagnóstico como por mala praxis”.

Sobre los porcentajes de demandas o denuncias que prosperan, De Urbano no se atreve a dar cifras concretas “pero en la mayoría de los casos –al menos en la vía penal- la reclamación no triunfa”.

Sobre el tiempo que tardan en resolverse los pleitos médico-judiciales, opina que con las dos instancias, esto es, sentencia del Juzgado y recurso ante la Audiencia, pueden tardarse unos cinco años de media.

Cree que se acude más a la vía civil, y últimamente a lo contencioso-administrativo, por dos razones principales: “en cifras globales, los asuntos de naturaleza penal no son los más numerosos, afortunadamente, y, por otro lado, muchas de las actuaciones cuestionadas tienen lugar en la sanidad pública”.

El deber médico que está en la actualidad generando más problemas médico-legales es el Consentimiento Informado. Al respecto, el magistrado cree que esto sucede porque “hay cierta confusión sobre la cuestión. El informar no exime de posibles responsabilidades y, de otro lado, el consentimiento se da a la intervención no a su resultado que, viene después. Además, a mí me parece que los pacientes no son informados de algo tan simple como qué toda intervención quirúrgica entraña un riesgo y puede salir mal aunque el médico actúe correctamente. Y es que todo “acto médico” es un acto complejo en el que intervienen muchos factores, incluido el estado y la condición del paciente. Ya sabe “no hay enfermedades sino enfermos””.

Acerca de la Ley en el sector sanitario, considera que “hay mucha legislación porque es una actividad con muchos frentes que atender. Vivimos una época de “legislación motorizada” que se decía antes, o de regulaciones asfixiantes, y en permanente cambio, podríamos decir ahora”.

Opina que la falta seguridad en el campo de la actividad de los Médicos y en general de la clase sanitaria, y falta certeza en varios aspectos “es y será así, porque el riesgo va unido a actividades profesionales como la medicina, la arquitectura, la aviación o el transporte. De lo que se trata es de estar dispuesto a una actualización de conocimientos permanente y a que se les dote de los medios suficientes para que no resulte demasiado difícil hacer una buena medicina. Nos interesa a todos que sea así”.

El delito contra la Hacienda Pública, el delito económico estrella en Las Palmas

Las Palmas de GC, 18 de octubre de 2011 | Jornadas | Gabinete de Prensa.

La Fiscalía de Las Palmas recibe 4.000 asuntos penales por estafa y apropiaciones indebidas en 2010, un dato que se ha dado a conocer hoy en el marco de la presentación de las II Jornadas sobre delincuencia económica y blanqueo de capitales, organizadas por Juris Vegueta, que se celebrarán los próximos días 27 y 28 de octubre en el Edificio de Usos Múltiples I (Gran Canaria)

Los delitos contra la Hacienda Pública y societarios en Las Palmas ascienden a unas 60 de causas incoadas anualmente, señaló Guillermo García-Panasco, Fiscal Jefe de la Provincia de Las Palmas

Actualmente, la Fiscalía de Delitos Económicos de Las Palmas tiene abiertas 23 diligencias de investigación, lo que preconiza un ligero aumento de este tipo de delitos con respecto a otros años

Javier Gómez Bermúdez, Magistrado Presidente de la Sala de los Penal de la Audiencia Nacional; José Manuel Maza, Magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supremo; el mediático José Antonio Choclán Montalvo, director legal de los máximos imputados en el Caso Gurtel; y Pedro Bermejo, Inspector de Hacienda Jefe de la Unidad de Delitos Económicos de la A.E.A.T. de Las Palmas, son algunos de los ponentes

Estas jornadas pretenden dar a conocer a los empresarios o a los profesionales que los asesoran la necesidad de establecer mecanismos de control y prevención en sus empresas para evitar que se cometan delitos

18 de octubre. Las II Jornadas de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales, organizadas por Juris Vegueta Distribuciones S.L.U., bajo la dirección de Evangelina Ríos, Fiscal Delegada de Delitos Económicos de la Fiscalía de Las Palmas, se celebrarán los próximos días 27 y 28 de octubre en el Edificio de Usos Múltiples I de la capital grancanaria.

