Telde, 30 de diciembre de 2011 | Cartas al Director | Antonio Rodríguez de León.
Me dirijo a Ud. en su calidad de Ministro de industria, Energía y Turismo del Gobierno de España. En primer lugar, felicitarle por alcanzar tan alto grado de responsabilidad, de la que espero y es mi deseo, el llenar de razones las decisiones Plenarias aprobadas por la inmensa mayoría de Ayuntamientos y Cabildos de todas las islas canarias. Esa voluntad popular, refrendada por sus representantes legales en los diferentes municipios, espera de Ud. que, desde la posición que ocupa, presente ante un Consejo de Ministros, una iniciativa legislativa relacionada a clarificar la controversia sobre la aplicación del Derecho Marítimo Internacional, con alguna estipulación Constitucional, que pudiera invalidar su aplicación a los intereses marítimos españoles sobre los espacios marítimos alrededor del archipiélago canario.
Esta aspiración sobre las aguas españolas en Canarias, institucionalmente fue iniciada el 30 de septiembre de 2004, durante la celebración de un Pleno del Cabildo de Gran Canaria, donde el Grupo Popular presentó una Moción relacionada con lo anteriormente expuesto, y que textualmente dice: Solicitar del Gobierno de Canarias que, en el proyecto de reforma de la Ley 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias, que incluya la delimitación formal de las aguas marítimas del espacio interior y exterior del archipiélago canario, y pedir al Gobierno de la Nación que requiera del Tribunal Constitucional, conforme a lo establecido en el artículo 95.2 de la Constitución Española, una aclaración doctrinal sobre la aplicación del Estatuto Jurídico Internacional del Mar de Naciones Unidas de 1982. Llevada a votación, fue aprobada por 22 votos a favor (15 del Grupo Popular y 7 de Coalición Canaria), y 6 abstenciones del Grupo Socialista, sin ningún voto en contra.
Por esas fechas, Ud. se mostró muy sensible y tomó de forma positiva, la clarificación del espacio marítimo interior y exterior que, siendo de soberanía española y por interés nacional, usted mismo pide adoptar una decisión estratégica para la defensa y la seguridad jurídica, así como una garantía de que la existencia de los recursos naturales de las aguas de la Comunidad Autónoma de Canarias, que reviertan en interés de Canarias y de España.
El Grupo Popular del Cabildo de Gran Canaria fue el primero en aprobar esta iniciativa popular. A partir de ahí, se adhirieron la inmensa mayoría de los Ayuntamientos del Archipiélago, con una ratificación final de la Federación de Municipios por unanimidad. También se adhirieron otros Cabildos.
Una vez reconocido su mérito en este tema marítimo de máximo interés para Canarias, como asimismo debiera ser interés preferente de todos los españoles, hago una mención especial también al Cabildo de la isla de El Hierro, en la persona del que fue su presidente, D. Tomás Padrón, quien se presentó públicamente en diferentes medios de comunicación por la defensa del texto de la mencionada moción popular.
Por tal motivo, y ahora que D. Tomás está jubilado, sin cargos institucionales, y lejos de acceso a cargos políticos, la Plataforma por el Mar Canario, ha organizado un merecido homenaje para el próximo día 21 de enero de 2012, junto a los vecinos y la Cofradía de Pescadores Virgen de los Reyes de la Restinga. Homenaje al que Ud. queda invitado, aunque comprenderíamos su no asistencia por sus nuevos compromisos de Estado. No podría ni voy a olvidar que fue Ud. el primero en iniciar esta cadena de apoyos institucionales por todas las islas del Archipiélago Canario. Cuando le llegue la hora de decidir desde su Ministerio sobre la existencia de recursos naturales en las aguas de la Comunidad Autónoma de Canarias, no olvide garantizar lo que prometió, que revertirá en interés preferente de Canarias y por supuesto también de España. Y que prevalezca la voluntad soberana del pueblo canario en la decisión final a tomar.
Por su condición de Ministro con responsabilidad de Estado, se encuentra en una posición política ideal para que la iniciativa popular aprobada por todas las instituciones canarias, sea canalizada de acuerdo con el artículo 87 de la Constitución Española. Es por lo que la Plataforma por el Mar Canario vuelve a solicitar que presente ante un próximo Consejo de Ministros, el segundo punto de la Moción Popular ( ahora como una iniciativa legislativa del Gobierno de España), y que es el siguiente: Pedir al Gobierno de la Nación que requiera del Tribunal Constitucional, conforme a lo establecido en el artículo 95.2 de la Constitución Española, una aclaración doctrinal sobre la aplicación del Estatuto Jurídico Internacional del Mar de Naciones Unidas de 1982 a la delimitación formal y expresa de las aguas marítimas del espacio interior y exterior del Archipiélago Canario como aguas de soberanía española.
Con la no aclaración jurídica sobre este tema por parte del Tribunal Constitucional de España, seguiríamos dentro de una ambigüedad interpretativa de leyes marítimas, que solo beneficiaría a nuestros vecinos, que sí tienen su aclaratoria constitucional y refrendada por las Naciones Unidas. Esta cuestión pone permanentemente en peligro la seguridad del litoral canario, y con ello la posible pérdida del turismo, por la falta de las líneas de la Mediana fronteriza con reconocimiento internacional. Líneas de fronteras que distinguen y separan las aguas del Archipiélago Canario de soberanía española, con otros espacios marítimos de vecinos y terceros Estados.
El garantizar con anterioridad y ante Naciones Unidas el establecimiento de las líneas que separan las parcelas marítimas que pueda corresponder a España, diferenciándolas de otras parcelas de jurisdicción internacional de terceros Países, podría evitar los graves efectos negativos que tendría para Canarias las extracciones de petróleo frente a la costa Oeste de las islas orientales, así como del tráfico marítimo internacional de buques con cargas peligrosas que transitan por las aguas interiores del archipiélago. De su decisión podría depender si Canarias con petróleo obtendrían beneficios directos, o no. Depende de cuál será la reforma de Estatuto que finalmente se haga, donde espero que sea en la línea de la comentada Moción Popular, la cual fue apoyada inicialmente por su grupo político, el 30 de septiembre de 2004. Hoy con el poder absoluto del Estado está en sus manos la solución, tal y como se dice en el texto de la moción, que Canarias disponga de un Estatuto de Plena Autonomía Interna, reconocida formalmente en la Constitución Española.
Firmado: (*) Presidente de la Plataforma por el Mar Canario
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