Ponencia José Manuel Soria en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid

Madrid, 29 de julio de 2011 | Ponencia | Gabinete de Prensa.

En primer lugar muchas gracias por estar en este acto de clausura. Me van a permitir que salude a los dos alcaldes, tanto de San Lorenzo del Escorial, como de El Escorial, compañeros del PP. También expresar palabras de gratitud a quienes han permitido que esté hoy aquí, compartiendo con todos ustedes esta reflexión: a Rafael Barberá, como secretario de este curso y a Ana Torme, como directora.

En primer lugar, Ana, por tus palabras, que son mucho más fruto del afecto que en todo caso es recíproco que de la propia realidad de los hechos. Muchísimas gracias porque para mí es todo un honor poder participar en este curso, en esta clausura y sobre todo es un honor poder compartir con todos ustedes algunas reflexiones en torno a cuáles son las cosas que en mi opinión deberían hacerse para propiciar ese necesario cambio de rumbo que una gran parte de la sociedad española está esperando para todos.

La fecha de esta intervención la cerramos bastante antes de la campaña electoral, cuando se estaban preparando todos los componentes de los distintos cursos de esta Universidad de Verano. Ana Torme me llamó y me dijo: “¿podrías clausurar este curso?”. Le contesté que estaría encantado de la vida y que estaría mucho más si ganaba las elecciones y podía venir como presidente de Gobierno de Canarias. Para eso tenían que darse dos condiciones necesarias. La primera, ganar las elecciones y la segunda, si no ganábamos por mayoría, que fue el caso, poder configurar un pacto de gobierno para finalmente poder asumir la Presidencia del Gobierno de Canarias. Se dio la primera de las condiciones necesarias, pero no se dio la segunda.

En Canarias existe, permítanme una pequeña reflexión, una norma electoral que es profundamente injusta porque valora mucho más el territorio sobre lo que es voto de las personas. Las circunscripciones, son insulares, a los efectos de las elecciones autonómicas, por lo que pueden darse circunstancias como las que se han dado en las pasadas elecciones de mayo. Y es que el PP gane las elecciones en términos absolutos por una diferencia de 65.000 votos más que la segunda fuerza política, y un 30 por ciento en términos relativos. A pesar de esta diferencia el número de escaños es exactamente el mismo: 21 escaños el Partido Popular, 21 escaños la segunda fuerza política.

Cuando vimos los resultados, hice lo que haría cualquier persona y partido que gana unas elecciones. Si la gana por mayoría, tomar iniciativa para conformar gobierno. ¿Con quién? Pues con el resto de fuerzas políticas que hay en el Parlamento de Canarias y que pueden sumar. Eran fundamentalmente dos, Coalición Canaria, el partido con el que hemos gobernado en otras ocasiones. Con ellos gobernamos hasta el mes de octubre del pasado año. Rompimos el pacto, no solo porque apoyaban una política muy nociva para toda España y Canarias, sino porque además, lo hacían asumiendo menores inversiones para Canarias.

La otra fuerza política con la que podíamos pactar era con el PSOE, pacto ciertamente difícil, insólito en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, pero que, en mi opinión, en algún momento en España, en alguna comunidad autónoma, tendremos que demostrar capacidad para que si no hay mayoría se puedan ejercer tareas de gobierno sin que el monopolio del pacto lo tengan siempre fuerzas minoritarias, fuerzas nacionalistas, que nos tienen en jaque a unos y a otros.

Lo intentamos con unos y con otros. CC tenía un planteamiento ciertamente original, que era “nosotros somos una fuerza nacionalista y, ganemos o no ganemos, no concebimos estar en un gobierno si no es presidiéndolo”. Lógicamente, el PP no podía ceder la Presidencia del Gobierno habiendo ganado las elecciones. El argumento del PSOE fue todavía más insólito y que “la dirección federal no nos permite hacer pactos políticos ni con Bildu, ni con Nafarroa Bai, ni con el PP. Con esos antecedentes, lógicamente el pacto que hay en Canarias es PSOE-CC.