Hoy se han presentado a los medios de comunicación estas Jornadas, que contarán con la participación de reputados ponentes a nivel nacional del ámbito de la jurisdicción, que abordarán asuntos relacionados con la reciente reforma del Código Penal y los delitos económicos contra la Hacienda Pública, la prevención del blanqueo de capitales y la corrupción entre particulares, entre otros asuntos de actualidad e interés.
“El delito contra Hacienda Pública es el estrella en Las Palmas, y se refiere a la omisión del deber de pagar, y reviste diversas formas: bien no se presenta la declaración oportuna, bien se presenta pero se omiten cuantiosos beneficios obtenidos en una o varias operaciones o bien se dota RIC y después no se materializa. Existe algún caso de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, pero fundamentalmente nos referimos al concepto de Impuesto de Sociedades”, según Ríos.

“El aumento en relación con otros años, en esta materia es proporcional al que se pueden dar en otras cuestiones. Si vemos las memorias de la fiscalía y del consejo general del poder judicial, todos los años se aumenta levemente el índice de criminalidad en determinados delitos. Igual ocurre con los delitos económicos. En 2008 se dio un dato sorprendente, y era que doblábamos el número de delitos del año anterior. Desde entonces hasta aquí está aumentando, pero no con ese índice tan elevado”, matizó.

“En 2009 se acabó con 28 diligencias de investigación. En 2010, un número casi igual. A día de hoy, estamos a 23 y aún quedan tres meses. Es previsible que superemos el número del año pasado, pero no de una manera exagerada. Hoy en día no podemos decir que este aumento se deba a la crisis ya que hay casos que están en proceso de investigación”, especificó la Fiscal.

En la próxima memoria, que se publicará en marzo del próximo año, se especificará el dato exacto de los delitos contra la Hacienda Pública y de los delitos societarios. Ríos destacó también que la sección de delitos económicos responde a un principio de especialización que se está desarrollando “con buen criterio, que poco a poco ha ido experimentado un ensanchamiento de sus competencias”. En 2008, con la primera edición de las Jornadas, se hablaba fundamentalmente de delitos contra la hacienda Pública, en estas Jornadas se hace referencia también a delitos societarios.

Guillermo García-Panasco, por su parte, señaló durante el acto informativo que los delitos que se van a tratar, “numéricamente hablando en comparación con el nivel actual de delincuencia, son obviamente infracciones menores, pero que, cualitativamente hablando, son de una importancia capital en una sociedad donde deben regir las reglas del libre mercado y los principios básicos como la Seguridad Social entre todos los ciudadanos que integran un estado social y democrático de derecho”.

Según datos de la última memoria de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, “se ha producido un incremento sustancial entre 2008 y 2009, que ha continuado en 2010. Afirmó que el aumento de 2008 a 2009 fue de un 33% del volumen de incoaciones de procedimientos penales por estos tipos delictivos, muchos de los cuales, además, se inician por investigaciones previas de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, que recibe la notificación y los informes de la Agencia Tributaria, así como de las Unidades de Intervención de la Comunidad Autónoma de Canarias, en algunos asuntos relacionados, fundamentalmente, con el fraude de subvenciones”.

Aunque se hable de delincuencia económica en esos términos, tampoco podemos dejar de mencionar –señaló García-Panasco- que estamos hablando de unas 4.000 causas incoadas en 2010, referentes a asuntos penales por estafa y apropiaciones indebidas en el ámbito provincial de Las Palmas. Aunque no todos son llevados por la sección de Delincuencia Económicos de la provincia de Las Palmas, sino por todos los fiscales, en algunos casos de especial trascendencia sí están siendo asumidos por esta sección especializada de la Fiscalía Provincial, informó.

García-Panasco añadió que en la provincia de Las Palmas, los delitos contra la Hacienda Pública y societarios ascienden a aproximadamente unos 60 de causas incoadas anualmente. Debe tenerse en cuenta que para que se considere delito, la cuantía a deber debe superar los 200.000 euros. “Este número no es elevado pero sí significativo por lo que ha supuesto un ligero aumento y por la dificultad que conlleva la investigación y tramitación. Estamos obteniendo ya unos resultados significativos. El juicio oral tarda en llegar pero cuando llega, llega. En este sentido, informó de que en estos momentos, “tenemos un 95% de sentencias de conformidad con las posiciones de la Fiscalía en los órganos penales de esta provincia. El resultado es óptimo. Debemos estar satisfechos del resultado que estamos obteniendo”.

