No soplan buenos vientos para la democracia. Los poderes públicos, que deben sostener la esencia de un sistema desde la participación de todos en la toma de decisiones, están siendo sustituidos ante nuestras narices por los poderes económicos, por los gobiernos sin alma de los neoliberalismos y neoconservadurismos más virulentos. Día tras día somos testigos de embates devastadores a los elementos imprescindibles en un Estado de derecho para garantizar la justicia social. El nivel de cuestionamiento -cuando no rechazo frontal- de una gran parte de la ciudadanía a la política y a las instituciones es altamente preocupante. La sociedad civil se siente cada vez más huérfana de alternativas para salir de la situación a la que nos llevaron como corderitos y se siente cada vez también acogotada por un miedo paralizante que les conduce a una indiferencia que solo le origina mucho más daño. La socialdemocracia, presa de una tercera vía fraudulenta que no resultó ser sino pura complicidad con el capitalismo, hizo oídos sordos a la realidad, no supo comprender la que se le venía encima y terminó cediendo a los mercados y a sus políticas de ajustes, recortes y sometimientos. La derecha democrática -autoerigida como salvadora de este país, con la ratificación de una mayoría electoral a la que no se le termina de caer la venda- nos vendió una fórmula mágica para sacarnos de la crisis que a la postre se ha tornado en una gran mentira y ha derivado en más podas salvajes a los derechos, desigualdades y empobrecimientos.
En los escasos meses de gobierno del PP, siguiendo las máximas de los Friedman y compañía de
que es en los primeros momentos, con la ciudadanía desarmada, cuando hay que hacer realidad las
medidas más duras, no ha cesado de tomar, viernes tras viernes, medidas crueles contra los más
desfavorecidos y las clases medias. La política de más impuestos, recortes salariales, pérdidas de poder adquisitivo de las pensiones, frenos a avances sociales de primer orden, decisiones al servicio de los
oligopolios eléctricos, bancarios y demás que lo sostienen han sido rematadas con una injusta y
reaccionaria reforma laboral que nos retrotrae a los peores tiempos y que traslada cada día a miles de
personas a la pobreza y la exclusión social.
Mientras Rajoy, con toda la desfachatez del mundo, proclama erigirse en defensor de “quienes
peor lo pasan” y en la voz de la gente de la calle, los grandes banqueros españoles aplauden a rabiar la
reforma financiera y el presidente de la patronal llama a su directiva a no mostrar alegría en público para
no hacer visible el triunfo obtenido, todo el mundo (BBVA, empresarios, Luís de Guindos, el mismo
Rajoy…) nos anuncia que la situación económica empeorará, que llegaremos a los seis millones de
parados (en Canarias serán más de 355.000), y que estamos bordeando la recesión por la caída del
consumo y del gasto público. ¿Se trata entonces de tomar medidas efectivas para recuperar el empleo o
solo son maneras de profundizar en el servilismo funcional y en este caso también ideológico a los
mercados?
Al tiempo que se hace seguidismo a las políticas más neocon de Merkel con terribles
consecuencias (en Europa ya hay más de 115 millones de pobres, cinco países del euro se encuentran en
recesión y Grecia ha tenido que ceder de nuevo más soberanía a cambio de un nuevo rescate), vemos
como Alemania tiene que desprenderse de su presidente por un caso de corrupción, algo, por otra parte
bastante usual en muchos países europeos y en España, donde sin ir más lejos, sufrimos los casos de
Gürtel, Fabra, Matas, Urdangarín, Totana, Galicia, Canarias, Alicante…
No nos puede extrañar entonces que Marine le Pen represente a la tercera fuerza política en
Francia como expresión del aumento de la extrema derecha en el Continente o que los griegos salgan a la
calle cargando contra sus políticos en general, que estemos asistiendo a la entronización de los tecnócratas
y a que se pisotee la política como chivo expiatorio hasta llegar al reduccionismo de su innecesaridad
derivada de la incapacidad, complicidad o exhibición de privilegios por parte de muchísimos políticos
irresponsables.
A la democracia como sistema político no se le puede responsabilizar de la crisis económica más
allá de la debilidad que ha demostrado, pero los que la han provocado amenazan con someterla a sus
intereses, con anularla: exhiben sin pudor que las decisiones que más nos competen no las toman los
parlamentos, o las toman en función de su provecho. Y forjan con el miedo y la inseguridad una
ciudadanía acrítica incapaz de frenar la involución democrática en marcha; incapaz de pedir
responsabilidades sobre el origen de la deuda; de exigir que no se tomen medidas sin las deliberaciones y
el consenso necesarias y sin el respeto debido a las propuestas electorales de los que han ganado las
elecciones. Para Emmanuel Tood (Después de la democracia. Ed. Akal),”no está claro que individuos
aislados y sometidos a una disminución sustancial de sus salarios, o de sus pensiones, sean capaces de
oponerse con fuerza a una supresión de sus derechos políticos”.
Y no contentos con todo esto aparece también el fomento del desprecio a lo público, el
enaltecimiento del individualismo y la fragilización de lo comunitario (Vidal- Beneyto) que genera
ciudadanos sin compromisos, sin militancia social ni política. Es lo que Josep Ramoneda llama el
totalitarismo de la indiferencia.
La anulación de la voluntad política y la aceptación de que no se puede hacer nada ante lo que
mandan los mercados provoca un profundo descreimiento y una regresión democrática de incierto y
peligroso alcance. No puede haber más incertidumbre, desconcierto y angustia que el que nos provoca el
que, de repente, veamos tambalearse los cimientos de la democracia y que al otro lado solo exista el
vacío.., o el caos. Como apunta Bernard Henry-Levy, un mundo en el que ni gobernantes ni gobernados
puedan decidir libremente es un mundo condenado.
No cabe la menor duda que la pasividad en estos momentos no genera sino complicidades con la
degeneración de la democracia y que como nos dice José Vidal- Beneyto (La corrupción de la
democracia. Ed. Catarata) el régimen democrático actual es incapaz de poner en práctica los valores que
lo fundan: “Hay que reivindicar los principios y valores democráticos en su conjunto: Estado de derecho e
igualdad ante la ley; autonomía del individuo; derechos humanos en su totalidad; bien común/interés
general; transparencia; participación/ciudadanía. Y a partir de esa reivindicación es capital explorar las
vías y modos de construir, desde y para la realidad de hoy, un sistema político, con el nombre de
democracia o con otro, capaz de devolverles su plena vigencia operativa. Ésa es la gran apuesta del siglo
XXI”.
(*) Alcalde de Agüimes
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