En todo caso, había un compromiso para estar aquí y es todo un honor. Estoy abrumado por poder participar en un curso de esta naturaleza con tan buena organización, tan buenos participantes y también tan buenos intervinientes.

Se han celebrado elecciones municipales y autonómicas el pasado día 22 de mayo y han hablado las urnas, que han dado un mensaje claro en toda España. Ese mensaje es que se mantenga el rumbo allí donde se están haciendo las cosas que deben hacerse. Por tanto, manténgase el rumbo en comunidades autónomas como Madrid, la Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia, Castilla León… Hay otro mensaje que han dado las urnas: que se cambie el rumbo allí donde las cosas no se están haciendo como deben hacerse: en Aragón, en Cantabria, Castila la Mancha, en Extremadura y también en Canarias, con la salvedad que antes les comentaba.

El pasado mes de junio, durante la clausura del Campus Faes, nuestro presidente Mariano Rajoy hizo una intervención en la que, entre otras cosa dijo que la historia reciente demuestra que cuando los españoles trabajamos en un futuro común, la sociedad entera prospera. También dijo que las políticas de fractura y de exclusión solo generan crispación y fracaso.

Mi reflexión de hoy quiero hacerla partiendo de esas dos premisas y por tanto la voy a circunscribir a dos ámbitos; en primer, necesidad de reforma para ese futuro en común y en segundo lugar, necesidad de recuperar el espíritu de esto último. Empiezo por esto último.

La concordia como base de convivencia en nuestra sociedad

En España, a diferencia de lo que ocurre en otras democracias europeas, desde el punto de vista ideológico, suelo haber dos grandes fuerzas políticas: una en el entorno del centro-izquierda y otra en el entorno del centro derecha.

En España se da un fenómeno diferente, singular. Y es que a parte de una fuerza política de centro izquierda, más bien de izquierda, encarnada por el PSOE; y una fuerza claramente de centro-derecha, como es el PP, conviven otros fenómenos políticos que es el fenómeno del nacionalismo. Un fenómeno que en términos absolutos de voto no representa a una gran parte de la sociedad pero que, teniendo en cuenta el sistema proporcional, que no mayoritario, que consagra la constitución española, han tenido en los últimos años un protagonismo mayor que aquel que le correspondería en función del número de votos que obtienen.

Sostengo la idea de que esa realidad, que en España nos hace distintos a la configuración política del resto de los países europeos, es una realidad que creo que no va a cambiar ni a corto, ni a medio plazo. Y a largo plazo tampoco estoy seguro. Por lo tanto, la realidad nacionalista va a seguir siendo parte de la realidad política en España. Creo, además, que no hay nadie en España a quien pueda interesar más que eso sea así, que al PSOE. Explicaré por qué.

Los grandes nacionalismos de referencia en España, no son nacionalismos de izquierda y de centro izquierda. Los dos grandes nacionalismos de España, en términos generales, son el PNV y CiU. Si nos ponemos en una situación teórica en la que no existieran esos grandes nacionalismos, ¿qué votarían los votantes de esos dos partidos? ¿izquierda, centro-izquierda, centro-derecha, derecha?. Creo que una gran parte de esos votantes votarían centro-derecha y votarían PP. Les pongo un ejemplo.

En Canarias hay un nacionalismo que en términos ideológicos no es, afortunadamente el nacionalismo de CiU o PNV, que tienen entre sus planteamientos un deseo de ir a la autodeterminación. El nacionalismo de Canarias no es un nacionalismo ideológico, sino que tiene otro tipo de consideraciones. Es una nacionalismo cuya masa electoral compite directamente con lo que es el voto convencional del Partido Popular. De no existir CC en Canarias, los resultados del PP serían muchísimo mejor que los actuales. Por tanto, si a alguien le interesa que el nacionalismo de referencia que hoy hay en España persista y perviva ese alguien es el PSOE, lo cual no quiere decir que el PP no llegue a acuerdos. Cabe recordar que durante el legislaturas del 1996 al 2004 conformamos grandes acuerdos con fuerzas políticas nacionalistas a nivel nacional. En el caso de Canarias, han sido muchas las ocasiones en las que hemos co-gobernado juntos con la particularidad que antes les comentaba.