El delito contra la Hacienda pública, el delito económico estrella

Ríos detalló los tres módulos en los que se dividen las Jornadas. Especificó que cuando hablamos de delitos económicos “nos referimos sólo a unos pocos delitos dentro del Código Penal, societarios –“las personas jurídicas han adquirido tras la reforma del Código Penal especial relevancia porque antes no podían delinquir, y este principio ahora ha cambiado, contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social y fraude de subvenciones, y muy relacionado con esta materia, al blanqueo de capitales. No quiero minimizar la importancia de las Jornadas sino contextualizarla, ya que hay otros delitos que no se tratarán como los hurtos, los robos y las estafas, que se dan casi a diario en los Juzgados”.

Señaló que el delito contra la Hacienda Pública “es el delito estrella de la Fiscalía de la que formo parte en nuestro territorio”. “Dos de las grandes infracciones penales que suelen preceder a los delitos de blanqueo de capitales son los delitos contra la hacienda Pública y de corrupción dentro de la corrupción pública. Ello sin olvidarnos de los delitos contra la salud pública, del Tráfico de drogas, que tienen una particularidad especial y que no se engloban dentro de estas Jornadas”, matizó.

Ríos ha calificado estas Jornadas de “muy interesantes”, ya que ofrecerán una visión muy global de la delincuencia económica. “Vamos a hablar prácticamente de todo: del delito fiscal y del blanqueo de capitales, y desde perspectivas muy diversas, porque no es lo mismo la perspectiva que puede tener un fiscal de un delito económico, que el que puede tener un inspector de Hacienda, o un Magistrado del Tribunal Supremo o un abogado. Siendo diferentes perspectivas son complementarias de una misma realidad”.

La Fiscal señala que “el acierto de estas Jornadas viene precisamente por ofrecer una visión multidisciplinar de una realidad que está presente en nuestra sociedad desde hace mucho tiempo, pero que ha adquirido una importancia mayor en los últimos tiempos, y no asociado a los tiempos de crisis. Nosotros de momento no podemos afirmar que se haya notado un crecimiento de este tipo de delitos relacionado con la crisis económica”.

“También es cierto que por el tipo de delito, generalmente, llevan una fase administrativa previa a la judicialización penal, muy larga, de comprobación y de investigación. Todos esos supuestos, que podrían tener relación con la crisis que estamos teniendo en estos momentos, no serían objeto de una judicialización penal hasta dentro de uno o dos años”, especifica.

Cualificación de los ponentes y variedad de los asuntos

Destaca la gran cualificación de los ponentes –magistrados, fiscales, abogados, inspectores de Hacienda, profesores de Derecho Penal y notarios- que participarán en las I Jornadas sobre Delincuencia Económica.

Entre los ponentes figuran personalidades de reconocida trayectoria como Javier Gómez Bermúdez, magistrado presidente de la Sala de los Penal de la Audiencia Nacional; José Manuel Maza, Magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supremo; Javier Gómez Bermúdez, Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; Pedro Bermejo, Inspector de Hacienda Jefe de la Unidad de Delitos Económicos de la A.E.A.T. de Las Palmas; José Antonio Choclán Montalvo, abogado y magistrado en excedencia, Doctor en Derecho Penal, que disertará en su ponencia acerca del delito fiscal y del blanqueo de capitales, muy mediático, por ser el director legal de los máximos imputados en el Caso Gurtel; Vicente Garrido, Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Canarias; y Javier Ródenas Molina, fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo del TSJC de Canarias, entre otros.

Estas Jornadas están dirigidas a un público amplio de operadores jurídicos: abogados, asesores fiscales y tributarios, fiscales, jueces, todos los asesores relacionados con la materia tributaria, etc.

José Manuel Maza Martin, Magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, ofrecerá la conferencia inaugural el día 27 para analizar la “La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas”. Cerrará las Jornadas Javier Gómez Bermúdez Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Madrid, quien disertará sobre “El nuevo delito de corrupción entre particulares”, que, según ha señalado hoy Ríos, junto con la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha llamado mucha la atención en la nueva reforma. “De entenderla en relación a las Administraciones Públicas, el legislador ha introducido esta nueva figura de corrupción entre particulares” con un objetivo esencial “que quiere lograr la honestidad en las libres competencias dentro del mercado”.

Otras declaraciones (rueda de prensa)

Mª Rosa Díaz Romero, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Las Palmas, explicó durante el acto informativo que estas Jornadas “tienen garantizado el éxito, al igual que la primera edición, que se celebró en el sur de la isla en el año 2008, éxito debido a los ponentes y al buen hacer de sus organizadores”. Resaltó de que se tratarán los delitos económicos desde diferentes prismas.

