El CCN cree que la nueva Ley de Costas da una segunda oportunidad a las casas afectadas

 

• Ignacio González cree que el pacto CCN-PP fue fundamental para el cambio legislativo

 Tenerife (Canarias), 11 de mayo de 2013 / Políticas - CCN - Costas / Gabinete de Prensa.

El presidente federal del CCN y diputado autonómico fue el primero que pidió la modificación de la Ley de Costas de 1988, en 2008, cuando presentó ante el Pleno de Santa Cruz de Tenerife una moción, que fue aprobada por unanimidad, para que se modificara la Ley de Costas, porque los municipios canarios y la comunidad autónoma habían incumplido el plazo previsto en la citada ley para facilitar al Ministerio de Medio Ambiente la lista de los núcleos costeros urbanos anteriores a su entrada en vigor, lo que los dejaba en una situación de indefensión frente a las órdenes de derribo de Costas. 

Problema que sencillamente no se habría producido si las administraciones canarias hubieran proporcionado en su momento dicha lista. Entonces, el anterior alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, llegó incluso a calificar el olvido de un error subsanable, pero la realidad era que sin la modificación legislativa que ahora se acaba de aprobar no se podía subsanar el tremendo despiste de los ayuntamientos y el Gobierno de Canarias de no proporcionar la relación de núcleos urbanos costeros anteriores a la Ley de Costas. El problema era que la Ley de Costas ampliaba la zona de servidumbre marítimo terrestre de los anteriores 20 metros hasta los 100, engullendo las viviendas legales preexistentes, a las que se excepcionaba siempre que los ayuntamientos y la Comunidad Autónoma certificaran que disponían de servicios municipales, agua, luz, accesos, etc., antes de 1988. Cosa que no hicieron. La nueva ley de Costas establece ahora una nueva prórroga para que el Gobierno Autónomo y los ayuntamientos proporcionen de una vez esa lista. 

El presidente del CCN se declara feliz de que el pacto suscrito con el PP en las últimas elecciones generales facilitara la negociación con ese partido y el Gobierno de España para conseguir este importante logro que permitirá a miles de familias canarias salvar sus casas, afectadas por la Ley de Costas pero construidas con anterioridad a 1988, algunas centenarias, en la zona de ampliación de la servidumbre de 100 metros. Ignacio González felicita especialmente al letrado José Luis Langa, que ocupa el puesto de Defensor del Ciudadano en el CCN, por su ingente y brillante labor en pro del objetivo de salvar los núcleos costeros canarios de las palas. Y aunque, al CCN le hubiera gustado que se incluyera Canarias como excepción a la ley de costas, directamente, como Formentera y otros núcleos costeros,  entiende que el nuevo texto da una segunda oportunidad a las corporaciones canarias para que hagan de una vez su trabajo bien, den la lista y salven las casas. 

LA APROBACIÓN DE LA REFORMA DE LA LEY DE COSTAS SUPONE LA MUERTE DEL LITORAL COMO ESPACIO PÚBLICO DE TODOS Y PARA TODOS

EL PP  APROVECHA SU MAYORÍA ABSOLUTA PARA DINAMITAR EL DERECHO DE TODOS LOS CIUDADANOS A DISFRUTAR DE UN MEDIOAMBIENTE  ADECUADO  PROCLAMADO EN EL ARTÍCULO 45 DE LA C.E.

Canarias (España), 9 de mayo de 2013 / Medio Ambiente - Ley de Costa / Gabinete de Prensa.

Hace 44 años se aprobó la primera Ley de Costas de la legislación española. La ley de 1969 se produce en un contexto económico y social donde la apuesta decidida del régimen franquista por el turismo como forma de obtener los ingresos necesa­rios para equilibrar la balanza de pagos era evidente (ver Ley 197/1963, de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional). En consonancia con lo anterior esta Ley permitía y promovía la propiedad privada en el litoral. Las consecuencias de esta apuesta decidida por el interés económico a costa del litoral, se reflejan claramente, 19 años después, en la exposición de motivos de la Ley de Costas de 1988: << Las consecuencias del creciente proceso de privatización y depredación, posibilitado por una grave dejación administrativa, han hecho irreconocible, en numerosas zonas, el paisaje litoral de no hace más de treinta años, con un urbanismo nocivo…, vías de transporte de gran intensidad…, y vertidos al mar sin depuración en la mayoría de los caso. >>.