A pesar de que esa realidad que haya sido así, los dos grandes partidos de España hemos de hacer esfuerzos para que en determinadas cuestiones lleguemos a acuerdos. Digo los dos grandes partidos, pero la evidencia empírica y la realidad de los hechos ha puesto de manifiesto que el Partido Popular ha manifestado esa voluntad en diversas ocasiones en el Congreso y en el Senado, proponiendo en todo momento medidas, acuerdos consensos sobre cosas que interesaban a una inmensa mayor parte de la sociedad española. Ha sido reiteradamente el PSOE quien se ha opuesto a llegar a esos acuerdos.

Nosotros tenemos que seguir intentando llegar a acuerdos ahora y después para esas cuestiones que interesan e importan a la inmensa mayor parte de la sociedad. Fueron posibles acuerdos entre el PP y el PSOE en tiempos de Felipe González y de José María Aznar. Si no han sido posibles acuerdos entre el PP y el Gobierno de la Nación presidido por el presidente Zapatero es porque, en mi opinión, el presidente Zapatero no ha querido. No por falta de voluntad del PP y, desde luego, de nuestro presidente Mariano Rajoy.

Creo que esa negativa permanente de llegar a acuerdos con el PP por parte del presidente Zapatero se ha debido a varias razones per fundamentalmente, y lo digo con todos los respetos, a determinadas obsesiones que han venido singularizando a Zapatero: una obsesión contra todo aquello que no sea la izquierda política, que a mí me parece tan respetable como la derecha política, sea la liberal, la conservadora o la de la democracia cristiana. También me parece que ha tenido obsesiones por resucitar fantasmas del pasado. Una obsesión absolutamente innecesaria.

Creo que ha tenido obsesión por enterrar el espíritu de la concordia, que fue la base de lo que nos permitió en la transición avance y prosperidad a lo largo de los años posteriores. Creo que también ha tenido una obsesión por el espíritu de las dos Españas.

Todo esto supone que se ha desandado una buena parte del camino que entre todos habíamos andado. Para muestra un botón, ni una sola propuesta de pacto, de acuerdo, de gobierno, que semana tras semana en el Congreso de los Diputados ha planteado el PP ha sido aceptada por el Gobierno de la Nación.

Por todo ello, la primera conclusión de esta reflexión: el nuevo rumbo de España, en mi opinión, debe intentar recuperar el espíritu de la concordia, recuperar el espíritu del acuerdo, recuperar del consenso en temas importantes, cuestión distinta es que tenga mis propias dudas, de que lo haga el PSOE de Zapatero.

También tengo dudas de que lo haga el PSOE futuro de Rubalcaba y confío en que lo haga el PSOE de los próximos años, sea quien sea el PSOE que lo dirija.

Reformas para un nuevo rumbo

Hay varias. A lo largo de toda esta semana, dentro de este curso, ilustres ponentes han hecho referencia a reformas necesarias en materia de política económica, exterior y social.

Quiero hacer referencia a dos reformas que me parecen indispensables junto a todas las demás. La primera: una reforma del marco administrativo y legal para que haya una administración y una legislación en España que sea más racional. Y una segunda reforma: una reforma del gasto público, orientada a la austeridad, pero que vaya algo más allá de lo que es la política de austeridad, entendiéndola como el conjunto de medidas para gastar aquello que se adecúa al nivel de ingresos. Se trataría de una política de reforma del gasto público que vaya más allá, lo que significa adoptar actitudes y medidas para instalar una auténtica cultura de la austeridad que nos haga ver que no podemos seguir viviendo y gastando con recursos públicos deficientes al ritmo al que lo hemos venido haciendo a lo largo de muchos años.