Ignacio Medina Alonso, responsable de DELOITTE ASESORES TRIBUTARIOS, destacó durante la rueda de prensa la representación del más alto nivel de los ponentes. Señaló que durante las Jornadas se tratarán temas de relevancia como las modificaciones bastante importantes que afectan al tratamiento de las personas jurídicas como responsables de este tipo de delitos, y se analizará el delito fiscal y el blanqueo de capitales, que también sufrió modificación el año pasado con la Reforma del Código Penal. “Nuestros clientes tratan de saber cómo enfocar estos asuntos y cómo prevenirlos en sus empresas”, concluyó.

Leopoldo Cólogan Rodriguez de Azero, representante de J.A. GARRIGUES ABOGADOS, centró su intervención en que estas jornadas se justifican porque entró en vigor la Reforma del Código Penal y, “en aras a dar a conocer al tejido empresarial o a los profesionales que les asesoran la necesidad de establecer mecanismos de control en sus empresas para evitar que se cometan delitos, y minimizar el que se le pueda exigir responsabilidad penal a las personas jurídicas, es decir, a sus empresas, de cara a poder justificar que han ejercido el debido control para minimizar estos riesgos. Todavía ese tejido empresarial no es suficientemente consciente de la responsabilidad a la que se expone sus personas jurídicas, es decir, sus empresas, y estas Jornadas pueden servir para que exista esa sensibilidad y se establezcan estos mecanismos y planes de prevención de delitos”.

Sobre esta reforma, García-Panasco, subrayó que “no se debería pretender la criminalización de las relaciones entre empresas, sino la vulneralización de las normas de libre mercado. Las empresas tienen mucho qué decir, porque nos interesa a todos”.

El plazo de inscripción para participar en estas Jornadas aún permanece abierto.

IV CONGRESO DE DERECHO MERCANTIL Y CONCURSAL DE CANARIAS

Luis Shaw: “A veces la empresa pone trabas a que el trabajador pueda ir a desempleo produciéndose situaciones sangrantes para el empleado”

Melonera (Maspalomas - S.Bartolomé de Tjana), 15 de julio |Congreso - Jornadas | Gabinete de Prensa.

El Magistrado del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Jaén, con competencias en lo Mercantil, quien impartió en la mañana de hoy una ponencia acerca de la ‘Incidencia de la relación laboral en el concurso’ en el marco del IV Congreso de Derecho Mercantil y Concursal de Canarias, explica que “el trabajador intenta huir del expediente de regulación de empleo colectivo e intenta encontrar el incumplimiento del pagador, buscando la indemnización de 45 días a través del Juzgado de lo Social, lo que ocasiona conflicto de competencias entre los Jugados de lo Mercantil y de lo Social”

TAMBIÉN HAN DICHO HOY…

- Humberto Guadalupe Hernández, Presidente de la Sala de lo Social del TSJ de Canarias, sede Las Palmas: “Por favor, Jueces de lo Mercantil, tramiten rápido los recursos de apelación”. (Indicó que suelen tardar en tramitarse entre 15 y 18 meses) [Impartió una ponencia sobre la “Incidencia de la relación laboral en el concurso”]

- Elena Corral Losada, Magistrada de la Audiencia Provincial de Las Palmas, sección nº4, con competencias de lo Mercantil: “Los jueces ya no tienen poder ni para organizar al personal de la oficina judicial ni para ordenar nada”. [Impartió una ponencia ayer por la tarde acerca de “Concurso de acreedores y registro de la propiedad”]

- Teresa Vázquez Pizarro, Magistrada de la Audiencia Provincia de Cáceres, sección nº1, con Competencias en lo Mercantil: “Tras el acuerdo entre deudor y acreedor, se ha de realizar la nueva prestación pactada. Si no se produce esta nueva prestación no existe dación en pago”. [Impartió hoy una ponencia sobre “La dación en pago en el concurso”]

“El empleado queda como en todas las situaciones de crisis de una empresa, en las que se van a producir expedientes de regulación de empleo, con lo cual la indemnización que se da es inferior que si fuera un despido improcedente. En lugar de 45 días, se van a dar 20 días por año, hasta un total de 12 meses. Lo que ocurre es que el trabajador intenta huir del Expediente de Regulación de Empleo colectivo e intenta encontrar el incumplimiento del pagador y busca la indemnización de 45 días a través del Juzgado de lo Social, lo que ocasiona conflicto de competencias entre los Jugados de lo Mercantil y de lo Social, por si se regula a través de un expediente colectivo o bien se hace la demanda de tipo individual”, según explica Luis Shaw