Entre 1986 y 1988  con el lema Recuperemos la costa, el Ministerio de Obras Públicas iniciaba una campaña en la que se daban a conocer las líneas básicas de la nueva ley que se estaba tramitando en el Parlamento. Así en julio de 1988 se aprueba la Ley de Costas que hasta hoy y durante 25 años a estado vigente. Esta ley recogiendo el testigo de lo proclamado por la C.E. en los artículo 45 y 132, apuesta decididamente por el interés general, proclamando la recuperación del litoral para el uso de todos y para todos, y priorizando su conservación y protección  por encima del interés económico de determinados sectores. 

25 años después de la Ley de Costas del 88, se ha determinado cuál es la parte de todos en casi todo el litoral español, se ha determinado qué partes privadas están sujetas a un régimen especial por formar parte de un ecosistema frágil y dinámico que es de todos, se han recuperado para todos, al menos jurídicamente, partes del litoral que habían sido indebidamente sustraídos e intencionadamente deteriorados. No obstante, en muchos casos la situación no ha mejorado, pero seguramente habrá que buscar las causas no tanto en el instrumento legislativo, sino más bien en la herencia privatizadora adquirida de la Ley de 1969, en la frenética y vertiginosa actividad licitadora de Ayuntamientos y Corporaciones locales costeras para financiarse y enriquecerse a costa de lo que es de todos, y a la timorata e irresponsable gestión que en algunos casos, la Administración Central ha llevado a cabo sobre el litoral.

Con una mayoría absoluta y en un contexto de crisis, el gobierno del PP ha aprobado la reforma de la Ley de Costas de 1988, bajo el cínico título de “Ley de Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas”.  Sin ningún tipo de pudor reconocen en su propio discurso que: << La reforma de la Ley de Costas responde al interés general del desarrollo económico y la seguridad jurídica de las personas, siempre que se garantice la protección medioambiental. Nota de prensa del 8 de mayo de 2013. Gabinete de Prensa del MAGRAMA>>. El orden de prelación no deja lugar a dudas de cuales son las verdaderas intenciones de la reforma, primero el “interés general” del desarrollo económico, y luego la seguridad jurídica de las personas que son titulares  de propiedades privadas  dentro del  litoral de todos.

El derecho de todos a disfrutar de un medioambiente litoral adecuado para el desarrollo de todas las personas, junto al deber de las Administraciones y ciudadanos para con la conservación y protección del mismo sucumben ante la primacía de la lógica económica, tan adecuada en estos momentos de crisis.  En 1969 el interés general era exclusivamente el desarrollo económico,  44 años después el Gobierno del PP con su mayoría absoluta impone a todos los ciudadanos, como antaño, un lógica donde el litoral se convierte en un recurso para el uso y explotación económica de unos pocos.

Desde Ben Magec-Ecologistas en Acción instamos a la ciudadanía canaria a que se reflexione sobre el trasfondo de esta reforma, porque lo que está en juego es nuestro litoral: un espacio de todos y para todos.

Claudio Gutiérrez: “El Oliva Beach, salvado con la nueva ley de costas”

·         El Senador por Fuerteventura confirma que la empresa puede acogerse a una prórroga después de mantener una reunión con el Secretario de Estado de Medio Ambiente en Madrid

Fuerteventura (Canarias), 2 de mayo de 2013 / Ley de Costas / Gabinete de Prensa. 

El Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha confirmado al Senador por la Isla de Fuerteventura, Claudio Gutiérrez, que la reforma de la Ley de Costas abre la puerta a que el Hotel Oliva Beach obtenga una nueva concesión de uso de hasta 75 años.

En una reunión celebrada en Madrid en la que también estuvo presente el Director General de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pablo Saavedra, el Senador les manifestó su “agradecimiento y sensibilidad con Fuerteventura ya que este hotel es un símbolo turístico de La Oliva en el que trabajan más de 400 familias”.

El 12 de abril de 2007, se dictó por el Ministerio, de mutuo acuerdo con el concesionario, una resolución que modificaba la Condición Particular 1ª de la Orden Ministerial de 8 de julio de 2003, por la que se otorgó la concesión administrativa, reduciendo la concesión a diez años desde la resolución, añadiendo, además, que los gastos de demolición levantamiento y desescombro de las instalaciones objeto de la concesión, correrían a cargo de la, entonces, Dirección General de Costas. El plazo de vigencia de la concesión vencía el 13 de abril de 2017.