Respecto al nuevo marco administrativo y normativo, estamos en un mundo crecientemente abierto, con cada vez menos barreras y cada vez más global. En ese mundo, la calidad de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestras instituciones son factores de confianza, de seguridad y de competitividad para abordar el principal problema que hoy tiene la sociedad y la economía española. Siendo ese el principal problema, el principal objetivo no puede ser otro que el de la creación de empleo. Siendo ese el principal objetivo, no hay otra estrategia que la del crecimiento económico. No conozco ningún manual de Economía del mundo, donde no se diga que para crear empleo hay que generar crecimiento. No conozco ninguna Economía que pueda crecer si no hay consumo, si no hay inversión y si no hay exportación.

Adicionalmente, se requieren algunas otras cosas porque la generación, la atracción y la retención del talento, la calidad de las normas y la eficacia de las instituciones también son pilares fundamentales de esa estrategia del crecimiento.

Segunda conclusión, hay que simplificar, hay que adelgazar y hay que aligerar nuestro sistema administrativo y normativo. No favorece la proliferación de normas que, sin añadir ningún tipo de valor a los ciudadanos y a la economía, cercenan proyecto de inversión, no solo privados, muchas veces la maraña administrativa limita proyectos de inversión pública. Todo eso requiere una labor de simplificación y ahí los políticos, de todos los colores políticos, tenemos una enorme responsabilidad para corregir esa maraña que afecta a muchos ámbitos de la vida de las personas.

No podemos seguir financiando una estructura de administraciones públicas como la actual si queremos seguir abriendo hospitales, colegios y atendiendo a quienes tienen una mayor tasa de dependencia.

Hemos escuchado a lo largo de los últimos días que la Generalitat de Catalunya ha adoptado una medida para que a lo largo de agosto se cierren determinados centros de Atención Primaria. Esto pone de manifiesto cuál es la consecuencia directa de esas políticas desacertadas de gasto público. Yo lo que me pregunto es, antes de llegar a esa medida ¿no tendríamos que prescindir, por ejemplo, de toda la red de oficinas exteriores que tienen la Generalitat? ¿Para qué es preciso que todas las comunidades autónomas tengan oficina de representación en Europa, en América, alguna en Asia?, en todos esos países hay una embajada de España pagada por todos los españoles con funcionarios muy competentes que están justamente para asistir y ayudar a cualquier español que aparezca, sea persona física o una empresa.

¿No será mucho más racional, antes de proceder al cierre de centros de Atención Primaria, plantear el cierre de televisiones autonómicas que en conjunto están generando un déficit de 3.000 millones de euros? Esta cantidad dobla a lo que, con la congelación de pensiones, ha ahorrado el Gobierno de la Nación. Por tanto, creo que este tipo de políticas son, no sólo necesarias sino imprescindibles.

Hay una parte fundamental de nuestro marco administrativo que está constituido por el marco autonómico. Creo que la parte autonómica es fundamental en nuestro modelo constitucional . Soy de los que piensa que globalmente considerado, el modelo autonómico es valorado y apreciado por una mayoría de la sociedad española. Pienso también que el modelo autonómico ha ayudado al progreso, auge y expansión a los que hemos asistido en los últimos años . Ahora bien, pensar todo eso no me impide reflexionar también al respecto y ver que nuestro modelo autonómico necesita también adaptarse a las circunstancias cambiantes.

La España de 2011no tiene nada que ver con aquella España en la que aparecieron todos los estatutos de autonomía. Hay circunstancias cambiantes, por lo que no parece muy descabellado adaptar todo eso que ha funcionado a unas circunstancias que son distintas a las que había al principio.

A lo largo de todos estos años, el tamaño y el volumen de las administraciones autonómicas ha ido aumentado más allá de lo que hoy podemos pagar e, incluso, más allá de lo que la propia eficacia exigiría.

