El 15M Santa Brígida ha emitido una carta abierta a los vecinos del municipio en la que expresa su alarma ante las continuas faltas de asistencia del alcalde de la Villa, Lucas Bravo de Laguna, a las dependencias municipales para desempeñar su responsabilidad al frente del gobierno satauteño.
En su lugar, el alcalde ha dado prioridad en su agenda a sus funciones como Consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, a cuyo despacho acude a diario en el coche oficial propiedad del municipio de Santa Brígida conducido por el chófer del ayuntamiento. Ambos servicios se financian con el presupuesto municipal, así como los más de 55.000 € anuales que cobra de sueldo por dedicación exclusiva como jefe del gobierno local. El 15M Santa Brígida considera estos hechos de irrespetuosos hacia los vecinos de la Villa.
Después de una campaña electoral en la que la omnipresente imagen del alcalde se pudo ver en cada rincón del municipio bajo el lema, “Centrados en ti”, el 15M exige al máximo dirigente municipal que cumpla diligentemente su jornada laboral completa en el ayuntamiento de Santa Brígida y que resuelva los innumerables problemas que asolan a la Villa, la irregular situación del edificio de la Cámara Agraria, las obras del edificio polifuncional, la guardería, el tanatorio, los accesos al aparcamiento hechos ilegalmente en suelo de parque ciudadano, El Palmeral, el Plan General, los accesos a la Villa y la oscura situación legal de las obras del centro comercial, que continúan paradas, y que el alcalde prometió que se terminarían en noviembre si ganaba las elecciones, promesa que el alcalde ya ha adelantado públicamente que no va a poder cumplir.
El 15M Santa Brígida, en sintonía con las reivindicaciones del movimiento 15M a nivel nacional, quiere recordar que, aunque la ley actual permita a los representantes políticos la ocupación simultánea de dos cargos en la Administración Pública, el abandono al que el alcalde ha sometido el gobierno local denota una falta de ética política hacia los ciudadanos de Santa Brígida, por lo que denuncia la incompatibilidad de cargos políticos cuando éstos no puedan satisfacer las demandas ciudadanas.
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