El 25 de junio se inicia el Juicio por el caso García Cabrera en el Tribunal Supremo

Miguel Zerolo se sentará por primera vez en el banquillo de los acusados

Miguel Zerolo, Guillermo Núñez y Joaquín Castro-Brunetto serán juzgados por el Tribunal Supremo acusados de prevaricación continuada

Izquierda Unida actuará como Acusación Popular en defensa de los derechos de los y las santacruceras

Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 13 de junio de 2014 / Políticas - IUC / Gabinete de Prensa.

    

El próximo 25 de junio se dará inicio a las sesiones del Juicio Oral y Público correspondiente al caso García Cabrera (Causa Especial 3/20284/2012) que se celebrará ante la Sala de Lo Penal (Sala Segunda) del Tribunal Supremo y que sentará en el banquillo de los acusados al actual senador de CC y exalcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo Aguilar, así como al exconcejal de CC Guillermo Núñez Pérez y al funcionario municipal vinculado a CC, Joaquín Castro Brunetto.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó mediante Providencia fechada el pasado 29 de mayo el inicio del juicio el día 25, a las 10:30 horas, ordenando la citación de los acusados así como a los 11 testigos y 3 peritos que prestarán declaración a lo largo de ese día en jornada de mañana y tarde.

Miguel Zerolo, Guillermo Núñez y Joaquín Castro-Brunetto serán juzgados por el Tribunal Supremo por un grave delito de prevaricación administrativa continuada por el que han sido acusados por la Fiscalía del Estado e Izquierda Unida personada como Acusación Popular. El juicio se desarrollará ante el Tribunal Supremo dada la condición de aforado que el acusado Miguel Zerolo tiene como Senador designado en representación de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El caso García Cabrera se ha centrado en las gravísimas ilegalidades incurridas en el proceso de ejecución de las obras de rehabilitación del antiguo instituto de Ofra Hermanos García Cabrera para su acondicionamiento como oficinas municipales.

La ejecución de dichas obras se hizo mediante contratatación verbal, lo cual es manifiestamente ilegal, y por tanto, sin expediente de contratación vulnerando gravemente los principios de competencia y buena administración. Las obras se ejecutaron sin proyecto previo ni estudos técnicos que permitieran razonablemente hacer una evaluación de su coste a efectos de contratación. Las obras fueron ejecutadas “a dedo” por la empresa IMES-API, encargada en aquella época del mantenimiento de los edificios municipales, siendo así que la Intervención Municipal de Fondos reparó todos los pagos que se hacían a la misma, reparos que eran “levantados” de forma conscientemente ilegal por Decreto del entonces Alcalde Miguel Zerolo, previo informe del funcionario también acusado, Joaquín Castro-Brunetto.

Tal fue así, que unas obras que se consieraron incialmente como “obras menores” o “reformitas” en palabras de Zerolo, acabaron costando a las ciudadanas y ciudadanos de Santa Cruz más de 7 millones de euros (esto es, más de mil millones de las antiguas pesetas).

Para Marina Delgado Delgado, portavoz de Izquierda Unida en Santa Cruz “las santacruceras y los santacruceros no nos merecemos responsables políticos que se vulneran sistemáticamente la legalidad, el caso García Cabrera es el mejor ejemplo de cómo se hacían las cosas en el Ayuntamiento de Santa Cruz durante el ‘zerolismo’”.

Por su parte, Ramón Trujillo, coordinador de IUC señala que “el día 25 de junio se sentará en el banquillo de los acusados, ante el Tribunal Supremo, uno de los tres Senadores que representan a la Comunidad Autónoma de Canarias, es lamentable, Canarias no merece estar representado por un individuo acusado de prevaricación y con graves imputaciones por el caso de Las Teresitas y el caso Forum”, añadiendo que “PP, PSOE y CC eligieron a Miguel Zerolo como Senador en representación de Canarias cuando ya estaba imputado por graves delitos, les exigimos que rectifiquen y si les queda algo de vergüenza que reprueben políticamente a Zerolo antes de ese día”. 

Para José M. Pérez Ventura, denunciante del caso y abogado de IU “el caso García Cabrera se suma al caso Las Teresitas y al caso Forum en la trayectoria política de Miguel Zerolo, confíamos en que se haga justicia y se dicte una sentencia condenatoria”, añadiendo que “Izquierda Unida está personada como acusación popular en defensa del interés general, es triste que el Ayuntamiento de Santa Cruz no se haya personado como acusación cuando se trata de delitos cometidos en su ámbito en contra del interés general; ya va siendo hora de que el Ayuntamiento se persone como acusación en el caso Las Teresitas y en el caso Forum”.

Cabe recordar que el caso García Cabrera se inicia en el año 2008 por la denuncia que interpusiera en la Fiscalía el Abogado José M. Pérez Ventura en nombre de la Asociación Justicia y Sociedad partiendo de la documentación facilitada por la entonces concejal de Ciudadanos de Santa Cruz, Odalys Padrón. Tras la larga investigación preliminar realizada, la Fiscalía General del Estado interpuso querella criminal por prevaricación contra Zerolo, Núñez y Castro-Brunetto en el año 2012 cuya instrucción y tramitación conducirá a la celebración del juicio señalado para el día 25.