“Lo que pasa es que todas las empresas hacen Expedientes de Regulación de Empleo despidiendo a la mayoría de los trabajadores. Lo más llamativo que te puedes encontrar es que la empresa entorpece incluso la intención de los trabajadores de estar en situación de desempleo. Los trabajadores lo prefieren, y hay veces que la Sociedad pone trabas a que el trabajador pueda ir a desempleo produciéndose situaciones sangrantes para el trabajador, que no puede cobrar, que recibe salario ni nada. Te encuentras que mientras que se tramita el despido, el trabajador continúa trabajando –o no, porque no hay trabajo- dado de alta en la empresa sin cobrar sueldo”, puntualiza.

Shaw considera que habría que “establecer competencias claras” entre el Juzgado de lo Social y lo Mercantil. Recordó que hay una reforma en marcha que aclara estas competencias. “Los ERE por lo general no suelen ser lentos. Los concursos bajaron el año pasado. Pero el trimestre anterior ha sido superior a lo previsto. La previsión es que sigan subiendo el número de concursos y por ende, los trabajadores afectados por la concursal”.

JESÚS ALEMANY EGUIDAZU: "ES PREOCUPANTE EL NÚMERO DE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS QUE HAN PRESENTADO COMUNICACIONES PRECONCURSALES EN CANARIAS"

San Bartolomé de Tirajana, 14 de julio de 2011 | Jornadas - Congresos | Gabinete de Prensa.

Advierte del número de comunicaciones preconcursales por parte de medianas y grandes empresas convenientemente asesoradas que prevén entrar el próximo otoño en concurso
Gran Canaria. El IV Congreso de Derecho Mercantil y Concursal que se celebra en el sur de Gran Canaria abrió su segunda jornada con la intervención del Magistrado y Doctor en Derecho Mercantil, Jesús Alemany Eguidazu, quien trasladó a los oyentes aspectos relacionados con la responsabilidad que tienen los administradores concursales por actos que puedan ser ilícitos o negligentes en el desempeño de sus funciones.

Alemany además de clarificar cual es el régimen de responsabilidad de los administradores, apuntó durante su intervención, que no ha habido demandas de este tipo salvo “una anecdótica, justamente en Las Palmas”.

Preguntado sobre su visión particular sobre la situación general del ejercicio del derecho concursal en Canarias, el que fuera instructor del caso Inalsa, señaló que “aunque la economía canaria ha mejorado levemente gracias al turismo, el número de concursos es exactamente el mismo. Lo preocupante es el número de comunicaciones preconcursales por parte de medianas y grandes empresas convenientemente asesoradas que prevén entrar el próximo otoño en concurso”, advirtió.

El Alcalde de san Bartolomé de Tirajana clausura el IV Congreso de Derecho Mercantil y Concursal de Canarias

Marco Aurelio Pérez pondrá el broche de oro a las 14.00 horas a tres días de intensas jornadas que se están desarrollando en el Hotel Lopesan Baobab Resort

San Bartolomé de Tirajana, 14 de julio de 2011 | Congresos | Gabinete de Prensa.

Mañana viernes, 15 de julio, tendrá lugar la última jornada del IV Congreso de Derecho Mercantil y Concursal de Canarias. El Ilmo. Sr. D. Marco Aurelio Pérez, Alcalde de San Bartolomé de Tirajana, pondrá el broche de oro mañana a las 14.00 horas a tres días de intensas jornadas de análisis y reflexión en el Hotel Lopesan Baobab Resort.

La incidencia de la relación laboral en el concurso, la dación en pago, la calificación concursal y la conclusión del concurso serán los temas que mañana se pondrán sobre la mesa ante 200 personas.

Puede consultar el programa en la web del IV Congreso de Derecho Mercantil y Concursal de Canarias en la web www.congresoderechoconcursalcanarias.org.

ARRANCA EL IV CONGRESO DE DERECHO MERCANTIL Y CONCURSAL DE CANARIAS

MÁS DEL 90% DE LOS CONCURSOS ACABAN EN LIQUIDACIÓN


Así lo ha señalado en la primera jornada de este foro el Ilmo. Sr. D. Víctor Manuel Fernández González, Magistrado de lo Mercantil nº1 de Palma de Mallorca, destacó durante su ponencia, en la que versó acerca de la Liquidación: problemas que plantea en la práctica


Esta tarde ha tenido lugar la inauguración de este “consolidado” foro en el que participan activamente una veintena de ponentes de prestigio del territorio nacional ante 200 inscritos


Mañana, la jornada será durante la mañana y la tarde, y participan, entre otros, Magistrados como Ilmo. Sr. D. Jesús Alemany Eguidazu, Magistrado. Doctor en Derecho Mercantil, responsable de destacados casos concursales a nivel nacional, y el Ilmo. Sr. D. Blas González Navarro, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Granada, juez del Caso Dhul

Maspalomas ( Gran Canaria), 13 de julio de 2011 | Congreso | Gabinete de Prensa.

