Una disposición transitoria en la nueva Ley de Costas podría ser la solución para muchos poblados canarios

Así lo indicó hoy el presidente de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas, José Luís Langa González 

Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 28 de abril de 2013 / Sociedad - Ley de Costas / Gabinete de Prensa.

Una disposición transitoria, concretamente la primera, que está incluida en la nueva Ley de Costas que se aprobó el pasado 24 de abril en el Senado y que ahora pasa al Congreso, abre una esperanza para salvar muchos de los poblados canarios, ahora amenazados por esta normativa, pues contempla la posibilidad de que queden exentos de la servidumbre pública aquellos núcleos que demuestren que cuentan con los servicios mínimos de cualquier población, como alumbrado, alcantarillado y determinadas infraestructuras.

“Ahora tenemos que demostrar la realidad de Canarias y lo que siempre hemos dicho, su singularidad”, indicó hoy en rueda de prensa el presidente de la Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas (Pcalc), José Luis Langa González, quien aseguró que “no se menciona explícitamente a Canarias en el nuevo documento a pesar de que no hace mucho el director de Costas decía aquí mismo que nuestra comunidad tendría un trato especial”.

Langa González explicó que ahora, tal y como queda el nuevo texto, hay un plazo de tres meses para que los ayuntamientos acrediten los núcleos que cuentan con estos requisitos y que podrían quedar exentos en la ley; esta información se presentará al Ministerio de Medio Ambiente que deberá emitir un informe en un tiempo no superior a los dieciocho meses; en caso de silencio administrativo, la resolución será favorable.

Esto significa, agregó el presidente de Pcalc, “que ahora le toca hacer los deberes a los ayuntamientos, que deben conocer la realidad de sus municipios y saber qué núcleos están afectados y enviar la información pertinente”. En cualquier caso, Langa González dijo que la plataforma ya ha mantenido contactos con algunos ayuntamientos y seguirá en esa dinámica para evitar que “una vez más no presentemos la información que puede salvar las casas de miles de canarios”.

El también abogado afirmó que “la segunda medida que tenemos que tomar es poder contar con la gestión de servicios sobre Costas en Canarias, como ya tienen otras comunidades como Cataluña y Andalucía, o en su defecto, contar con una comisión bilateral entre Canarias y el Ministerio para que se estudie con detenimiento nuestra realidad”.

La tercera opción que va a tomar la plataforma, agregó Langa, “es presentar esta situación en Europa y lograr allí los apoyos necesarios”, y “hay una cuarta vía más contundente que de momento no quiero adelantar, pero se llegará a ello si no hay más remedio”, añadió Langa.

La Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas es una asociación sin ánimo de lucro que representa a todas aquellas personas perjudicadas por la aplicación de esta norma, que está llevando a cabo acciones para lograr que los núcleos urbanos consolidados de Canarias no desaparezcan y que defiende la historia, la cultura y la idiosincrasia de esta región.