Nueva Canarias rechazó una moción del PP para que los empresarios hosteleros de Santa Lucía, tuvieran más tiempo para adaptarse a la ordenanza que regula las terrazas en el municipio a sabiendas de que el plazo que se les concede es inaceptable en estos tiempos de crisis.
Santa Lucía (Gran Canaria), 14 de marzo de 2013 / Reformas - PP / Gabinete de Prensa.
Marcos Rufo, concejal y portavoz del Partido Popular de Santa Lucía defendió en el pasado pleno del 28 de febrero, que el grupo de gobierno, acordara un plazo de entre tres y cinco años para que los empresarios del sector hostelero del municipio adaptaran sus terrazas a la nueva ordenanza, pero fue rechazada por el grupo de gobierno.
Rufo opina que Silverio Matos y su gobierno saben que los empresarios van a tener dificultades para hacer las reformas que les piden, en tan sólo un año, por lo que parece que al ayuntamiento lo que le mueve en realidad, es el “afán recaudatorio” para incrementar los ingresos de las arcas municipales a base de multas a quienes no cumplan con la normativa.
Para el concejal Popular, esta decisión del gobierno municipal representa “un nuevo varapalo al empresariado del municipio” a quienes por imperativo legal, no les quedará más remedio que afrontar inversiones (que pueden llegar a los 25.000 euros) en un momento en el que el consumo ha caído a las cotas más bajas y los ingresos apenas dan para mantener abierto el negocio.
Rufo denuncia la falta de consenso con los empresarios, rechazando incluso las alegaciones que estos presentaron y lamenta que de las doce alegaciones presentadas por el grupo Popular, solo se aceptaron parcialmente cuatro, aunque las más importantes fueron desestimadas, entre ellas, la que proponía dejar en suspenso la aprobación de la Ordenanza Reguladora de la Ocupación del Suelo de Dominio Público.
No obstante, asegura Marcos Rufo, el Partido popular seguirá presentando las alegaciones oportunas en todas las ordenanzas y reglamentos municipales que se vayan proponiendo por el grupo de gobierno y que se estimen contrarias a los intereses generales de los ciudadanos del municipio.
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