El representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC) y abogado José Luis Langa informó ayer en rueda de prensa sobre la primera sentencia en España por parte de la Audiencia Nacional que anula un deslinde marítimo, concretamente en la costa de Almería, alegando “inseguridad jurídica” y que crea un precedente que se puede aplicar a la actual situación de Igueste de San Andrés (Tenerife).
Langa indicó que la población en la que se ha anulado el deslinde es de características similares a la población de Tenerife y que la “resolución que ordena la incoación del expediente de deslinde, incide en vicio de nulidad de pleno derecho (...) y conculca igualmente al principio general de seguridad jurídica proclamado por la Constitución Española en su art. 9.3”.
Esta situación se ha producido en las Salinas de Cabo de Gata (Almería) que de esta forma la zona de costa que había sido declarado de servidumbre pública queda fuera de esta denominación. El abogado de los afectados de Igueste de San Andrés y de Valle Gran Rey (La Gomera) aseguró que esta sentencia crea precedente y marca un antes y un después en la aplicación de la Ley de Costas.
Langa también informó sobre la reunión que tendrá lugar el próximo 9 de octubre de 2011 en el Parlamento Europeo en la que estarán la Comisión de Peticiones, la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión Europea para pedir explicaciones a España sobre la aplicación retroactiva de la Ley de Costas y aseguró que “es la primera vez, también, que se reúnen estas tres comisiones para tratar este tema, lo que nos hace pensar que la política europea está de nuestra parte”.
En la misma rueda de prensa, el letrado informó sobre la admisión a trámite del recurso interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra el Ministerio de Medio Ambiente por el caso de Igueste de San Andrés, en el que se pide una vez más que se contemple la servidumbre pública sólo de 20 metros y no de 100 metros, y se ha presentado toda la documentación que demuestra que Igueste de San Andrés es un núcleo urbano consolidado muy anterior a la ley de 1988.
Langa aseguró que “sabemos que vamos a ganar esta causa, aunque todavía no sabemos cuándo”, pero, añadió “tenemos la parte política, judicial y social de nuestro lado” y recordó que el nuevo Gobierno canario pedirá las competencias en costas al Estado.
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