Consumo detecta e inmoviliza una partida de hamburguesas con carne de caballo y afirma que no existe riesgo para la salud

•    Gustavo Matos explica que se han retenido 1.089 kilos de carne cuyo destino era la hostelería, y se ha avisado a los establecimientos por si disponen del producto para evitar que lo comercialicen

Canarias (España), 21 de febrero de 2013 / Consumo - Comercio / Gabinete de prensa.

El director general de Comercio y Consumo, Gustavo Matos, ha informado hoy de que se ha detectado e inmovilizado en las Islas una partida de hamburguesas congeladas que contienen carne de caballo sin que esto constara en su etiquetado, lo cual “constituye un fraude para los consumidores pero, en ningún caso supone un riesgo para la salud”. Matos ha explicado que la carne pertenece a una empresa cuya matriz está en la Comunidad Valenciana pero que tiene sede en Canarias, concretamente en las islas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y que la totalidad del producto se destinaba a consumo en establecimientos de hostelería, no en tiendas ni supermercados.

En total, se han inmovilizado 1.089 kilos de carne, unas 7.000 hamburguesas que ya no entrarán en la cadena de distribución ni llegarán a los consumidores. Gustavo Matos ha insistido en que la carne es apta para el consumo. “Lo que ocurre con este producto es que se ha producido un fraude para el consumidor porque en el etiquetado no se le informa de que está consumiendo carne de caballo, pero esta carne es perfectamente apta para el consumo humano y, por tanto, no plantea ningún problema de salud pública”, ha señalado.

El director general de Comercio y Consumo ha explicado también que se ha empezado a informar a los establecimientos hosteleros sobre la identificación del distribuidor para que eviten comercializar este producto concreto en el caso de que dispongan del mismo por haberlo adquirido antes de su inmovilización. Gustavo Matos ha explicado que las reclamaciones que se pudieran derivar de este asunto se tramitarán normalmente y ha recordado que se puede recurrir a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), o a la propia Dirección General de Comercio y Consumo.

Matos ha querido insistir en que “ante todo, esta es una cuestión de fraude en el etiquetado del producto, no de seguridad alimentaria” y ha pedido que se tenga “la máxima tranquilidad porque los sistemas de alerta establecidos en Canarias, España y el conjunto de la Unión Europea funcionan, tal y como se está demostrando en este asunto”.