El presidente insular y el secretario de Acción Jurídica del partido se reunirán hoy a partir de las 18.00 horas con afectados de Playa de Ojos de Garza, en Telde
José Luis Langa asegura que en Canarias hay cerca de 160.000 personas afectadas por esta medida estatal
Juan Domínguez presentó una moción para que el Cabildo inste la modificación del reglamento y sea sensible con las peculiaridades de las Islas
Las Palmas de GC, 16 de noviembre de 2011 | Política - Elecciones 20N | Gabinete de Prensa.
El Centro Canario Nacionalista (CCN) está promoviendo una iniciativa para eliminar el carácter retroactivo de la Ley de Costas cuya aplicación mantiene en “el corredor de la muerte” a miles de personas que viven en barrios costeros.
El presidente insular de Gran Canaria y vicepresidente y portavoz del Grupo Mixto del Cabildo de Gran Canaria, Juan Domínguez, ofreció hoy una rueda de prensa junto al secretario federal de Acción Jurídica del partido, José Luis Langa, para reclamar la modificación de la ley aprobada en 1988 y, mientras, la eliminación del carácter retroactivo de la misma.
Juan Domínguez destacó que el CCN siempre ha sido “sensible a la aplicación de esta normativa” y ha defendido “que sobre todo en un territorio como el de Canarias, isleño, fragmentado y de litoral continuo, no hay que hacer una aplicación cuadriculada que no tenga en cuenta la sensibilidad hacia una realidad como la nuestra en la que la ocupación de la costa en muchos casos tiene una tradición que configura una propia identidad etnográfica de nuestra forma de vida como isleño”.
Ya el CCN, a iniciativa de su presidente, Ignacio González, propuso una proposición no de ley que fue aprobada por unanimidad para solicitar que el Gobierno de Canarias inste la transferencia de las competencias en materia de costas al Estado y es en el Cabildo donde propone una moción que ya cuenta con el apoyo del PP para sumarse a la petición de que la aplicación de esta Ley “en algunos casos con carácter retroactivo, no tenga las consecuencias sociales y económicas que se vienen produciendo hasta la fecha y que afectan a un gran número de familias que ven como sus propiedades (viviendas, negocios y terrenos) desaparecen sin ninguna compensación económica, y sin tener en cuenta la singularidad de la vida tradicional del pueblo canario de cara al mar”.
Por su parte, el secretario federal de Acción Jurídica y portavoz en Canarias de la Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas, José Luis Langa, explicó que el CCN está luchando contra la retroactividad de esta Ley desde 1994 y que en Europa “se sorprenden de que exista una ley como existe en España porque está bien la protección del medio ambiente, y en eso estamos al cien por cien, pero siempre y cuando o siempre y cuando haya un equilibrio entre la protección al medio ambiente y el respeto a los Derechos Humanos”.
En ese sentido, Langa culpa al PSOE no sólo de haber aprobado la Ley en 1988, sino de ser el Gobierno que la ejecuta “conculcando los derechos de los ciudadanos” y pide claramente el voto para el PP porque es la única alternativa para los afectados por esta legislación.
Langa se reunirá esta tarde con los afectados de Playa de Ojos de Garza, en Telde, a partir de las 18.00 horas, junto con el presidente insular del partido y vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Juan Domínguez, el presidente del CCN en Telde y concejal, Juan Francisco Martel, y la candidata al Senado por el CCN en las listas del PP, María del Carmen Suárez, para trasladarles la iniciativa centristas y ofrecer apoyo y asesoramiento.
Y es que el CCN considera que si cuando se aprobó la Ley de Costas (1988), el fin era la preservación del litoral, más de 20 años después la aplicación que se ha hecho de ella conlleva un autentico expolio de cientos de propiedades muy anteriores a la Ley de Costas.
La moción que presenta el Grupo Mixto (CCN) en el próximo pleno cabildicio y que será aprobada al menos con el apoyo del PP, recoge que la “retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales está prohibida en nuestra Constitución, así como la inseguridad jurídica, pero en el caso que se expone se conculca dicho principio, causándose una indefensión manifiesta”.
El CCN considera que “la primera y más importante de todas las consecuencias derivada de dicha Ley es que la aplicación de la norma no respeta los derechos adquiridos por los ciudadanos. La Ley puede tener unos fines muy loables, pero creemos que es necesario buscar un equilibrio” entre el derecho y deber de conservar el medio ambiente y el derecho a la propiedad privada y la herencia.
Así, actualmente la aplicación de esta Ley conlleva una “inseguridad jurídica manifiesta para los ciudadanos, porque uno no sabe cuando van a cambiar los criterios que les dejan en una situación jurídica u otra”, haciendo que los ciudadanos se sientan “absoluta indefensión frente a la Administración Estatal”.
Además, destaca el CCN en la moción, “viviendas, negocios, terrenos, todo el trabajo de una vida de padres y abuelos se desvanece, desaparecen las señas de identidad de uno mismo con el entorno en el que habita, se truncan las ilusiones puestas en crear el mejor lugar para vivir, todo sufre un menoscabo no sólo sentimental sino económico que nadie compensa, probablemente porque sea difícil de cuantificar esa compensación”.
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