La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias ha presentado denuncia ante el Diputado del Común en el día de hoy, 24 de agosto, por considerar intolerables los cierres de plantas hospitalarias, así como la renovada campaña propagandística de la Consejería de Sanidad respecto a las listas de espera quirúrgica.
Se solicita del Diputado del Común:
1) Que estudie la posible incompatibilidad del cierre de camas en los hospitales de titularidad pública con la generalización de la figura del concierto sanitario con centros sanitarios privados y, por lo tanto, con la obligación de mantener la Sanidad como Servicio Público, tal y como contempla la Constitución.
2) Que promueva en su caso recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la generalización de la figura del concierto con centros privados en las Áreas Sanitarias dependientes del Servicio Canario de la Salud, mientras continúe la tendencia incrementalista del cierre de camas de hospitales de titularidad pública pertenecientes al Servicio Canario de la Salud.
3) Que solicite de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias la paralización de dichos conciertos y dedique la reducción del presupuesto de conciertos con centros privados a la puesta en marcha de las camas de los hospitales que configuran la red de asistencia hospitalaria de titularidad pública del SCS cerradas cada verano.
Los cierres de camas públicas traen sin lugar a dudas un aumento de las listas de espera y eso no lo podrán disimular las prácticas de manipulación y encubrimiento de las listas de espera como las que realiza la Consejería de Sanidad, ya que la contabilidad de la demora se debe establecer a partir del momento en que se indica la intervención, y eso está tardando mucho más de 6 meses en demasiados pacientes, siempre muy por encima de la media estatal.
Finalmente queremos señalar que desde la ADSPC venimos desde hace años solicitando que se garantice la absoluta transparencia de las listas de espera de la Sanidad Pública ya que es una vergüenza que los ciudadanos no puedan conocer de manera transparente el funcionamiento del servicio sanitario público que pagan con sus impuestos.
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