En la Reforma de la Ley de Costas, que ya ha sido aprobada por el Senado y remitida al Congreso, el artículo segundo de la ley establece una prórroga extraordinaria para las concesiones existentes, otorgadas al amparo de la normativa anterior y que tendrían que expirar a partir del 2018.

“Fue una solicitud que hicimos al Ministerio desde el primero momento. Ahora es la empresa la que debe tramitar ante el Ministerio la ampliación de esta concesión y que las autoridades locales y regionales no pongan trabas para la ampliación de esta prórroga tan importante para la economía del municipio”.

Claudio Gutiérrez mantuvo este miércoles un encuentro con integrantes de la Plataforma Salvar el Oliva Beach para trasladarles la información remitida por el Ministerio tal y como ha venido haciendo desde enero del 2012, “cuando adquirí un compromiso con estos trabajadores para llevar a Madrid sus reclamaciones e intentar Salvar el Hotel Oliva Beach”.

Durante la pasada campaña electoral, el entonces candidato al Senado Claudio Gutiérrez, señaló en varias ocasiones como uno de sus compromisos la búsqueda de soluciones a la situación de incertidumbre en la que se encontraba el Hotel Oliva Beach, que mantenía su concesión hasta el 2017.

Desde la Plataforma han traslado a los populares su agradecimiento por el trabajo serio y responsable realizado por el Senador por la isla de Fuerteventura, que ha mantenido contacto directo con la plataforma, informando puntualmente de la situación en la que se encontraba la tramitación del expediente.

Este mítico establecimiento hotelero inaugurado en 1977 emplea a 400 personas y cuenta con casi 2.000 camas y una media de ocupación del 80% anual, con unas 600.000 estancias cada año.

La situación de este hotel ha sido objeto de sendos acuerdos plenarios durante la pasada legislatura en su defensa en el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de La Oliva.

“Por este hotel han pasado muchos turistas a lo largo de su historia; se ha convertido en un atractivo más; representa con ejemplaridad la calidad y la excelencia turística”, señala Gutiérrez, “es la mejor noticia que podría dar como Senador”.

Poblados costeros

El Partido Popular de Fuerteventura no se olvida de los barrios costeros de Fuerteventura afectados por la Ley de Costas de 1988.

Toda vez que se apruebe la Reforma de la Ley en el Congreso de los Diputados, los populares tienen prevista una reunión con los afectados y los ayuntamientos a la que asistirá el Senador por Fuerteventura, Claudio Gutiérrez, la Senadora por La Palma, María de Haro, y la Diputada Nacional, Celia Alberto.

El objetivo es dar a conocer el nuevo texto y las posibilidades que este ofrece a los propietarios de las viviendas afectadas por la normativa de 1988.

“A partir de la aprobación de la Reforma de La Ley de Costas, los Ayuntamientos dispondrán de tres meses para regularizar sus núcleos costeros amenazados”, asegura Gutiérrez.

Si a los 18 meses de su petición el Ministerio no contesta, se entenderá que es favorable su legalización.

“Hemos dado un gran paso adelante para atender las demandas de los afectados. Esperamos que esta ley resuelva la situación de muchos pueblos que están afectados en Fuerteventura”.

Jacomar, Puerto Lajas, El Puertito, Los Molinos, Majanicho, Pozo Negro, Giniginámar, Las Salinas, Ajuy  y Cueva La Negra son los principales pueblos costeros afectados por Ley de Costas del año 1988.

Una disposición transitoria en la nueva Ley de Costas podría ser la solución para muchos poblados canarios

Así lo indicó hoy el presidente de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas, José Luís Langa González 

Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 28 de abril de 2013 / Sociedad - Ley de Costas / Gabinete de Prensa.

Una disposición transitoria, concretamente la primera, que está incluida en la nueva Ley de Costas que se aprobó el pasado 24 de abril en el Senado y que ahora pasa al Congreso, abre una esperanza para salvar muchos de los poblados canarios, ahora amenazados por esta normativa, pues contempla la posibilidad de que queden exentos de la servidumbre pública aquellos núcleos que demuestren que cuentan con los servicios mínimos de cualquier población, como alumbrado, alcantarillado y determinadas infraestructuras.

“Ahora tenemos que demostrar la realidad de Canarias y lo que siempre hemos dicho, su singularidad”, indicó hoy en rueda de prensa el presidente de la Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas (Pcalc), José Luis Langa González, quien aseguró que “no se menciona explícitamente a Canarias en el nuevo documento a pesar de que no hace mucho el director de Costas decía aquí mismo que nuestra comunidad tendría un trato especial”.

