Aunque no se muestra partidario de la eutanasia, así lo ha afirmado el ex Director General de Farmacia y Director de las Jornadas de Derecho y Medicina, que se celebrarán los próximos jueves y viernes en Gran Canaria, y que analizarán la Ley de Muerte Digna en toda su extensión
Olmo señala que los afectados por una infracción o delito en el sector sanitario se decantan más por lo penal para denunciar los casos que por lo civil “porque es más rápida que la vía civil, aunque las indemnizaciones no tendrían una mayor cuantía”
Sobre el intrusismo en Canarias, destaca que “para intentar acotarlo, desde diversas esferas, se destaca la necesidad de que los colegios profesionales sanitarios cumplan un papel activo en la ordenación del ejercicio de las profesiones”
Las Palmas de GC, 8 de marzo de 2012 / Jornadas Derecho y Medicina / Gabinete de Prensa.
“No soy partidario de la eutanasia, pero sí de que a la hora de enfrentarnos a situaciones de finales de la vida, los médicos que me atiendan puedan facilitarme una muerte digna”. Es lo que considera Vicente Olmo, ex director General de Farmacia del Gobierno de Canarias, Farmacéutico y director de las Jornadas sobre Derecho y Medicina, organizadas por JurisVegueta Distribuciones, que se celebrarán en Las Palmas de Gran Canaria los próximos jueves y viernes, 8 y 9 de marzo, respectivamente.
Aspectos relacionados con las responsabilidades penales y patrimoniales serán objeto de análisis en algunas de las ponencias que se desarrollarán durante estas jornadas, contando para ello con ponentes como Jaime Maldonado, Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, que hablara sobre la responsabilidad civil, y Eduardo de Urbano Castrillo, Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo que nos indicará su punto de vista la responsabilidad penal, entre otros ponentes.
Las cuestiones éticas en el entorno sanitario será uno de los temas clave de estas Jornadas, y se abordarán no sólo a través de ponencias sino también a través de una mesa redonda. Los ponentes debatirán sobre el consentimiento informado, la OMC ante la Ley de Muerte Digna, el código deontológico, conciencia frente a ley y cuestiones jurídicas ante el final de la vida. Para analizar estos asuntos se contará con las intervenciones de Ramón Castillo Badal, Magistrado del Tribunal Supremo; Antonio del Moral, Fiscal del TS; Marcos Gómez Sancho, Jefe de Paliativos del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y Presidente de la Comisión Nacional Deontológica de la OMC; Fermín García, Vicepresidente del CEA, y neonatólogo; Santiago Paramón de la unidad técnica de Farmaindustria o Emilio Sanz, Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna, entre otros.
Olmo señala que hasta finales del siglo pasado, la regla general era que los médicos tuvieran la última palabra en cuanto a los tratamientos a aplicar a cada paciente. “Actualmente, es numerosa la legislación que contempla el derecho a la autonomía del paciente y, consecuentemente, a decidir sobre su vida o el fin de la misma. Un ejemplo de este respeto a la autonomía del paciente es la introducción, de manera generalizada, del consentimiento informado y de la elaboración del documento de voluntades anticipadas, en su caso. Como el introducido en nuestra comunidad de 8 de febrero de 2006 Decreto 13/2006, los pacientes podemos dejar constancia de qué queremos en determinadas situaciones, decisiones que obviamente resultan difíciles de tomar a nuestros familiares”.
Otro de los bloques de las Jornadas estará centrado en las responsabilidades civil y penal del médico. En este sentido, Vicente Olmo cree que los afectados por una infracción o delito se decantan más por lo penal para denunciar los casos que por lo civil “porque es más rápida que la vía civil, pero las indemnizaciones que pudieran darse no tendrían una mayor cuantía”.
Sobre la nueva Ley de Salud Pública, Olmo considera que esta Ley 33/2011 “marca un hito en el campo de la Salud de los ciudadanos, demandada desde hace muchos años con el objeto regular aspectos de vital importancia para salud colectiva, como el derecho a los ciudadanos a recibir información, o participar en las actuaciones de salud pública”. “Además, va a permitir que todo su articulado pueda adaptarse a las diferentes CCAA. Salvo dos artículos que siguen bajo la tutela de la Administración del Estado. Por primera vez, se habla de sanidad ambiental en su articulo 30, estableciéndose la obligación de elaborar programas de sanidad ambiental coordinado por la Administraciones Públicas, que tenga por objetivo elevar la protección de los ciudadanos antes los riesgos derivados de condicionantes ambientales, se fijan inflaciones en materia de salud pública, regulándose en una disposición adicional la figura del psicólogo sanitario”.
Cuestionado sobre el intrusismo en Canarias, Olmo destaca que “para intentar acotarlo, desde diversas esferas, se destaca la necesidad de que los colegios profesionales sanitarios cumplan un papel activo en la ordenación del ejercicio de las profesiones, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios frente al intrusismo sanitario. Asimismo se deben controlar los contenidos y nomenclaturas de los cursos que ofrecen las academias y universidades privadas, con el fin de evitar que induzcan a error y confusión con los reglados oficialmente”.
El Sistema Público de Salud es otro de los temas que se abordarán en estas Jornadas de derecho y Medicina. Olmo detalla que “la última encuesta que se realizo al respecto dio como respuesta de un alto nivel de satisfacción de la Sanidad Pública, debido a la Cartera de Servicios tan amplia que se tiene y que las Comunidades Autónomas, si sus presupuestos se lo permiten, pueden ampliar”.
Finalmente, Olmo destaca que la importancia del Derecho Sanitario se hace evidente en los últimos años, no sólo por las importantes modificaciones legales producidas o en trámite de modificación en nuestro país en estas materias, sino por la aplicación del Derecho Internacional, más concretamente el de la Unión Europea, que repercute de manera trascendental en la toma de decisiones que en el ámbito sanitario nacional se realizan. “Los acelerados avances de las ciencias biomédicas están generando una viva discusión sobre múltiples aspectos que obligan al derecho a responder o actualizarse con igual celeridad”, matiza.
Todo ello afecta de manera particular a las profesiones sanitarias, así como también a ámbitos tan importantes como la gestión, acreditación de instituciones, economía de la salud y la instauración de políticas sanitarias. Se determina así, la imperiosa necesidad de tener un conocimiento detallado de las particularidades que el Derecho Sanitario establece en nuestra sociedad. De ahí la importancia -apunta- de celebrar estas Jornadas de Derecho y Medicina.
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