Por todo ello, creo que esta crisis debemos verla como una oportunidad, no para debilitar el marco autonómico sino al contrario para abordar con rigor reformas que lo hagan más fuerte, más eficiente y más eficaz. Creo que ese modelo debe seguir siendo parte de la organización del Estado en España. Ahora bien, debe funcionar mejor, hay que dar respuesta al clamor compartido en todos los rincones de España, de una simplificación que piden todos los ciudadanos y creo que en el PP debemos asumir un compromiso claro al respecto.

Hemos aprendido mucho en estas tres décadas de desarrollo autonómico, entre otras cosas, que las reformas solo salen bien cuando tienen tras de sí un consenso. Todos aquellos intentos de reforma que se han hecho desde el sectarismo político o que se han hecho como intento de aislar a otros políticamente, se han saldado siempre como sabemos, un fracaso estrepitoso.

Hemos aprendido que el camino del crecimiento y la prosperidad supone eliminar barreras. Supone cuidar todo aquello que nos une, que es muchísimo, que es una de las mayores fortalezas que tiene nuestro país. También hemos aprendido que no podemos malgastar los recursos de todos.

También sabemos como experiencia que durante los ocho años que gobernamos en España, bajo la presidencia de José María Aznar, y durante los cuales fue muy importante Mariano Rajoy, demostramos que esas cosas eran posible hacerlas de otra manera.

Hoy la sociedad demanda una acción clara de simplificación administrativa y regulatoria. Nos demanda eliminar duplicidades y triplicidades, y que se asegure todo aquello que tiene que ver con decisiones libres de los ciudadanos.

Hoy la Administración no puede ser concebida como un fin en si mismo. No es un objetivo, es una herramienta, un instrumento, es un medio. Por tanto, es prioritario delimitar con precisión las competencias de todas las administraciones públicas y evitar derroches, para que los ciudadanos puedan percibir de una forma clara qué administración en concreto presta qué servicio en concreto.

Es deseable poner fin a la atribución de tareas impropias de una administración a otra, que se realiza sin una asignación presupuestaria adecuada y sin una base competencial adecuada. Por ello, se precisa racionalizar la estructura política y administrativa de todas las administraciones públicas y del conjunto de entes como las empresas, fundaciones y consorcios públicos.

Sería deseable una función-una administración. Cualquier parcela que podamos pensar tiene un concejal, tiene un consejero en el cabildo o en la diputación, un consejero en la comunidad autónoma, un ministro que se ocupa del tema y también un comisario europeo. Da la impresión de que algo hemos hecho mal o muy mal.

Considero muy importante no obsesionarse con más competencias. Cada vez que escucho a determinados gobernantes autonómicos decir cuantas más competencias mejor, pienso que lo que nos están pidiendo los ciudadanos es que lo que ya tenemos lo hagamos mejor, que las competencias aquellas que estamos gestionando, las gestionemos mejor.

En el pasado debate de investidura de Canarias, el entonces candidato a la Presidencia del Gobierno dijo que necesitábamos más competencias para seguir creciendo como pueblo. A mí nadie, en mi vida política, nunca nadie me ha parado por la calle para decirme que está muy preocupado y que no puede dormir porque no hemos asumido esta competencia. Por eso, creo esa es una mala obsesión y debemos dejarla de lado y centrarnos en gestionar mejor las competencias que ya tenemos.

En definitiva, lo que nos piden los ciudadanos es que resolvamos problemas.

Todo lo anterior exige reformas en las administraciones públicas y que se centren en cinco ejes: racionalización, viabilidad, sostenibilidad, digital y profesional.

Una administración racional

En mi opinión es aquella que funciona para lo que está, para prestar servicios a los ciudadanos, prestando servicios y satisfaciendo necesidades. Si los ciudadanos no lo perciben así es que la administración no funciona. Algunos de los motivos por los que no funcionan son porque no se trabaja por objetivos, porque hay demasiadas inercias, absentismo y hay escaso control.

Me pregunto por qué no exigir en el ámbito del sector público el mismo rendimiento y productividad, los mismos resultados que en el ámbito del sector privado. ¿Dónde está escrito que no pueda exigirse lo mismo? ¿De quién es la responsabilidad de exigirlo?