Langa González explicó que ahora, tal y como queda el nuevo texto, hay un plazo de tres meses para que los ayuntamientos acrediten los núcleos que cuentan con estos requisitos y que podrían quedar exentos en la ley; esta información se presentará al Ministerio de Medio Ambiente que deberá emitir un informe en un tiempo no superior a los dieciocho meses; en caso de silencio administrativo, la resolución será favorable.

Esto significa, agregó el presidente de Pcalc, “que ahora le toca hacer los deberes a los ayuntamientos, que deben conocer la realidad de sus municipios y saber qué núcleos están afectados y enviar la información pertinente”. En cualquier caso, Langa González dijo que la plataforma ya ha mantenido contactos con algunos ayuntamientos y seguirá en esa dinámica para evitar que “una vez más no presentemos la información que puede salvar las casas de miles de canarios”.

El también abogado afirmó que “la segunda medida que tenemos que tomar es poder contar con la gestión de servicios sobre Costas en Canarias, como ya tienen otras comunidades como Cataluña y Andalucía, o en su defecto, contar con una comisión bilateral entre Canarias y el Ministerio para que se estudie con detenimiento nuestra realidad”.

La tercera opción que va a tomar la plataforma, agregó Langa, “es presentar esta situación en Europa y lograr allí los apoyos necesarios”, y “hay una cuarta vía más contundente que de momento no quiero adelantar, pero se llegará a ello si no hay más remedio”, añadió Langa.

La Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas es una asociación sin ánimo de lucro que representa a todas aquellas personas perjudicadas por la aplicación de esta norma, que está llevando a cabo acciones para lograr que los núcleos urbanos consolidados de Canarias no desaparezcan y que defiende la historia, la cultura y la idiosincrasia de esta región. 

El CCN de Gran Canaria se reúne con la Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los afectados por la Ley de Costas (PCALC)

Las Palmas de GC (Canarias), 22 de abril  de 2013 / Costas - Política - CCN / Gabinete de Prensa.

La pasada semana tuvo lugar una reunión entre el Centro Canario Nacionalista, CCN, de Gran Canaria y la Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los afectados por la Ley de Costas, PCALC. Asistieron a este encuentro el presidente del CCN, Juan Martel, Alberto Amorós, secretario insular y por la  Plataforma el presidente de la misma, José Luis Langa y el vicepresidente, Juan Pedro Pérez Medina.

Los miembros de la Plataforma informaron sobre las gestiones que vienen llevando a cabo  para defender los intereses de numerosas personas que en Canarias están afectadas por la Ley de Costas, se calcula en una primera estimación, que  pueden ser unas 150.000 personas, de las que  unas ya han perdido sus casas y otras están en peligro de perderlas, por lo que se ha considerado la conveniencia de crear una plataforma que aglutine a todos los afectados directa e indirectamente y que, a la vez, sea portavoz de sus inquietudes y preocupaciones.

Esta Plataforma nace con una vocación clara y única: Preservar el patrimonio histórico, la identidad y la cultura de nuestro pueblo, defendiendo los núcleos urbanos y los poblados costeros canarios cuya existencia es muy anterior a la, aún en vigor, Ley de Costas, con lo que también defendemos la idiosincrasia y las raíces del pueblo canario.

Juan Martel, presidente insular del CCN Gran Canaria, agradeció la visita de los miembros de la Plataforma y mostró el apoyo de su organización insular,  a la vez que alentó a los representantes de esta asociación a continuar  en la lucha con el fin de encontrar una solución justa para los afectados en esta isla por la aplicación de la Ley de Costas de 1988.

En Gran Canaria ya hay dos núcleos, Tufía y Ojos de Garza, ambas en el municipio de Telde, con sentencias firmes de derribo, además pesa la amenaza sobre otros barrios del litoral del norte de la isla, entre otros,  El Puertillo, Quintanilla, San Andrés, El Altillo, San Felipe, Caleta, etc.

La nueva Ley de Costas tendrá en cuenta las singularidades del Archipiélago

Asier Antona se reúne con el ministro Arias Cañete y pide a las administraciones canarias la delimitación rigurosa de los núcleos

Madrid (España), 16 de abril de 2013 / Medio Ambiente / Gabinete de Prensa.

