Ya no hablamos de incumplimientos hipotecarios, o las fuerzas del orden actuando contra los ciudadanos para beneficiar al capital bancario a cualquier precio. Nuestras propias instituciones prefieren tener viviendas sociales vacías y dejar a la gente en la calle.
Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 29 de mayo de 2013 / Política - ANC / Gabinete de Prensa.
El caso que ha aparecido en toda la prensa local, nos habla directamente de la falta de una política social seria en las instituciones Canarias. La afectada se quejaba de que la única oferta que le habían hecho era la de pagarle tres meses de alquiler, pero siendo ella la que tenía que buscarlo y esto no le parecía correcto, puesto que no tiene trabajo para afrontar más pagos sin tener trabajo "y su esperanza de vida es superior a tres meses".
Desde ANC echamos en falta una política social seria, que cubra las necesidades básicas de la ciudadanía y no cree indigencia. Que atienda las necesidades reales de una población entre la que se reparten las estadísticas del producto interior bruto (PIB) y sin embargo, al que no llega ni la intención de reparto de riqueza. Sobre todo, cuando asistimos como testigos como se desvían fondos públicos para nuevas empresas, ayudas a los empresarios y autónomos, pero se abandonan los más necesitados dejando sin prestación alguna a miles de familias del archipiélago.
Visocan, Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, es una empresa pública del Gobierno de Canarias adscrita a la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, que parece sostenerse en una gestión que se aleja de lo público y se asemeja a la gestión privada que sólo busca beneficios económicos. Para ANC es evidente que se carece de la vocación social en nuestras instituciones, en pos de cubrir los espacios que deberían hablarnos de políticas sociales con este tipo de iniciativas.
De cara a la galería, la consejera Inés Rojas y los representantes neoliberales del grupo de gobierno se presentan en cualquier foro para hablar de su concepto de políticas sociales con la potestad que les atribuyen los votos de las pasadas elecciones. Sin embargo, cada vez somos más las organizaciones y ciudadanos que esperamos que sus acciones les pasen factura en las próximas y no tarden en desaparecer del mapa político del archipiélago.
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