Claudio Gutiérrez: “El Oliva Beach, salvado con la nueva ley de costas”

·         El Senador por Fuerteventura confirma que la empresa puede acogerse a una prórroga después de mantener una reunión con el Secretario de Estado de Medio Ambiente en Madrid

Fuerteventura (Canarias), 2 de mayo de 2013 / Ley de Costas / Gabinete de Prensa. 

El Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha confirmado al Senador por la Isla de Fuerteventura, Claudio Gutiérrez, que la reforma de la Ley de Costas abre la puerta a que el Hotel Oliva Beach obtenga una nueva concesión de uso de hasta 75 años.

En una reunión celebrada en Madrid en la que también estuvo presente el Director General de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pablo Saavedra, el Senador les manifestó su “agradecimiento y sensibilidad con Fuerteventura ya que este hotel es un símbolo turístico de La Oliva en el que trabajan más de 400 familias”.

El 12 de abril de 2007, se dictó por el Ministerio, de mutuo acuerdo con el concesionario, una resolución que modificaba la Condición Particular 1ª de la Orden Ministerial de 8 de julio de 2003, por la que se otorgó la concesión administrativa, reduciendo la concesión a diez años desde la resolución, añadiendo, además, que los gastos de demolición levantamiento y desescombro de las instalaciones objeto de la concesión, correrían a cargo de la, entonces, Dirección General de Costas. El plazo de vigencia de la concesión vencía el 13 de abril de 2017.

En la Reforma de la Ley de Costas, que ya ha sido aprobada por el Senado y remitida al Congreso, el artículo segundo de la ley establece una prórroga extraordinaria para las concesiones existentes, otorgadas al amparo de la normativa anterior y que tendrían que expirar a partir del 2018.

“Fue una solicitud que hicimos al Ministerio desde el primero momento. Ahora es la empresa la que debe tramitar ante el Ministerio la ampliación de esta concesión y que las autoridades locales y regionales no pongan trabas para la ampliación de esta prórroga tan importante para la economía del municipio”.

Claudio Gutiérrez mantuvo este miércoles un encuentro con integrantes de la Plataforma Salvar el Oliva Beach para trasladarles la información remitida por el Ministerio tal y como ha venido haciendo desde enero del 2012, “cuando adquirí un compromiso con estos trabajadores para llevar a Madrid sus reclamaciones e intentar Salvar el Hotel Oliva Beach”.

Durante la pasada campaña electoral, el entonces candidato al Senado Claudio Gutiérrez, señaló en varias ocasiones como uno de sus compromisos la búsqueda de soluciones a la situación de incertidumbre en la que se encontraba el Hotel Oliva Beach, que mantenía su concesión hasta el 2017.

Desde la Plataforma han traslado a los populares su agradecimiento por el trabajo serio y responsable realizado por el Senador por la isla de Fuerteventura, que ha mantenido contacto directo con la plataforma, informando puntualmente de la situación en la que se encontraba la tramitación del expediente.

Este mítico establecimiento hotelero inaugurado en 1977 emplea a 400 personas y cuenta con casi 2.000 camas y una media de ocupación del 80% anual, con unas 600.000 estancias cada año.

La situación de este hotel ha sido objeto de sendos acuerdos plenarios durante la pasada legislatura en su defensa en el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de La Oliva.

“Por este hotel han pasado muchos turistas a lo largo de su historia; se ha convertido en un atractivo más; representa con ejemplaridad la calidad y la excelencia turística”, señala Gutiérrez, “es la mejor noticia que podría dar como Senador”.

Poblados costeros

El Partido Popular de Fuerteventura no se olvida de los barrios costeros de Fuerteventura afectados por la Ley de Costas de 1988.

Toda vez que se apruebe la Reforma de la Ley en el Congreso de los Diputados, los populares tienen prevista una reunión con los afectados y los ayuntamientos a la que asistirá el Senador por Fuerteventura, Claudio Gutiérrez, la Senadora por La Palma, María de Haro, y la Diputada Nacional, Celia Alberto.

El objetivo es dar a conocer el nuevo texto y las posibilidades que este ofrece a los propietarios de las viviendas afectadas por la normativa de 1988.

“A partir de la aprobación de la Reforma de La Ley de Costas, los Ayuntamientos dispondrán de tres meses para regularizar sus núcleos costeros amenazados”, asegura Gutiérrez.

Si a los 18 meses de su petición el Ministerio no contesta, se entenderá que es favorable su legalización.

“Hemos dado un gran paso adelante para atender las demandas de los afectados. Esperamos que esta ley resuelva la situación de muchos pueblos que están afectados en Fuerteventura”.

Jacomar, Puerto Lajas, El Puertito, Los Molinos, Majanicho, Pozo Negro, Giniginámar, Las Salinas, Ajuy  y Cueva La Negra son los principales pueblos costeros afectados por Ley de Costas del año 1988.