Ante unos 200 inscritos, arrancó en la tarde de hoy miércoles, 13 de julio, el IV Congreso de Derecho Mercantil y Concursal de Canarias, que se está desarrollando el Hotel Lopesan Baobab Resort (Meloneras, Gran Canaria).

D. José Miguel Bravo de Laguna, Presidente del Cabildo de Gran Canaria; D. Carlos Martínez-Uceda Calatrava, Magistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Las Palmas. Codirector del Congreso; y D. Javier García Marrero, Magistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid. Codirector del Congreso, inauguraron este foro en el que participan 20 magistrados, 14 abogados y 9 economistas que están participando con ponencias acerca de esta importante materia en tiempos de crisis.

El Presidente del Cabildo grancanario destacó durante su intervención que éste es un Congreso “consolidado”. Este año se celebra la cuarta edición, que cuenta, tal y como apuntó Martínez-Uceda Calatrava, con expertos de diferentes procedencias del territorio español “que ofrecen sus experiencias con el fin de contrastarlas unos con otros”. En este sentido, destacó que este foro es “muy práctico” ya que las experiencias son válidas para todos los asistentes, tanto para ponentes como para los inscritos.

HA DICHO…

El Ilmo. Sr. D. Víctor Manuel Fernández González, Magistrado de lo Mercantil nº1 de Palma de Mallorca, destacó durante su ponencia, celebrada esta tarde, en la que versó acerca de la Liquidación: problemas que plantea en la práctica, que el “más del 90% de los concursos acaban en liquidación”. “Los principios de la Ley Concursal están enfocados a aprobar de las empresas como solución a la situación de insolvencia, pero la realidad es que se está incumpliendo esa máxima porque el 90% de los concursados acaban en liquidación”, subrayó.

“El convenio es un acuerdo entre las partes. Ellas deciden si se ha incumplido o no. Si el deudor de dice al juez que no puede cumplir con el pago pero lo dice, el juez no puede abrir de oficio la liquidación, sino que tienen que ser los acreedores quienes lo soliciten”, concluyó.

PREVIA JUEVES

Mañana, la jornada será durante la mañana y la tarde, y participan, entre otros, Magistrados como Ilmo. Sr. D. Jesús Alemany Eguidazu, Magistrado. Doctor en Derecho Mercantil, que ha sido responsable de destacados casos concursales a nivel nacional, y el Ilmo. Sr. D. Blas González Navarro, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Granada, juez del caso Dhul.

JUEVES 14 DE JULIO

Sesión de mañana

|4.ª sesión|

09:30 a 10:25 h. La responsabilidad del administrador concursal en el concurso.
D. Gregorio de la Morena Sanz

Abogado.

Ilmo. Sr. D. Jesús Alemany Eguidazu
Magistrado. Doctor en Derecho Mercantil.

Moderadora: D.ª Sonia Galán Díaz-Bethencourt, abogada, socia de Multifinanzas.

|5.ª sesión|

10:25 a 11:20 h. Acciones de reintegración.

Ilma. Sra. D.ª Beatriz Ballesteros Palazón

Magistrada del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Murcia.

Moderador: D. Emilio González Bilbao, abogado, socio de Insolvalia.

|6.ª sesión|

11:20 a 12:15 h. Novedades en la posición de las Administraciones Públicas en el concurso.

D.ª Concepción Ordiz Fuertes
Abogada del Estado. Dirección de los Servicios Jurídicos del Estado. Abogacía General.

Moderador: D. Bernardo Pinazo Osuna, abogado, magistrado en excedencia, socio de Pinazo Abogados.

PAUSA CAFÉ

|7.ª sesión|

12:40 a 13:35 h. Soluciones extraconcursales de la insolvencia.

Ilmo. Sr. D. Blas González Navarro
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Granada.