Una administración viable


No tienen sentido que una administración pública tenga asignadas unas competencias que no puede llevar a cabo. Una administración viable es la que asume competencias que puede llevar a cabo y no asume nada que no pueda gestionar. Nada peor que generar unas expectativas en los ciudadanos que acaben en la frustración.

Una administración sostenible

A lo largo de muchos años, el tamaño y volumen de las administraciones en España ha ido aumentando. Hoy no podemos mantenerlo. Una administración sostenible es aquella que tiene un tamaño que se puede pagar.

Una administración digital

El argumento medioambiental para reducir el consumo de papel se ha debilitado. Si vamos a un menor uso del papel es porque la era digital se impone en todas las parcelas del trabajo y desde luego también de ámbito público. No es una opción, es una exigencia de la era digital.

Una administración más profesional

El acceso a la función pública ha de hacerse en base al mérito y a la capacidad, así como a la igualdad de oportunidades. Creo que no siempre ha sido así, sobre todo en el ámbito de corporaciones locales y de comunidades autónomas, insisto, al margen de colores políticos. Creo que hay una casuística muy amplia respecto al acceso de la función pública, en muchos casos sin oposición y previo puesto político. No comparto esas prácticas en virtud de las cuales se consolida un puesto político y luego , a través de un mecanismo, entran personas en la administración que pronto tienen el mismo estatus que quienes han entrado por mérito y capacidad.

También necesitamos un marco normativo que contribuya al avance. Uno de los fenómenos políticos más relevantes en España en las últimas décadas, es lo que se denomina inflación legislativa. Para cada problema, una nueva ley, una nueva norma, una disposición, un decreto, una ordenanza, etc. Muchas veces, cuando se han creado esas normas para solucionar un problema, a veces se ha agravado. El objetivo debe ser simplificar y racionalizar la normativa nacional, autonómica y local que entorpecen la actividad económica. Hay muchas normas que no solo añaden valor económico, sino que no añaden seguridad jurídica.

Hay que asumir en serio un compromiso de modificación y de derogación, en algunos casos total y en otros parcial, de normas y disposiciones que sin añadir seguridad jurídica, frenan la actividad generadora de empleo.

Creo que hay que no olvidar que los grandes hitos de la historia de España siempre han venido de la mano de procesos de liberación, como de los años 1959, 1977, 1979 y 1986. Menos y mejores leyes, siempre es preferible a la maraña legislativa actual. Más leyes no garantizan más seguridad jurídica.
El objetivo de unidad de mercado será crecientemente difícil en España si no somos capaces de racionalizar el galimatías normativo al que hemos contribuido todos.

La reforma económica

Uno de los mayores errores de la política económica del PSOE a lo largo de los últimos años ha sido suprimir el techo legal de gasto público para las comunidades autónomas.

Hoy contemplamos la práctica de déficit oculto que en algunas comunidades autónomas es habitual. Además, con un gobierno de la Nación que lo permitía. Hoy todos estamos sufriendo las consecuencias.
Hace 48 horas se ha celebrado el último Consejo de Política Fiscal y Financiera y una vez más se le ha visto el plumero al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Primero dejan que las comunidades autónomas en las que han gobernado hasta la actualidad, tengan prácticamente una situación de bancarrota. El Gobierno de la Nación, además de ser permisivo, culpa a los nuevos gobernantes del PP.

En realidad, el sistema de financiación autonómica, reformado por el gobierno socialista, hay que revisarlo a fondo. Lo único que ha puesto la vicepresidenta económica del Gobierno ha planteado en ese CPFF son parches. Pero no es un problema que se soluciones con anticipos a cuenta, ni con créditos del ICO , no con flexibilidad en el techo del gasto. Hay un problema de fondo y es que muchas comunidades autónomas ven como no pueden pagar competencias que han asumido. Por eso hay comunidades autónomas que están planteándose devolver competencias. Esa actitud es una actitud responsable e inteligente.

