Las Palmas de GC, 17 de octubre de 2012 / Artículo de Opinión / Javier Godoy Santana (*)
Las
políticas activas de empleo (PAE) nacen, entre otras fuentes, de los ingresos
por cuotas de formación de las empresas y de las personas trabajadoras,
formando parte del salario diferido de los mismos. Por tanto estas cuotas
tienen un origen y un fin determinado y concreto que no es otro que poner al
alcance de las personas desempleadas (y también de las ocupadas) herramientas
para reinsertarse y posicionarse mejor en el mercado laboral
Los
recortes que el gobierno de España, en nombre de las austeridad y los mercados,
está aplicando al conjunto de la ciudadanía española y que se materializan en
unos Presupuestos Generales del Estado para 2013, son rematadamente regresivos
y hacen quebrar el conjunto de mecanismos de igualdad (educación, sanidad,
dependencia, servicios sociales…). Mecanismos que, no olvidemos, los
trabajadores y trabajadoras, con un esfuerzo colectivo, hemos consolidado
durante los años de democracia en nuestro país. Hasta tal punto son injustos
estos Presupuestos que atacan de manera clara a las personas más débiles, los
trabajadores y trabajadoras sin empleo, al aplicar un recorte del 34,6% con
respecto al año 2012, sobre el conjunto de las Políticas Activas de Empleo
(orientación profesional, formación, desarrollo local, escuelas taller, casas
de oficio, talleres de empleo…). El impacto del recorte será tan brutal que
hará desparecer algunas de estas políticas, como por ejemplo, las escuelas
taller, casas de oficio y talleres de empleo. Y hay que recordar que estas
políticas han sido de gran utilidad para las personas, especialmente jóvenes y
mujeres, sin cualificación en muchos pueblos y ciudades de Canarias.
Lo
que se contempla en los Presupuestos Generales del Estado para 2013, destinado
a políticas activas de empleo alcanza los 3.771,51 millones de euros, lo que
supone un descenso con respecto al año 2012 (-34,6%), que el Gobierno justifica
en el recorte en casi 1.600 millones de euros de los créditos destinados a
bonificar la contratación, a la prórroga del Plan Prepara sólo hasta mediados
de febrero y a la disminución prevista de los ingresos por cuotas de formación
profesional. Del importe total para políticas activas, 1.704,47 millones de
euros corresponden a actuaciones de inserción e incentivación de la
contratación. Como consecuencia de la supresión de buena parte de las
bonificaciones a la contratación decidida por el Gobierno, la partida destinada
a esta materia se ha reducido en un 61,3%, desde los 2.600 millones de euros
presupuestados en 2012 a
poco más de 1.000 millones en 2013. Al pago de la ayuda de 400/450 euros
(dependiendo de las cargas familiares del parado), destinada a la
recualificación profesional de los desempleados que hayan agotado la
prestación, se dedicarán 165,5 millones de euros, casi 360 millones menos que
en 2012. Otros recortes se producen en formación profesional para el empleo,
formación para desempleados, bonificación de cuotas a la Seguridad Social
por formación de ocupados y a programas públicos de empleo y formación.
Lamentablemente
en la actualidad las personas más desfavorecidas y vulnerables de la sociedad,
que son la inmensa mayoría del país, debido a las políticas de recortes que se
están aplicando, son los colectivos receptores de las políticas activas de
empleo. Por eso denunciamos desde CCOO, que recortar las PAE es recortar a los
trabajadores que más lo necesitan, a aquellas personas que están sufriendo el
drama de estar en paro.
El 35% de la población ocupada en España recibe,
como fruto de su trabajo, una retribución mensual que es igual o inferior a los
641,40 euros que marca el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esta es una de
las cifras que arroja un informe elaborado por la Fundación 1º de Mayo
(CCOO), y en el que alertamos del empobrecimiento creciente de la clase
trabajadora en España.