Moderador: D. Álvaro Hidalgo Fernández-Zúñiga, economista-auditor, socio de Hidalgo Fdez-Zúñiga.

|8.ª sesión|

13:35 a 14:30 h. El grupo de sociedades en el ámbito concursal.

Ilmo. Sr. D. Javier Yáñez Evangelista
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil n.º 9 de Madrid.

Ilmo. Sr. D. Andrés Sánchez Magro

Magistrado del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Madrid.

Moderador: D. Armando Betancor Álamo, abogado, socio de Alas Abogados.

ALMUERZO DE TRABAJO

Sesión de tarde

|9.ª sesión|

16:30 a 17:25 h. Tributación de las retribuciones de la Administración Concursal y su responsabilidad tributaria ante la AEAT.

D. Antonio Montero Domínguez

Inspector de Hacienda, subdirector general de Tributos del MEH.

D. Juan Carlos Para Rodríguez-Santana

Economista, asesor fiscal, administrador concursal, socio de PRODEMSA.

Moderador: D. Luis Pérez Gil, economista, auditor de cuentas, socio de AH Auditores.

|10.ª sesión|

17:25 a 18:20 h. Créditos contra la masa. La solicitud de nulidad de los contratos SWAPS en el concurso.

D. Víctor Saval Romaní

Abogado, socio de Sirera y Saval Abogados.

D. Luis A. Barber Marrero

Abogado, socio de Barber & Asociados.

Moderador: D. José Luis Ramos Fortea, economista, administrador concursal.

PAUSA CAFÉ
|11.ª sesión|

18:40 a 19:30 h. Concurso de acreedores y Registro de la Propiedad (inscripción, notificación y cancelación de cargas).

Ilma. Sra. D.ª Elena Corral Losada

Magistrada de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección 4.ª, con competencias de lo mercantil.

Moderador: D. Vicente Caballero Sosa, economista, socio de Coastri.

BRAVO INAUGURA IV CONGRESO DERECHO MERCANTIL Y CONCURSAL

 

http://www.acfipress.com/prev_download.php?id=27548&num=1  vídeos.
 http://www.acfipress.com/prev_download.php?id=30257&num=0  audios.
 http://www.acfipress.com/detalles.php?id=81156&tipo=archivos  fotos.

IV CONGRESO DE DERECHO MERCANTIL Y CONCURSAL DE CANARIAS

El Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº2 de Las Palmas lamenta que la instalación de un escáner en la oficina judicial tarde como mínimo 8 meses


Antonio Carlos Martínez-Uceda Calatrava critica la ralentización del sistema judicial en una época de incremento de empresas canarias que entran en concurso, especialmente en el sector turístico, y señala que en lo que llevamos de año “no ha dejado de disminuir aun cuando otras comunidades, como la balear, también se han visto sorprendidas por dicho incremento en este sector tan específico y de gran calado económico para la isla”


Codirige, junto a Javier García Marrero, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº3 de Madrid, el IV Congreso de Derecho Mercantil y Concursal de Canarias, que se desarrollará a partir de mañana miércoles en el Hotel Baobab de Gran Canaria


Afirma que “es en el trámite parlamentario actual donde debe de hacerse un guiño legislativo a favor de los sistemas arbitrales o de mediación en materia preconcursal”

Las Palmas de GC, 12 de julio de 2011 | Congreso | Gabinete de Prensa.

Martínez-Uceda Calatrava explica que esta IV edición del Congreso de Derecho Mercantil y Concursal sitúa a Canarias como “referente nacional de foro de discusión de materia concursal, con un amplio margen de temas que abordamos, con todos los protagonistas de los procesos concursales, analizando todos los temas de máxima actualidad desde todos sus puntos de vista: desde la visión del juez, el administrador concursal, abogado del concursado, economistas, auditores, titulados mercantiles y dando especial protagonismo, como no, a la administración tributaria, a la Seguridad Social y a las entidades financieras”.

La clave principal de este foro entre expertos es aunar en tres días un programa elegido por los directores técnicos que aborde cualquier problema referente a la ley concursal y poder contar con los “principales primeros espadas” en materia concursal de gran trayectoria profesional en orden a mantener un debate jurídico adecuado al foro especializado que asiste. La segunda de las claves es poder contar con un entorno y programa lúdico de primer nivel, “lo que, sin duda, reporta descanso a los asistentes de sus labores diarias, un clima de convivencia para todos y unas posibilidades inmejorables para dar a conocer nuestra isla”.

Con respecto a las empresas canarias que entran en concurso, especialmente en el sector turístico, señala que el numero de concursos presentados en este sector “no ha dejado de disminuir, incluso en Balares”.

