LA HERENCIA RUBALCABA

• Un gobierno agonizante consolida la vuelta a la etapa de prodemocrática a los Guardias Civiles

Madrid, 2 de agosto de 2011 | Sindical | Gabinete de Prensa.

Hoy es un día triste para los guardias civiles en particular, y para todos los que luchan por los derechos de los ciudadanos de uniforme, en general.

Con fecha 02 de agosto, se publica la Ley Orgánica 11/2011, de 1 de agosto, para la aplicación a la Guardia Civil del artículo 13.1 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Se consagra así la supresión del derecho fundamental de reunión a los miembros de la Guardia Civil.

Resulta curioso que la nueva ley lleve el mismo número que la Ley Orgánica 11, pero del 2007. Una ”Ley Orgánica Fantasma”, que por no tener, ni siquiera ostenta una Exposición de motivos. Cuatro años han bastado para suprimir un derecho fundamental. Es sin duda un dato relevante más de cómo ha surgido, la connivencia entre el PSOE y el PP en la Cámara Alta consiguió que una enmienda a una ley ordinaria se transformará, en el Congreso, en una ley orgánica tóxica para los derechos de las mujeres y hombres que forman la Guardia Civil.

La ley entrará en vigor el día 3 de noviembre de 2011, en plena campaña electoral, pero antes habrá lo habrá hecho la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Pero como la mejor fórmula para no dar es prohibir toda posibilidad de pedir, este ataque a un derecho fundamental no es el único. Ha venido precedido por la sistemática persecución que, sobre todo, a lo largo de este último año, han padecido los legítimos representantes de los guardias civiles. Es decir, sus asociaciones profesionales, a las que se ha intentado cercenar a golpe de expedientes el también derecho constitucional a la libertad de expresión.

En efecto, simultáneamente a esta prohibición, han sido sancionados los máximos dirigentes de la AUGC, el Secretario General, Alberto Moya y el Secretario de Organización, José Antonio Agudo, ambos miembros del Consejo de la Guardia Civil; respectivamente con la pérdida de sus destinos, donde llevaban prestando sus funciones como guardias civiles, durante más de veinte años.

Con esta herencia que nos deja Rubalcaba, los miembros de la Institución certificamos el final de una etapa, de una Legislatura y de un Gobierno agotado, que jamás ha tenido las ideas claras de cómo desarrollar la Ley Orgánica 11/07, hoy amputada. Pero además es que al final a todos se les ha podido ver sus verdaderas intenciones sobre modernizar e igualar a la Guardia civil con el resto de cuerpos policiales: unos, PP, oponiéndose a cualquier democratización –votaron en contra de la Ley de Derechos y Deberes- y PSOE reculando, con nocturnidad y alevosía, a última hora.

Mientras tanto, seguimos asistiendo a la permisividad del mismo Gobierno con los movimientos pro-etarras.

Pero estamos convencidos de que esta chapuza jurídica y cobarde, maniobra articulada por gobierno y oposición, no les va a salir bien. Más pronto que tarde, los guardias civiles consolidaremos, de una vez por todas, nuestro derecho a la libertad de expresión y de manifestación. Y no son palabras huecas ni vacías, pues nacen de la confianza en la justicia, el sentido común, y la fuerza da la unión. Porque lejos de amedrentarnos a los guardias la nefasta gestión del Ministerio del Interior y su brutal ataque al movimiento asociativo, han logrado el efecto contrario: unir a las cuatro asociaciones profesionales representativas de guardias civiles.

A los políticos del PSOE y del PP, no les quedará más remedio que poner solución esta sinrazón, porque la sociedad española está de nuestra parte, y nos ayudará a recuperar el estatus de ciudadanía que nos quieren arrebatar.