Con ésta afirmación, muy manida, cuando no obsoleta, se pretende culpabilizar, cuando no
criminalizar al colectivo de empleados públicos, de la situación generada por la austeridad y
en nombre de los mercados, por los distintos gobiernos de turno.
Se ataca de forma visceral, el “privilegio” que se ostenta al desempeñar un puesto de trabajo,
que para lograr su desempeño ha significado concurrir a unas pruebas de acceso, que debe
cumplir, con lo reseñado en la Constitución Española, igualdad, mérito, capacidad y
publicidad. Con este acceso a la Administración Pública, se garantiza la equidad entre
ciudadanos.
Mientras eso es exigible, los empleados públicos (EEPP), tenemos en el otro lado, la
discrecionalidad de las empresas privadas donde el requisito de acceso al empleo privado se
fundamenta en los criterios subjetivos del empresario o de su subordinado correspondiente.
De un colectivo concreto, del sector financiero e inmobiliario, venimos sufriendo la ciudadanía
en general, desde el año 2008 una crisis financiera, que se ha sustentado en “la cultura del
pelotazo” (grandes beneficios y enormes comisiones, que fueron obsequiados a través de
bancos y cajas de ahorros, como vemos todos los días, como van aflorando estas situaciones
creadas en el pasado). Cuyos culpables de esta situación, no son otros que nuestros
gobernantes, los de antes y los de ahora.
Desde los foros empresariales, e incluso en otros foros, se aseveran cuestiones como el
necesario adelgazamiento de las Administraciones Públicas, incidiendo de forma directa en
las administraciones canarias. Los datos oficiales que se emiten de las estadísticas del
empleo público (julio 2012) en las Islas son las siguientes:
La población canaria es de 2.126.769 de habitantes (INE 2012), con la dispersión geográfica
y discontinua que representa el archipiélago canario, con respecto a la península y territorio
continuo que representa. Pero, además, tan solo el 11,14% de la población activa canaria,
son empleados públicos.
Otras Comunidades Autónomas:
El total de efectivos en España es de 2.636.181 (el total de Comunidades Autónomas es de
1.334.226 y de la Local es de 567.295). Población 47.212.990 habitantes (ratio 17,91).
En cuanto a la situación en Europa, es la siguiente:
La media europea está en los 16,89 habitantes por empleado público. Suecia 8,09,
Eslovaquia 13,5; pasando por los 18,26 de Alemania o los 30,29 de Grecia. En Francia y
Bélgica hay un empleado público por cada 12 habitantes y en Finlandia uno por cada 9.
Es decir, el volumen de las administraciones públicas canarias se sitúa muy por debajo de
alguno de los países más prósperos de Europa.
A lo anterior, debemos situar que Canarias, es la Comunidad Autónoma con menor coste
laboral anual de toda España (25.837,97 euros frente a los 30.886,60 euros de media, y
frente a los 35.806,40 euros del País Vasco).
En el caso de los sueldos y salarios, la cantidad asciende a los 18.876,90 euros/año mientras
que la media nacional asciende a 22.775,76 euros/año.
Canarias también se encuentra en el vagón de cola de los costes derivados de los beneficios
sociales, de la formación profesional y de las subvenciones y deducciones.
En términos porcentuales, en Canarias una persona que trabaja le cuesta a las empresas
16,34 puntos porcentuales menos que en el resto del territorio nacional, no tanto porque por
una misma ocupación se cobre menos que en el resto del territorio nacional, sino debido a la
baja proporción de empleos cualificados existentes.
En otras palabras, el factor trabajo no le resta competitividad en materia de costes a las
empresas en el Archipiélago. La falta de inversión e innovación, sí. (Encuesta Anual de Costes
Laborales 2011. INE 26.7.2012).
Estos son hechos. Este no es el camino. El buen camino.
Con este botón de muestra, intento transmitir que posiciones de poder, de negación, de falta
de colaboración, no son la marca más acertada para un buen Gobierno.
La eficiencia en la gestión de los recursos públicos es una exigencia ética irrenunciable que
debe formar parte del sustrato cultural de las administraciones públicas.
El adecuado reparto de competencias y de los recursos entre las administraciones, sí ya es
un valor en si mismo, adquiere una trascendencia especial en un territorio fragmentado como
el nuestro donde existen realidades tan diversas.
La evaluación de los resultados debe ser una constante de todos los agentes implicados en
la gestión de lo público. Para ello la gestión participativa, la implicación de los empleados
públicos en el logro de una mayor eficiencia y eficacia de los servicios públicos y el
establecimiento de incentivos relacionados con el cumplimiento de tales fines son una valiosa
herramienta de implicación de los profesionales, de los responsables políticos y un baremo
público con el que la ciudadanía puede medir el desempeño de cada uno y el del conjunto.
El hacer recaer todo el peso de la crisis económica, sobre las espaldas de los ciudadanos
más desfavorecidos, incluyendo en éste apartado al colectivo de EEPP, no es la mejor receta
a aplicar, todo lo contrario.
(*) Coordinador de Elecciones Sindicales de CC.OO. Canarias