Bajo el punto de vista de los Juzgados de lo Mercantil de Las Palmas, Martínez-Uceda Calatrava nota “que ese incremento paulatino está poniendo sobre la mesa problemas complejos de tramitación, escasez de medios personales, dilación de algunos procedimientos a los que intentamos poner la solución sin contar, de forma alguna, con apoyo de la administración para solventar los mismos, incluso cuando la instalación de un escáner en la oficina judicial, elemento esencial debido a los expedientes voluminosos que manejamos, supone una burocratización de no menos de 8 meses sin resultado alguno. Esas circunstancias conllevan a una ralentización de los procedimientos nada deseable, y más si lo comparamos con el desarrollo y gestión procesal que a título de ejemplo Barcelona ha desarrollado en los Juzgados de lo Mercantil de la capital”.

Con la crisis hay muchas personas que no pueden hacer frente al pago de sus deudas. Hay problemas en la actual Ley Concursal que reclaman una mayor atención. Martínez- Uceda Calatrava indica que “el concurso sin masa no tiene sentido en la Ley concursal, cuando se generan unos gastos de administración concursal y una tediosa tramitación que conlleva al fin y al cabo a generar más gasto, más congestión en los juzgados cuando determinados concursos ab initio tienen una previsible solución final que podría anticiparse en el tiempo en beneficio de todos, eso es, el archivo “Express” del procedimiento por falta de bienes para pago de acreedores”.

“En el último año se nota un incremento de concursos de este tipo, sobre todo en un perfil de persona física, consumidor medio, que no puede hacer frente a su hipoteca en algunos casos, y cuyo crédito se realizará para el pago del Banco acreedor y sin masa alguna para el resto de acreedores, o en su caso de aquellos que financian sus deudas ordinarias mediante tarjetas de comercios de grandes cadenas ad hoc y cuyos créditos ahogan la posibilidad de pago de las cuotas mensuales”, afirma.

En la actualidad, son muchas las empresas que se dan de baja en el registro mercantil y que no acuden al concurso. “Las empresas en crisis hacen evaluación de una pregunta muy frecuente en el seno de la empresa ¿Cuánto nos va a costar el concurso? Dicha respuesta pone a veces en jaque a los administradores sociales que buscan soluciones alternativas al concurso o incluso directamente optan por la desaparición registral de la sociedad. A ello hay que anudar una costumbre que en determinadas ocasiones vemos más frecuente de lo habitual, como es la falta de presentación de cuentas anuales en el Registro Mercantil lo que comporta el cierre de la hoja registral por el propio Registrador Mercantil. En todo caso, y a raíz de una directiva comunitaria 12/86, la propia UE es consciente, y muy mucho, de lo necesario de dotar de sistemas de mediación que en materia preconcursal solventarían quizás muchos de los procedimientos que se presentan en los Juzgados y que es en el trámite parlamentario actual donde deba de hacerse un guiño legislativo a favor de los sistemas arbitrales o de mediación en esta materia”, explica Uceda Calatrava.

La actividad concursal de empresas registró, a nivel nacional, 2.721 insolvencias durante los primeros seis meses del año, lo que representa un 12% más en comparación con el mismo periodo del año anterior; respecto al último semestre de 2010, el incremento es de un 29%. Dicha tendencia al alza se mantiene constante desde el año 2004. Así se desprende del Baremo Concursal correspondiente al primer semestre del año, elaborado por PwC, a partir de la información publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Por su parte, solamente tres comunidades han experimentado una reducción de las insolvencias en relación al mismo periodo de 2010: Murcia, Canarias y Castilla y León, con descensos de un 9%, 2% y 1% respectivamente.

Mucho se ha hablado en lo que llevamos de año sobre fórmulas para poder hacer frente al pago de su hipoteca. Se ha debatido sobre la dación en pago en muchos círculos. Martínez-Uceda Calatrava se refiere a esta situación de la siguiente manera: “la conclusión de tener un crédito hipotecario y declararse en situación concursal desde luego es ilusoria si se pretende de alguna forma paralizar la ejecución hipotecaria, dado que el Banco ejecutará la hipoteca en virtud de su crédito hipotecario provisto de privilegio especial. Si a eso además unimos los gastos que genera el concurso, como créditos contra la masa, respecto de honorarios de administración concursal, aumenta el pasivo o la deuda de la economía familiar, y al fin y al cabo no se logrará nada al respecto”.