Los embates de los gasistas son infinitos y en las últimas semanas parecen arreciar alentados por las autoridades autonómicas. Desde la toma de posesión del gobierno canario surgido de las elecciones de mayo último, conformado por CC y PSOE, las responsables de la Consejería de Industria no han cesado de hacer cantos al gas y a la necesidad de su implantación en Canarias. En declaraciones realizadas a los medios de comunicación, la consejera Margarita Ramos -con una seguridad extraordinaria a pesar de estar en contacto con este tema desde hace apenas un par de meses- ha insistido en hablar del gas como una energía alternativa, e incluso como una energía renovable, y en el manido y falso latiguillo de que su utilización hará bajar el precio de la factura de la luz a los canarios, que generará empleos (70 puestos de trabajo, dice Gascan, para una inversión de 600 millones de euros), actividad industrial y reducción de emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono. Para la consejera es “irrenunciable e imprescindible” implantar el gas en esta tierra en los próximos cuatro años, a pesar de que hoy es mucho más económico producir energía en Canarias a través del viento (lean el informe del Cluster Ricam), que el gas no tiene nada en absoluto de alternativo ni de renovable y que es un combustible fósil altamente contaminante, pues no deja de emitir dióxidos y azufres y libera metano como nos vuelve a recordar James Lovelock en su último libro (La tierra se agota. El último aviso para salvar nuestro planeta. Planeta) y como ya nos decía en su anterior “La venganza de la tierra”: “Pocas veces se dice que si el metano se filtra en la atmósfera antes de quemarse tiene un efecto invernadero unas veinte veces mayor que el dióxido de carbono”. Y eso que ya en estos
momentos Canarias triplica los datos de producción de gases de efecto invernadero.
Pero, en fin, estamos acostumbrados y no nos debería sorprender el poder de las empresas del sector sobre los partidos y los gobiernos y cómo en estos momentos éstas se ven obligadas a presionar más que nunca para hacer rentable la inversión millonaria que realizaron por su cuenta en tecnología de ciclos combinados, aún a costa del interés general de los canarios, de su seguridad, de su independencia energética y del medio ambiente.
Y no es ajena a este empuje mediático, político y administrativo la operación de compra por parte de Enagas de las acciones puestas en manos, y a dedo, de unos pocos empresarios de Canarias por parte de José Carlos Mauricio. Efectivamente, a principios de septiembre esta gasista, participada fundamentalmente por Omán Oil Company, el banco Mare Nostrum, Cajastur, BBK y otros fondos de inversiones ingleses y americanos, se hacen por la cara (mediante la compra de las acciones de los empresarios canarios) con el 41,94% de la compañía, quedando el resto repartido entre Endesa (47,18%) y Sodecan (10,88%). Como ven se trata de una auténtica garantía de independencia energética para Canarias y no importa que estemos en manos de Italia, Omán, Inglaterra, etc, ni que el gas que nos quieren traer venga de Argelia o Nigeria que, como todos sabemos, son de lo más fiables a la hora del suministro y no condicionan nuestra seguridad energética, ¡que va! Ni tampoco condicionan nuestro endeudamiento y nuestro déficit ¡que va!
A pesar de la insistencia de la Consejería de Industria y de que se ha vuelto a citar a Granadilla y Arinaga (van aviados) como los espacios previstos para la construcción de las plantas regasificadoras, en las últimas semanas y atendiendo a las llamadas al consenso de Margarita Ramos y Paquita Luengo, apenas he intervenido para comentar estas últimas novedades, pero la noticia de que Europa está dispuesta a mantener la ayuda de 55 millones de euros a esta operación, si se desbloquea todo el proceso antes del final de este año, no me permite estar callado. Es cuando menos cuestionable -y ya estamos preparando la correspondiente denuncia- que Europa financie a unas empresas privadas para poner en marcha proyectos gasísticos con el que después nos sacarán los ojos a golpes de pelotazos y déficits tarifarios. Y es totalmente cuestionable además que el Ministerio de Industria esté dispuesto a pagar los costes reales de las plantas. El gasto elegible español para los fondos Feder debe ser público y nunca admitiremos que se acepte la estrategia adoptada por Gascan, en la que está trabajando en estos momentos, de asimilar sus actividades a las de servicio público, falseando la realidad con la complicidad de los gobiernos de Canarias y España.
Y mientras, el pasado 12 de octubre el Comisario de Mercado Interior y Servicios de la UE, Michel Barnier, presentaba a la Comisión Europea un documento elaborado por Pedro Solbes con 22 recomendaciones para hacer posible que Canarias siga percibiendo fondos europeos, y que recoge, entre otros asuntos, en el punto 11, que se debe “reducir la dependencia energética fósil y fomentar la utilización de energías renovables”.
Pero la realidad parece ir por otros derroteros. Y aunque me consta la preocupación y los desvelos de la viceconsejera Paquita Luengo para desbloquear la paralización de la energía eólica en esta isla, lo cierto es que en Gran Canaria -en realidad en todas las islas- la situación es desesperante.
Mientras a muchos y a muchas se les llena la boca diciendo que esta tierra tiene que apostar por las renovables, hoy día estamos a la cola de España y no solo eso sino que las expectativas de futuro son
rigurosamente alarmantes. De todos es sabido que el real decreto, actualmente en tramitación, sobre
retribución de la energía eólica establece una disminución de un 40% en las primas al sector -hoy mismo la banca advertía a Sebastián que de esta manera no habrá financiación-, pero es que para Canarias los datos son aún más desalentadores hasta el punto de que para la Asociación Eólica de Canarias esto supondría la pérdida de 800 millones de inversión, al no contemplarse las especificidades canarias y elevar el recorte hasta casi un 65%. Ítem más, ninguno de los 15 parques eólicos adjudicados por el Gobierno de Canarias en el último concurso celebrado en 2009, ni los seis pendientes de repotenciación, se han podido poner en marcha, ni se podrán poner en mucho tiempo si es que alguna vez se pudieran hacer realidad. Por razones de incompatibilidad con las calificaciones del territorio y la maraña administrativa para cambiarla, por la falta de capacidad de la red para asumir esta nueva energía porque Endesa nunca cumplió con su obligación de construir las subestaciones necesarias y por las servidumbres aeroportuarias de los DVOR, balizas, horizontal
interna, etc, ninguno, repito, ninguno de estos parques se pueden ejecutar. Son cuando menos sospechosas las prisas y el empeño del gas y la paralización y obstrucción de las renovables aquí mientras vemos avances extraordinarios en energía mareomotriz en El País Vasco, en geotermia en Valencia, eólica en Navarra, Galicia, Castilla-La Mancha, Cantabria…, en termosolares en Andalucía, en “offshore” eólica en Alemania, Reino Unido…, en energía distribuída en Francia o EEUU, etc. Desde luego no será el gas el que nos traiga independencia y autonomía geopolítica, ni independencia energética de las eléctricas, ni el que propicie el ahorro y la eficiencia, ni el que frene el calentamiento del planeta. Pero la democracia va por un lado y los intereses de los oligopolios por otros.
(*) Alcalde de Agüimes
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