En materia de gasto público, el reto más importante de un futuro gobierno del PP es ir más allá del la política de austeridad. Es inculcar la cultura de austeridad, cambiando la cultura del dispendio.
Cada vez que el PSOE ha gobernado en la reciente historia de la democracia, ha gobernado como si fuéramos ricos y no lo éramos. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades.

Ahora nos va a tocar arreglar la situación de nuevo, con las medidas necesarias y también con pedagogía. Para ello sugiero diez cosas:

- implantación real de objetivos concretos, contrastables y revisables de las políticas públicas.

- mejorar el rendimiento de los empleados públicos mediante sistemas de motivación, de implicación y de aumento de la productividad.

- hacer de la productividad en el ámbito de las administraciones públicas, un elemento variable, no estático de la remuneración que vaya en función del rendimiento y de objetivos medibles.

- una racionalización de las plantillas en el ámbito de las administraciones públicas, restringiendo nuevas incorporaciones y redistribuyendo de forma más eficaz.

- primar la gestión pública basada más en la transparencia y seguridad jurídica que en el permanente y obsesivo control. Más burocracia no implica mejor control.

-exigir el acceso online a las administraciones

- garantizar las prestaciones sanitarias de carácter homogéneo en todo el territorio español

- reformar la legislación básica de educación para salir de los puestos más bajos que en calidad educativa nos sitúan algunas instituciones.

- concentrar los recursos de la dependencia en aquellas realidades personales y familiares que no tienen ninguna otra manera de afrontar su situación.

- una nueva cultura del gasto que signifique erradicar la cultura del subsidio. Hemos de desterrar la cultura de la subvención como modelo de vida. Esa cultura, en mi opinión, genera conformismo y retrae recursos públicos para cubrir las necesidades de quien realmente más lo necesita.

Es cierto que estamos inmersos en la crisis económica más profunda de nuestras vidas. Es verdad que una parte de la misma tuvo un componente exógeno, vino de fuera, pero es evidente que el agravamiento de nuestro desequilibrio es endógeno. Endógenas, por tanto, han de ser las políticas para recuperar el rumbo de la prosperidad. He apuntado algunas de las que me parecen fundamentales . Pero también tenemos que hacer una enorme tarea de reforma en materia laboral, financiera, educativa, institucional y otras ampliamente debatidas y analizadas en distintos foros por parte del PP.

Mi última reflexión quiero hacerla sobre nuestra fortaleza como sociedad. Una sociedad es fuerte y dinámica cuando sus personas tienen confianza para desarrollar sus proyectos vitales presentes y futuros. Es verdad que hay muchos españoles que viven en el desconcierto y que viven en la desesperanza. Una gran parte de ellos, personas adultas que han perdido su trabajo y jóvenes que, a pesar de tener formación, no aciertan a ver un futuro con esperanza.

Sin embargo, quiero decirles que no hay motivos para la resignación. El cambio de rumbo es posible y lo es con liderazgo, constancia y determinación. Tenemos un proyecto político que reúne las tres cosas.

Las improvisaciones se pagan, las ocurrencias, mucho más. Los últimos años han sido años abundantes, en unas y en otras. Hoy lo paga la sociedad española en su conjunto y lo que nos exigen los ciudadanos es cambiar el rumbo, que lo hagamos con claridad en las ideas, con firmeza en la acción, desde la concordia y sin el sectarismo que otros han aplicado. Debemos hacerlo también con pedagogía. No es verdad que la sociedad nos vaya a pedir cosas imposibles. Nos van a exigir que no engañemos, que no improvisemos, que lo expliquemos.

Tenemos un enorme potencial como nación, como sociedad y disponemos de recursos necesarios para recuperar el rumbo del éxito conjunto sea cual sea el territorio en el que vivimos. Creo que es un reto apasionante y para su consecución debemos llamar a la sociedad española en su conjunto. A todos los que tienen nuestras ideas políticas y también a los que tienen ideas diferentes y piensan que el cambio de rumbo es inaplazable.