Santa Lucía (Gran Canaria), 3 de septiembre de 2012 / Agricultura / Gabinete de Prensa.
El Ayuntamiento de Santa
Lucía ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) las
bases para adjudicar los 54 Huertos de Garantía Agroalimentaria, pequeñas
parcelas urbanas destinadas al fomento de la actividad agrícola sostenible para
el autoconsumo de familias o personas en situación de desempleo.
Aprobado
en el pleno de la
Corporación el pasado mes de julio, el documento regula la adjudicación
de las pequeñas parcelas urbanas cultivables, de 128 metros cuadrados
aproximadamente cada una, destinadas a la práctica de la agricultura ecológica,
en las que se cultivarán legumbres, verduras y plantas de jardinería para el
autoconsumo, sin hacer uso de producto fitosanitarios. Los terrenos son de
titularidad municipal y están ubicados en el Polígono 2, Parcela 155 de
Doctoral.
Las
bases recogen que “podrán ser personas titulares de las autorizaciones de uso de
los Huertos de Garantía Agroalimentaria las personas físicas empadronadas en el
Municipio de Santa Lucía con una antigüedad de, al menos, 5 años
ininterrumpidos e inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria, y
que cumplan además con los requisitos de ser mayor de edad, encontrarse con capacidad
física para la realización del trabajo agrícola a desarrollar en el huerto, estar
al corriente en el pago de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento, no
trabajar otro huerto particular, propio, cedido o en arrendamiento, carecer de
recursos económicos suficientes que impidan la cobertura de necesidades básicas
y no ser titular de otra autorización cualquier persona que resida en el mismo domicilio”.
Entre
los criterios de priorización que establece la normativa destaca “que dado el
carácter eminentemente social de este proyecto, para acceder a ellas tendrán
preferencia las personas que tengan cargas familiares, la condición de jubilado,
prejubilado o incapacitado/a parcialmente para el ejercicio de determinadas
prácticas laborales, estar en situación de desventaja social para la
integración laboral o en situación de desempleo”, según el documento.
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