Santa Lucía, 16 de marzo de 2012 / Sindical - CC.OO. / Gabinete de Prensa.
La Sección Sindical de CC.OO en el Ayuntamiento de Santa Lucia, sindicato mayoritario en la Policía Local de Santa Lucia, denuncia cómo una vez más, desde el Gobierno de Canarias y su inaudita Academia Canaria de Seguridad, se impongan medidas desacertadas, como imponer tasas por medio de un decreto por la realización de cursos de formación a la Policía Canaria (Policía local y Cuerpo General de la Policía Canaria), así como al resto de los agentes de emergencia, obstaculizando y vulnerando el derecho a la formación, dejando de aplicar el artículo 32 de la Ley de Coordinación de las Policías Locales de Canarias, una Ley aprobada por el Parlamento de Canarias, que establece entre otras cosas “ un sistema de ayudas económicas que se estimen más adecuadas para los que accedan como alumnos a la Academia Canaria de Seguridad, tanto en los cursos de selección a Policía y demás empleos, como en aquellos de perfeccionamiento, especialización y reciclaje”.
El Decreto tiene por objeto el establecimiento de los precios públicos a satisfacer por las acciones formativas de perfeccionamiento y especialización de carácter voluntario para el interesado, prestados por la Academia Canaria de Seguridad, órgano que depende directamente del Consejero de Economía, Hacienda y seguridad..
Desde el Sindicato CCOO, rechazamos con contundencia esta medida, al hacernos eco del malestar generalizado de los más de 3.800 policías Locales de toda la Comunidad Canaria y los 100 del Cuerpo General de la Policía Canaria.
Los dirigentes políticos del Gobierno Canario o quienes asesoran, están equivocados y están vulnerando o incumpliendo sus propias leyes o normas. En este sentido, la Academia Canaria de Seguridad (ACS) tiene la obligación de celebrar cursos de formación, de perfeccionamiento y especialización, ya que así lo exige la Ley Territorial 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales.
Entre los objetivos marcados por la ACS en su propio Plan de Actividades, se dice que impulsará la formación y especialización del policía como profesional y agente más próximo al ciudadano, incorporando todas las acciones necesarias que acerquen la policía de Canarias a la comunidad, prestando especial atención a su labor asistencial y comunitaria, proporcionándole las técnicas más adecuadas para la comunicación eficaz y las relaciones con la ciudadanía.
En consecuencia, nos preguntamos qué es lo que pretende el Gobierno de Canarias con la adopción de esta medida, ¿quizás la de convertir la Academia en un negocio privado?, ¿les exigirá también a los policías de nuevo ingreso el pago de una cuota para darles formación?
Olvida el consejero de Seguridad del Gobierno de Canarias que la Ley Orgánica 2/1986 establece que la formación y el perfeccionamiento de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tiene, carácter profesional y permanente.
Olvida el Gobierno de Canarias que su propia Ley de Coordinación de Policías Locales, recoge que éstos tendrán no solo los derechos que les corresponden como funcionarios de las Administraciones locales, los derivados de su régimen estatutario, sino también y de forma especial, el derecho a una adecuada formación profesional, que por otro lado, también se configura como un deber para el propio policía.
Olvida el Gobierno de Canarias, que tiene la obligación legal de promover la mejora de la formación profesional de sus policías con el establecimiento de los medios necesarios para su adecuada formación básica, perfeccionamiento, especialización y promoción.
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