Madrid (España), 18 de febrero de 2013 / Comunicado / Gabinete de Prensa.
En estos momentos de tanta trascendencia para el Poder Judicial como consecuencia de la tramitación del Anteproyecto de Reforma de la Ley Orgánica de Poder Judicial, y ante la huelga convocada por el resto de asociaciones judiciales para el próximo día 20 de febrero, la ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA quiere manifestar de manera rotunda su total oposición a la reforma proyectada y su compromiso sin reservas con la defensa de la independencia judicial.
La APM defiende un poder judicial independiente y eficaz, en el modo definido por nuestra Constitución, para la garantía real de los derechos de los ciudadanos y el adecuado control frente a los abusos de poder. La independencia judicial que viene contemplada en el artículo 117 de la Constitución no es un sentimiento subjetivo del Juez, sino el resultado de unas condiciones que el resto de Poderes del Estado han de garantizar manteniendo una posición de exquisita neutralidad y objetividad en los nombramientos dentro de la Carrera Judicial y en el Consejo General del Poder Judicial, a fin de preservar al Juez de cualquier intromisión en el ejercicio de su función.
El anteproyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial, en los términos en que viene propuesto, merma de forma extraordinaria no sólo la independencia que ha de tener el Poder Judicial, sino también la función de gobierno que la Constitución Española atribuye al Consejo General del Poder Judicial y reduce los instrumentos con los que cuenta para garantizar que los jueces puedan realizar su función de manera independiente. Esto se evidencia particularmente en los siguientes aspectos:
1. Frente a la elección de los vocales de procedencia judicial por los propios jueces (sistema que tanto la APM como el Tribunal Constitucional han defendido que se ajusta más adecuadamente al espíritu constitucional) la reforma pretende establecer una elección política sin cortapisas, con el riesgo de politización de la Justicia que ello conlleva.
2. El Anteproyecto busca debilitar la independencia y capacidad de decisión del Consejo General del Poder Judicial obligando a que la mayor parte de sus vocales desempeñen sus funciones a tiempo parcial, sistema inédito en otros órganos constitucionales y al que nos oponemos frontalmente. Resulta altamente inquietante que se pueda simultanear el libre ejercicio de profesiones como las de Abogado y Procurador con el cargo de Vocal del Consejo General del Poder Judicial, ostentando potestades disciplinarias sobre Jueces y Magistrados que conocerán de sus pleitos en los distintos órganos jurisdiccionales.
3. La reforma pretende disminuir las competencias que desarrolla el Consejo General del Poder Judicial, asumiendo el poder político la regulación de muchas de ellas, en particular las relativas al desarrollo reglamentario del estatuto judicial. Frente a este ataque a la independencia judicial la APM reclama la conservación del actual marco competencial.
4. La reforma de la regulación del procedimiento disciplinario -de marcada trascendencia para el ejercicio jurisdiccional independiente- manifiesta aspectos inquisitivos carentes de toda justificación.
En un Estado Democrático y de Derecho corresponde al Poder Legislativo la aprobación de las leyes, pero es nuestra obligación como Asociación Profesional defender un modelo de Juez en el que la independencia constituya el núcleo de la función de juzgar, así como denunciar ante la sociedad los graves peligros que esta reforma, si se lleva a efecto, ocasionará a la división de poderes, al Estado de Derecho y a los ciudadanos.
La APM no secunda la huelga convocada por las restantes asociaciones judiciales al entender que dicha medida de protesta no es la más adecuada en la actual situación de crisis institucional por la que atraviesa nuestro país. Sin embargo, no podemos permanecer impasibles ante este ataque a la independencia del Poder Judicial, configurado por la Constitución como última garantía de los derechos de los ciudadanos.
Desde el dialogo y la razón, la APM exige la retirada del anteproyecto de ley en curso o, al menos, su modificación sustancial, de manera que se convierta en un verdadero instrumento para mejorar la Justicia en vez de una intromisión política insoportable en el Poder Judicial.
La APM quiere dejar expresa constancia de su profundo respeto a las decisiones de sus asociados, secunden o no la huelga, y con la decisión adoptada por el resto de las asociaciones judiciales, con las que compartimos la oposición al Anteproyecto de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en tramitación, manifestando la voluntad de continuar juntos en la defensa de los intereses de la carrera judicial y del conjunto de los ciudadanos
La Comisión Permanente de la Asociación Profesional de la Magistratura.
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