“Hay una gran preocupación por garantizar la seguridad jurídica desde el punto de vista de la contratación administrativa, y que la modificación de los contratos se realice en términos de mayor sujeción a la Ley por parte de las Administraciones Públicas”, señaló
Con respecto a las líneas de crédito ICO, el Magistrado considera que “La generosidad por parte de las Administraciones Públicas debe ser importante”
Santa Cruz de Tenerife, 28 de enero de 2012 / Jornadas Contratación Pública / Gabinete de Prensa.
Rafael Fernández Valverde, magistrado de la Sala III del Tribunal Supremo, clausuró anoche estas Jornadas, ofreciendo su conferencia de clausura alrededor de las UTE en la Ley de Contratación del Sector Público, organizadas por JurisVegueta Distribuciones SLU, en colaboración con Gas Natural Fenosa, el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y Canaragua.
El Magistrado disertó acerca de las Uniones Temporales de Empresarios (UTE), donde “se ha descubierto una técnica bastante razonable para que cuando hay grandes obras públicas que realizar, grandes empresas nacionales internacionales puedan compaginar su experiencia con la de empresas de carácter local”.
“Tenemos una legislación larga en nuestro país, y como ha ocurrido en casi todos los ámbitos del derecho, la regulación actual viene impuesta por la UE y que se caracteriza por la transparencia y por la necesidad de acreditar la solvencia de quienes contratan con la Administración. Uno de los grandes debates está en los dos sectores en donde la corrupción aflora más: el ámbito urbanístico y en el ámbito de la contratación”, explicó. “El problema es si estamos haciendo bien en renovar las leyes. Quizá habría que desregularizar la situación y establecer unos mecanismos más flexibles y un control más intenso a posteriori por parte de los tribunales”, señaló.
Sobre la segunda línea de créditos ICO que ha puesto en marcha el Gobierno, señaló: “Me parece que, a nivel autonómico y estatal, es lógico que se procure la facilitación del crédito o subvencionando créditos de carácter privado me parece más que razonable. La generosidad por parte de las Administraciones Públicas debe ser importante”, matizó.
“La situación es muy complicada. Incluso hay universidades que no pueden atender el pago de los profesores en los próximos años. Al final vamos a conseguir todos levantar esta crisis”, afirmó.
Con respecto a la corrupción, Fernández-Valverde considera que “tiene que producirse que auténticos desalmados salgan libres como consecuencia de las garantías del derecho para que la seguridad jurídica avance. Es un problema el exceso de garantías por parte del derecho. Ello provoca que alguien a los que todos consideramos culpables resulte inocente. Lo que sí queda es la garantía que ofrece al resto de los ciudadanos, aunque cueste entenderlo”.
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