¿NOS PROTEGE LA JUSTICIA?

Las Palmas de GC, 3 de mayo de 2012 / Artículo de Opinión / M. A. Moreno

Es triste, muy triste, pero ya nos hemos acostumbrado a las mentiras de los políticos, y ya vamos aprendiendo a separar lo que son promesas electorales de lo que pasa a ser luego la realidad de los gobernantes, que donde dijeron “digo”, dicen ahora “Diego”. Pero es la democracia, y al menos tenemos la libertad de elegir a quienes más nos convencen, o a quienes más creemos.

Pero, ¿qué pasa cuando los que afirman una cosa ahora, se desdicen luego y afirman todo lo contrario son los jueces? ¿Qué ocurre cuando quienes opinan, y ratifican, lo que tiempo después niegan rotundamente son los encargados por velar que se cumpla la justicia? Pues es lo que pienso ahora después de enterarme de la última (¿o mejor penúltima?) sentencia sobre lo que todos conocemos como “pelotazo del Canódromo”, y pienso que con este sambenito va a pasar a la historia. No salgo de mi asombro y no me entra, por más que lo intento, al comprobar que el TSJC, contando incluso con algunos de los  mismos miembros, niegue ahora algo que ha ratificado en cinco sentencias anteriores: que las torres que Realia construyó en un tiempo récord, sin promoción y sin compradores, son legales. ¿Qué significa? ¿Quizás mintieron  las cinco sentencias anteriores causando tantos problemas y tantos agravios a la ciudad y  a sus ciudadanos? 

Me leí la sentencia emitida en 2008 y también la que salió hace unos días y tengo que hacer verdaderos esfuerzos para entender que las dos se refieren al mismo hecho y hayan sido dictadas por el mismo Tribunal…siendo, al mismo tiempo, tan contradictorias. Las razones que entonces eran prueba de ilegalidad manifiesta, ahora se soslayan, salvo en el caso de la magistrada que sigue manteniéndose coherente y reafirmando la misma postura de las sentencias anteriores, algo que ha pasado casi desapercibido en la clase política.

Porque es cierto que algún magistrado (mejor dicho, magistrada) no ha querido formar parte de esta incoherencia y, para bien o para mal, se ha mantenido sensata en la misma postura durante todas las sentencias emitidas: sigue habiendo ilegalidad e indicios claros de desviación de poder. Pero ¿qué pasa con quienes cambian de opinión como algunos cambian de chaqueta? ¿Tal vez están reconociendo que mintieron con anterioridad? ¿Puede mentir un magistrado? Porque está claro que o mienten  las cinco sentencias anteriores o lo hace la última “versión” de los hechos.

Últimamente hemos oído hablar mucho y pedir (mejor aún, exigir) que los políticos paguen de su bolsillo los daños causados por hacer un mal uso de su poder, pero ¿qué pasa con los magistrados? ¿Qué nos puede garantizar que las mismas personas no conviertan en injusto lo que hoy declaran que es justo, y que lo que ahora deciden legal, después sentencien ilegal, como por arte de magia? ¿Es posible que se pueda causar con sentencias contradictorias tanto daño moral y económico  a los que vivimos en una sociedad que creemos, tal vez pecando de inocencia, protegida por la ley y por quienes han de impartirla? ¿Quién nos resarce de los errores de  jueces que se contradicen sin apenas parpadear?

 Si la empresa de las torres del Canódromo decidiera pedir una indemnización por los daños causados, ¿a quién debería exigirla: al ayuntamiento, por iniciar un negocio tan intrincado; a los vecinos, a los que se les dio la razón en varias sentencias; o quizás a los jueces, que son los que han generado este lío con un cambio tan drástico de opinión?