La nueva Ley de Costas tendrá en cuenta las singularidades del Archipiélago para solucionar definitivamente el problema de los núcleos costeros consolidados de las Islas, según informó el secretario general de los populares canarios, Asier Antona, tras la reunión mantenida esta tarde con el ministro de Medioambiente, Miguel Arias Cañete.

La reducción de la línea de servidumbre de 100 a 20 metros, garantizada en las disposiciones del nuevo texto normativo para casos como los canarios, permitirá “normalizar” la situación de la mayor parte de los núcleos del Archipiélago, aunque para ello habrá que delimitarlos previamente.

Antona encabezó una delegación del PP canario de la que también formaron parte la vicesecretaria regional, Cristina Tavío, la senadora María de Haro y el diputado Ernesto Aguiar, quienes trasladaron al ministro la “preocupación” existente en las Islas por la “confusión que se ha intentado generar sobre este conflicto histórico”, y destacaron la “especial sensibilidad” del Ministerio para resolver un asunto de “complejidad, debido a la singularidad de los poblados canarios”.  

Por su parte, Cristina Tavío, advirtió que las administraciones canarias tienen un trabajo que hacer con urgencia, “porque sin la preceptiva delimitación de los núcleos no podrá tramitarse su normalización”, una vez entre en vigor la nueva ley.

José Luis Langa, representante de la asociación, asegura que el cambio permitirá que muchas familias del Archipiélago vuelvan a vivir tranquilas

Afectados de Canarias por la Ley de Costas valoran la moción aprobada por el Senado para eliminar su carácter retroactivo

Santa Cruz de Tenerife, 24 de febrero de 2012 / Costas - Senado / Gabinete de Prensa.

El abogado y representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC), José Luis Langa González, valora como un paso más la aprobación por parte del Senado el miércoles 22 de febrero de una moción para que se modifique la Ley de Costas y desaparezca su carácter retroactivo.

Langa González asegura que, de tenerse en cuenta esta modificación largamente demandada por la asociación que representa, se “volverá a la senda de la justicia social y muchas, muchas familias canarias podrán volver a vivir tranquilas sabiendo que nadie les va a echar de sus casas ni de sus negocios”.

Para el letrado esta es un gran paso, pues el carácter retroactivo de la ley estaba siendo injusto e indiscriminado, puesto que “se estaba aplicando la ley sobre zonas urbanas consolidadas y, de hecho, desde la asociación hemos luchado contra esta injusticia con denuedo y ahora parece que se ve una esperanza para las más de 160.000 personas que podrían estar afectadas en Canarias por esta ley”.

Así mismo, valora que la moción, propuesta por el PP-CCN en el Senado y aprobada por 177 votos a favor y 75 en contra, pida una moratoria en cuanto a la aplicación actual de la ley en tanto que esta se somete a los cambios pertinentes.

“Una reivindicación más que la asociación en Canarias pidió hace muchos meses en vista de las situaciones que se estaban planteando”, entre ellas, recuerda Langa, la reforma pedida por el Parlamento de Canarias el 26 de marzo de 2009 por el carácter arbitrario e indiscriminado al aplicar la Ley de Costas en España.

El abogado y representante canario de la Aeplc recuerda que la modificación de la ley no va en contra de la protección medioambiental de las costas españolas, sino que lo que se pretende es que desaparezca su aplicación injusta en tanto que, matiza Langa, “en Canarias los más perjudicados hasta la fecha son los vecinos de poblaciones que llevan toda la vida viviendo en esos lugares, y previamente sus padres y sus abuelos, y que no tienen nada más. Se les echa de sus casas; se les priva de la propiedad privada sin indemnización y se les ataca sus derechos sin contemplación”.

“Este es el verdadero drama que hay detrás de la retroactividad de la Ley de Costas en Canarias”, apostilla Langa González, quien recuerda se trata de núcleos urbanos consolidados como Igueste de San Andrés; Santa Lucía o Los Roques, en Tenerife; Valle Gran Rey en La Gomera y Ojos de Garza y Tuifa en Gran Canaria, por mencionar algunos.

José Luis Langa, representante de la Asociación, valora este anuncio e inicia contactos con el Ministerio para conocer el alcance de la modificación

Perjudicados por la Ley de Costas en Canarias esperan que la reforma anunciada por Arias Cañete proteja los núcleos urbanos consolidados

Santa Cruz de Tenerife, 14 de enero de 2012 / Ley de Costas / Gabinete de Prensa.

