Madrid (España), 6 de agosto de 2012 / Sindical - Seguridad / AUGC.
El Ministerio
del Interior ha puesto ya fecha para comenzar a privatizar la seguridad de los
ciudadanos. A partir de octubre entraran en las prisiones a hacer el trabajo de
los guardias civiles las empresas privadas de seguridad.
Desde que AUGC
tuvo conocimiento de la intención del Ministerio de acometer esta privatización
la Organización ha dejado muy clara su total oposición a esta medida, no sólo
porque supone un primer paso para comenzar a desmantelar la “seguridad
pública”, sino porque se está haciendo sin afrontar los verdaderos problemas
que afectan a este servicio esencial para el desarrollo de los derechos y
libertades de todos los ciudadanos españoles. Para AUGC se acomete una
privatización cuando antes habría que haberse planteado un nuevo modelo
policial que supere el patrón arcaico con el que contamos en la actualidad. Un
modelo altamente costoso, con duplicidad de unidades y en el que ni si quiera
se ha logrado la plena colaboración entre los dos cuerpos que conforman las
Fuerzas de Seguridad del Estado: Policía y Guardia Civil. Por lo que AUGC
considera prioritario afrontar ese nuevo modelo policial en el que se contemple
la unificación de ambos cuerpos, ya que se abaratarían costes y además se
mejoraría la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía.
Da la sensación
de que este gobierno y este ministerio del Interior han vuelto a recuperar la
famosa premisa del que fuera delegado del gobierno en Madrid, Francisco Ansuátegui,
que pasará a los anales políticos por su frase “quien quiera seguridad que la
pague”. AUGC no va a aceptar que se juegue con la seguridad de todos los
ciudadanos, que son además los que la pagan con sus impuestos. Y espera que
esta privatización no sea el primer paso hacia una privatización a gran escala
de la seguridad ciudadana, porque para AUGC con la seguridad de los españoles
ni se hace política ni se juega.
AUGC denuncia
también que esta privatización de la seguridad en las cárceles se está llevando
a cabo sin ningún tipo de consideración hacia los trabajadores –los guardias
civiles-, a los que a día de hoy, no se les ha notificado de manera oficial ningún
tipo de información sobre esta reforma, de la que son actores principales. Pero
además pretenden ponerla en marcha en el mes de octubre cuando el nuevo curso
escolar ya ha comenzado. Esto supondrá, además de un grave perjuicio laboral
para los agentes, una total falta de
respeto y consideración hacia sus familias, a las que les podría suponer hasta
un cambio de domicilio. Además, con esta decisión la Dirección General de la
Guardia Civil, más concretamente del DAO, se va a faltar a la palabra dada a
las asociaciones profesionales, a las que se aseguro que el proceso de
privatización se haría con
el menor perjuicio a los agentes y sus familias.
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