Es necesario hacer una profunda reflexión y una más que necesaria crítica de lo que en nuestro país se está produciendo sin ningún pudor por algunos políticos y las formaciones en las que se encuentran, que han hecho que a día de hoy dedicarse a esta actividad sea más que rentable, y que de ella algunos hayan hecho una forma de vida que defienden a capa y espada, aún a pesar de la deficiente gestión en la administración de lo público para lo cual han sido elegidos.
Partiendo de nuestra Carta Magna (la Constitución), es oportuno recordar que en la misma se establece una serie de principios que establecen la igualdad de los ciudadanos (artículo 1), ante la ley (artículo 14), entre otros. Con estas premisas, cada vez somos más en nuestro país los que consideramos necesario realizar profundos cambios legislativos (incluyendo nuestra constitución), para dar cabida a una manera diferente de entender la política y lo que ella representa, que no es otra que encauzar las diferentes problemáticas que acontecen a los ciudadanos con el único fin de dar soluciones en el beneficio del interés general.
En la línea de ese interés general, los hombres y mujeres que conformamos Unión, Progreso y Democracia (UPyD) venimos trabajando, sin complejos, para generar las bases necesarias que demuestren que sí es posible generar ilusión y la confianza en la política, desde los principios y valores que defendemos:
transparencia, regeneración democrática y participación ciudadana, entre otros. Demostramos día a día, que cumplimos con los compromisos adquiridos con los ciudadanos, y no nos tiembla el pulso para defender a aquellos que nos ha empujado a dejar la apatía que nos generaba la política para implicarnos en un proyecto reformista, innovador e ilusionante, que está germinando y se puede comprobar en el apoyo conseguido en las urnas en las últimas elecciones.
Bajo estos criterios consideramos indecentes algunos de los privilegios que durante años las formaciones políticas han consolidado y que solo algunos queremos cambiar. Para muestra dos de las propuestas que hemos defendido, a través de nuestra compañera, diputada nacional y dirigente nacional, Rosa Díez: la supresión de pensión vitalicia para aquellos que juran o prometen cargo público, en el Gobierno Central o Autonómico, Congreso, Senado, cambiándolo por el mismo sistema de cotización que rige para el resto de los españoles (paro, y el mismo periodo de cotización para llegar a la jubilación para cobrar la pensión que le corresponda trabajando hasta los 65 ó 67 años); la otra propuesta es la de establecer unos topes salariales, en base a criterios poblacionales, para las retribuciones económicas que perciban los cargos electos en las diferentes administraciones públicas. Estas son dos de las propuestas que venimos demandando desde hace años, y en las que los dos grandes partidos se han puesto de acuerdo, y no son las únicas, para que no prosperaran.
Seguiremos trabajando para tomar las iniciativas necesarias para que haya criterios que consoliden una verdadera igualdad entre los trabajadores de nuestro país, y no continúen las diferencias que algunos quieren perpetuar (salarios desmesurados, y dietas por cualquier actividad para la cual no ha sido elegidos por los ciudadanos, como por ejemplo la participación en concejos de administración con dependencia de los recursos públicos (por ejemplo en los puertos públicos, etc.).
(*) Consejo Local de Telde Unión Progreso y Democracia
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