Les prometo que esta semana pensaba escribir sobre otro tema, pero la verdad es que las eléctricas y su entramado de intereses no dan tregua y han puesto de actualidad dos asuntos de una dimensión preocupante: la peligrosa relación de un sector importante de la política con las empresas del sector, escenificada con la contratación de una exministra que recién acaba su mandato, y la decisión de José Manuel Soria (más desapercibida, pero no menos trascendental) de poner fin a los organismos reguladores de la energía (CNE), de las telecomunicaciones (CMT), de la competencia (CNC), del juego, el audiovisual, el ferroviario y el aeroportuario cuyas competencias serán asumidas por el ministerio de Industria o Economía.
La noticia del fichaje de la exministra de Economía española Elena Salgado como consejera de
Chilectra, la distribuidora en Chile del grupo Enersis, filial de Endesa que lo es, a su vez, de la italiana Enel, ha puesto de actualidad la oscura simbiosis de intereses entre los más importantes partidos políticos españoles y el mundo opaco de los lobbys eléctricos (en realidad sería mejor hablar del conjunto de las grandes empresas de España, pero me voy a centrar en esta ocasión solo en este ámbito). La contratación de Elena Salgado no supone sino la confirmación de una práctica común y perversa en este país: el trasvase de un lado para el otro (de la política a los negocios y de los negocios a la política) de influyentes políticos o tecnócratas que después tomarán parte activa en resoluciones de importante calado que afectan a las empresas a las que han servido (fíjense en el actual Secretario de Estado de Energía o en el de la época de Sebastián, Fabrizio Hernández, por ejemplo) o a las que servirán en un futuro.
No es casualidad, y por ello me parece absolutamente reprobable, que personas que han tomado
decisiones fundamentales sobre el desarrollo energético de este país formen parte en la actualidad, y con importantes remuneraciones, de los consejos de administración de empresas que, sin ningún género de dudas, se vieron favorecidas con sus medidas. En realidad, todo parte desde la época de Felipe González cuando, para hacer frente a la falta de liquidez de las cuentas del Estado, se comienza a poner en marcha una política de liberalizaciones que se encargó de liderar el canario Luis Carlos Croissier Batista, impulsor de la reconversión industrial y del inicio de las privatizaciones de las grandes empresas públicas españolas. Hoy el expresidente socialista se sienta en el consejo de administración de Gas Natural Fenosa (participada por La Caixa y Repsol YPF) con un sueldo superior a los ciento veinte y seis mil euros y el exministro Croissier lo hace a su vez en Repsol, con una asignación de 215.000 euros. Casualmente, González accedió al consejo de administración de la eléctrica tres meses después de que el Consejo de Participación de Doñana, presidido por él, se hiciera el sueco ante la decisión de Petroleum Oil & Gas España, filial de Gas Natural, de instalar un gasoducto en el entorno de este espacio protegido, en contra de la opinión de ecologistas y expertos.
Con la llegada de José María Aznar a la presidencia del Gobierno español las desnacionalizaciones en todos los campos (banca, telefonía, correos, etc) se precipitan -se hacen realidad a partir de 1996- y Endesa pasa a manos de Acciona para, posteriormente, ser vendida a la empresa pública italiana Enel que pone al frente de ella a Borja Prado Eulate, amigo del príncipe Felipe, socio de la infanta Elena en el colegio Micos e hijo del empresario e íntimo amigo del Rey Manuel Prado y Colón de Carvajal. En la actualidad Aznar cobra 200.000 euros como asesor externo de Endesa y además forman parte de su consejo de dirección Pedro Solbes -que se embolsa 200.000 euros también y que fue el ministro que gestionó y dio el visto bueno a la venta de Endesa a Enel-, Miguel Roca (CiU) y los exministros Joan Majó y ahora Elena Salgado, que hasta hace unas semanas tuvo mucho que ver con la aceptación de las cuentas del famoso y fraudulento déficit tarifario de las eléctricas. Por su parte, Luis de Guindos ha hecho el viaje en contra: de ser miembro de Endesa ha pasado a ser ministro de Economía y no se esconderá para tomar decisiones que afecten a la eléctrica italiana. Pero no queda aquí la cosa.
También forma parte de Gas Natural Fenosa Narcis Serra; de Iberdrola, el expresidente valenciano José Luis Olivas; de Red Eléctrica, los exministros Atienza (sustituido ahora por José Folgado, ExSecretario de Estado de Energía con el PP), Mª de los Angeles Amador y Miguel Boyer y de Petronor y Repsol, Josu Jon Imaz ...
Pero, a pesar de todo, esta democracia se dotó de mecanismos correctores independientes (la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión Nacional de la Competencia…) para controlar las prácticas irregulares y abusivas de las empresas y garantizar la objetividad y la transparencia de su funcionamiento; para vetar las operaciones que pusieran en riesgo la libre competencia, el abuso a los consumidores, la concentración de sectores regulados o estratégicos, la inspección y la calidad de los servicios, la continuidad de los suministros, etc… Hasta ahora. El ministro de Industria, José Manuel Soria, acaba de presentar un proyecto de ley de fusión de los reguladores, que acabará dentro de tres meses con esos organismos autónomos y pasará a la Secretaría de Estado de Energía las competencias para autorizar o no la compra de participaciones de empresas estratégicas, las tareas de inspección, los expedientes sancionadores, etc, y al ministerio de Economía la investigación de las acciones contrarias a la libre competencia. Se quiebra por tanto la independencia y la transparencia de los controladores y queda todo en manos de ministerios mediatizados como hemos visto y comprobado.
Es la escenificación de la complicidad que se procura el trust eléctrico con políticos significados desprovistos de ética para conseguir, como cártel, pactar los precios, falsear los datos, imponer los fósiles y atacar las renovables, fijar déficits a su antojo, obligar a mantener un modelo caduco y frenar una industria boyante y alternativa en torno a las energías limpias, comprometer la soberanía energética…
Es muy duro, pero estamos ante la cruel realidad de ver ante nuestros ojos a unos políticos, carentes de integridad, que fueron y son valores instrumentales de determinados enriquecimientos.
Estamos ante la constatación de que existe una minoría que gobierna para sí misma y pervierte la democracia. Estamos ante una peligrosa oligarquización de la política que genera desapego, desconfianza, desprecio y rechazo de la ciudadanía hacia la democracia y las instituciones que la sustentan y cada vez vemos como son menos los que conciben la política, desde la fortaleza de las convicciones éticas, como “el cuidado de la existencia” (H. Arendt) para el bien común y no para unos pocos.
(*) Alcalde de Agüimes
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