Según el estudio, en España, el peso de los
trabajadores que tienen verdaderas dificultades económicas es superior a la
media europea y la media ha crecido "considerablemente" en los últimos
años de crisis económica, de modo que la brecha entre España y el promedio de
los países de la UE
alcanza ya los 4,3 puntos de diferencia.
Según el informe, el 18,3% de los trabajadores a tiempo parcial están a
las puertas de la pobreza.
Las sucesivas reformas han contribuido a la
creación de empleo más inestable y barato. En este sentido, apunta que el
trabajo a tiempo parcial involuntario, "muy extendido en España",
afecta especialmente a las mujeres y los jóvenes. Este tipo de jornada –relata
el texto- está muy vinculada al empleo precario, debido a sus bajos salarios y
al menor acceso a prestaciones sociales, como desempleo y jubilación. Y arroja
otro dato desalentador: en 2010, el 18,3% de los trabajadores a tiempo parcial
se encontraban en situación de riesgo de pobreza, frente al 11,8% de los
contratados a tiempo completo.
A modo de conclusión, el informe señala que, los datos existentes hasta la
fecha permiten apuntar que al finalizar 2012 es "previsible" que se
haya alcanzado una tasa de pobreza cercana al 28%. Asimismo, alerta de la
fuerte presión a la baja de las condiciones laborales de la población
trabajadora (bajada de salarios, precariedad...), algo a lo que se une la
escasez de recursos sociales tras los sucesivos recortes.
La
propuesta que se recoge en los PGE 2013, de recortar el Plan Integral de Empleo
de Canarias (PIEC), en 32 millones de euros, cuando Canarias es una de la
comunidades autónomas con mayor tasa de personas en desempleo, las cifras de
desempleo en el mes de Septiembre han sido de 288.813 personas, que con
respecto al mismo mes del año 2011 experimenta un incremento del 14,61%, y nos
sitúa en un porcentaje cercano al 30% de tasa de reempleo en las Islas; verá como sus recursos se reducen
drásticamente. Esta discriminación nos situará en la cola de la salida de la
crisis al no tener recursos suficientes
para atender y mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas además de
constituir un grave perjuicio social e
imposibilitar el progreso de nuestra tierra.
A
lo anterior, debemos situar que Canarias es la Comunidad Autónoma
con menor coste laboral anual de toda España (25.837,97 euros frente a los
30.886,60 euros de media y frente a los 35.806,40 euros del País Vasco). En el
caso de los sueldos y salarios, la cantidad asciende a los 18.876,90 euros/año
mientras que la media nacional asciende a 22.775,76 euros/año. Canarias también
se encuentra en el vagón de cola de los costes derivados de los beneficios
sociales, de la formación profesional y de las subvenciones y deducciones. En
términos porcentuales, en Canarias una persona que trabaja le cuesta a las
empresas 16,34 puntos porcentuales menos que en el resto del territorio
nacional, no tanto porque por una misma ocupación se cobre menos que en el
resto del territorio nacional, sino debido a la baja proporción de empleos
cualificados existentes. En otras palabras, el factor trabajo no le resta
competitividad en materia de costes a las empresas en el Archipiélago. La falta
de inversión e innovación, sí. (Encuesta Anual de Costes Laborales 2011. INE
26.7.2012).
La
limitación del poder adquisitivo ocasionará que se desacelere aún más el
consumo privado, generando disminuciones en la cartera de pedidos de las
empresas y, por lo tanto, una generación de paro por encima de la media junto a
una mayor destrucción de empleo junto a una menor inflación. Esto provocará que
la convergencia cualitativa quede todavía más lejos aún, máxime si la gran
mayoría del trabajo que se ofrece es de baja cualificación, en donde la evolución
de la productividad y el aumento de la jornada laboral no ocasionan los
repartos adecuados entre el capital y el trabajo. Asimismo, la alta
temporalidad contractual hace que se creen empleos con la misma facilidad con
la que se destruyen. Todo esto ocasiona una pobre inserción social.
(*) Secretario de Empleo FSC CCOO Canarias / Miembro Comité de Empresa del SCE
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