El abogado y representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC), José Luis Langa González, ha valorado el anuncio del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, de realizar una “reforma profunda” en la Ley de Costas y espera que esta vaya en línea con la demanda de dicha asociación de proteger aquellos núcleos urbanos consolidados previos a la ley de 1988 y que en Canarias podría afectar a más de 160.000 personas.

Langa González asegura que este anuncio es “inicialmente una buena noticia, sin embargo aun no conocemos el alcance de dicha modificación por lo que tenemos que mantenernos cautos” y es por ello que en estos días iniciará gestiones con el Ministerio de Medio Ambiente para saber en qué línea se hará dicha reforma.

El abogado y representante en Canarias de los afectados por la Ley de Costas puntualiza que en ningún momento esta reforma debe ir en contra de la protección del medio ambiente y de los espacios protegidos, sino que “lo que debe es invalidar el carácter retroactivo de la actual ley que durante estos años ha puesto en peligro la estabilidad y el derecho a la propiedad privada de cientos de canarios que ahora están amenazados por la ley”.

Langa González recuerda que desde hace años, como abogado y como representante de la AEPLC en Canarias, ha mantenido esta postura para poblaciones tales como Igueste de San Andrés; Santa Lucía o Los Roques, en Tenerife; Ojos de Garza en Gran Canaria y Valle Gran Rey, en La Gomera, por citar sólo algunos casos, cuyos habitantes “viven con la espada de Damocles pues en cualquier momento les pueden echar de sus casas”.

Es por ello que en las últimas elecciones generales, la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas en Canarias pidió el voto de los afectados y de todos los canarios para el PP pues éste partido ya se había comprometido a modificar la ley y “las declaraciones de ayer de Arias Cañete indican que están cumpliendo su compromiso”, agrega Langa.

Finalmente, Langa pide, una vez más, que se aplique una moratoria sobre los núcleos que en Canarias están afectados por la Ley de Costas a la espera de que se modifique la misma y se vea en qué sentido se va a aplicar dicha ley.

El abogado Langa informa sobre la primera sentencia de la Audiencia Nacional que anula un deslinde y que puede ser precedente para Canarias

Santa Cruz de Tenerife, 29 de junio de 2011 | Costas | Gabinete de Prensa.

El representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC) y abogado José Luis Langa informó ayer en rueda de prensa sobre la primera sentencia en España por parte de la Audiencia Nacional que anula un deslinde marítimo, concretamente en la costa de Almería, alegando “inseguridad jurídica” y que crea un precedente que se puede aplicar a la actual situación de Igueste de San Andrés (Tenerife).

Langa indicó que la población en la que se ha anulado el deslinde es de características similares a la población de Tenerife y que la “resolución que ordena la incoación del expediente de deslinde, incide en vicio de nulidad de pleno derecho (...) y conculca igualmente al principio general de seguridad jurídica proclamado por la Constitución Española en su art. 9.3”.

Esta situación se ha producido en las Salinas de Cabo de Gata (Almería) que de esta forma la zona de costa que había sido declarado de servidumbre pública queda fuera de esta denominación. El abogado de los afectados de Igueste de San Andrés y de Valle Gran Rey (La Gomera) aseguró que esta sentencia crea precedente y marca un antes y un después en la aplicación de la Ley de Costas.

Langa también informó sobre la reunión que tendrá lugar el próximo 9 de octubre de 2011 en el Parlamento Europeo en la que estarán la Comisión de Peticiones, la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión Europea para pedir explicaciones a España sobre la aplicación retroactiva de la Ley de Costas y aseguró que “es la primera vez, también, que se reúnen estas tres comisiones para tratar este tema, lo que nos hace pensar que la política europea está de nuestra parte”.

En la misma rueda de prensa, el letrado informó sobre la admisión a trámite del recurso interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra el Ministerio de Medio Ambiente por el caso de Igueste de San Andrés, en el que se pide una vez más que se contemple la servidumbre pública sólo de 20 metros y no de 100 metros, y se ha presentado toda la documentación que demuestra que Igueste de San Andrés es un núcleo urbano consolidado muy anterior a la ley de 1988.

Langa aseguró que “sabemos que vamos a ganar esta causa, aunque todavía no sabemos cuándo”, pero, añadió “tenemos la parte política, judicial y social de nuestro lado” y recordó que el nuevo Gobierno canario pedirá las competencias en costas al Estado.