Audiencia de Cuentas de Canarias / Gabinete de Prensa.
El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Rafael Díaz, presentó hoy miércoles, 8 de mayo, ante la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda del Parlamento de Canarias, el informe elaborado por el órgano auditor sobre la fiscalización de la Sociedad Mercantil Pública de Gestión Recaudatoria de Canarias S.A. (Grecasa) correspondiente a los ejercicios 2008-2011, aprobado por unanimidad de los miembros del pleno el pasado 12 de marzo de 2013.
De acuerdo con las conclusiones obtenidas, la Audiencia de Cuentas de Canarias recomienda ajustar las tarifas de facturación cobradas por Grecasa hasta el nivel necesario que cubra los costes del servicio, ya que el fin último de Grecasa no es la obtención de un beneficio económico, sino prestar un servicio encomendado por la Administración.
También sugirió que, independientemente de que Grecasa tenga oficinas en las dos provincias canarias, la empresa debe seguir el mismo criterio en ambas dependencias para datar las deudas cuyos responsables obligados al pago hayan resultado fallidos.
Finalmente, señaló que el Gobierno de Canarias debería, como único accionista, instar a que la empresa elabore un presupuesto más realista y revise los importes que factura a la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad para que estos no superen los presupuestos de cada ejercicio económico.
Entre los resultados más destacados de la fiscalización, Díaz expuso que los ingresos registrados como importe neto de la cifra de negocio en el período objeto de análisis estuvieron íntegramente relacionados con los convenios suscritos para la realización de las encomiendas de gestión.
En concreto, más del 90% de esos ingresos procedieron de la facturación por los servicios prestados, en base a las encomiendas de gestión de cobro de los débitos en vía ejecutiva y de determinados servicios en materia tributaria, de los que más del 76% resultaron de encargos propios de la Consejería de Economía y Hacienda
Asimismo, señaló que en todos los ejercicios del período analizado la empresa obtuvo beneficios que se destinaron a la adquisición de bienes muebles e inmuebles con cargo a la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) y al reparto de dividendo a su único accionista, el Gobierno de Canarias.
En cuanto a la gestión de cobro en vía ejecutiva se refiere, Díaz destacó que el volumen de las deudas providenciadas gestionadas por la empresa se incrementó anualmente pasando de 252,7 millones de euros en 2009 a 450,2 millones de euros en 2010.
Universidad de La Laguna
Con respecto al informe de fiscalización de la Universidad de La Laguna del ejercicio 2011, el presidente de la Audiencia de Cuentas destacó que la actividad económico-financiera se ha ajustado a la normativa que le es de aplicación y que las cuentas de la Universidad expresan la imagen fiel de la ejecución del presupuesto, si bien con determinadas salvedades.
No obstante, el presidente insistió en las mismas recomendaciones realizadas en anteriores informes, que se centran en potenciar la obtención de recursos propios que aminoren la creciente dependencia financiera de la Universidad de los recursos provenientes del sector público; dotar a la Intervención de la ULL de los recursos humanos precisos para que realice sus funciones de manera más eficaz y eficiente; contar con una programación plurianual de su presupuesto; e implantar un sistema informatizado de gestión del inmovilizado.
Rafael Díaz destacó que por primera vez en los últimos cuatro años el presupuesto de la Universidad de La Laguna fue aprobado por el Consejo Social con anterioridad al inicio del ejercicio presupuestario, siguiendo las reiteradas recomendaciones que en tal sentido se venían haciendo en los informes de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
En relación a la fiscalización de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria del ejercicio 2011, Díaz señaló que aunque sus cuentas expresan la imagen fiel del presupuesto y su actividad económica-financiera se ajusta a la normativa, es necesario dotar a esta institución al servicio de control interno de los recursos humanos precisos para que realice las funciones que tiene encomendadas, así como potenciar la obtención de recursos propios que minoren la creciente dependencia financiera de los recursos provenientes del sector público, además de implantar un sistema informatizado de gestión del inmovilizado.
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