Canarias, 23 de abril de 2012 / Manifestación - Sindical / Gabinete de Prensa.
Izquierda Unida Canaria (IUC), en linea con el posicionamiento de la organización a nivel estatal, rechaza tajantemente el aumento del porcentaje del precio de los medicamentos a pagar por los pacientes decretada por la ministra de Sanidad Ana Mato. De esta manera los pensionistas pasarán de no pagar a abonar el 10% del precio de las medicinas y los asalariados pasarán del pagar el 40% al 50%. IUC la considera una medida injusta que rompe con el principio de universalidad de la sanidad pública en España.
El 80% del gasto farmaceútico en España se corresponde con las recetas para los pensionistas, por lo que IUC alerta del riesgo que supone para las mermadas economías de las personas jubiladas tener que hacer frente a los casi 100 euros anuales que les supondrá esta medida. Los asalariados y los parados que cobren prestación tendrán que pagar el 50% del precio de los medicamentos. En Canarias, con cifras de paro por encima del 30%, y con el 16% de los hogares con todos sus miembros en situación de desempleo, la medida supone un aumento del riesgo de exclusión social para aquellas familias en las que alguno de sus miembros sea enfermo crónico, y que difícilmente podían hacer frente al 40% actual.
Izquierda Unida Canaria niega que, como dice la ministra Ana Mato la medida sea progresiva, puesto que “mete en el mismo saco” a aquellos trabajadores con un renta de entre 22.000 y 100.000 euros, lo que, a juicio de la organización de izquierdas, significa que el mayor peso de la medida recaerá, nuevamente, en aquellos trabajadores con rentas más bajas. Por otra parte la medida resultará ineficaz incluso desde el punto de vista recaudatorio, ya que la implantación de este impuesto farmaceútico por renta obligará a crear nuevos tipos de cartilla sanitaria y generará gastos adicionales que dejarán sin efecto el aumento de la recaudación.
Por último Izquierda Unida Canaria hace hincapié en la “inhumanidad” que supone aplicar “un impuesto a las personas que sufren enfermedades” y denuncia que la medida supone un fraude político y electoral, puesto que el Partido Popular se comprometió reiteradamente en campaña electoral a no implantar el “copago sanitario” si gobernaba.
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