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lunes, 17 de febrero de 2014

La Audiencia de Cuentas de Canarias emite el informe de fiscalización de la Cuenta General de la CCAA de 2012

El informe refleja una mejora en el pago a acreedores relacionado tanto con el importe pendiente de pago como en la antigüedad del saldo

Canarias (España), 17 de febrero de 2014 / Contabilidad Pública / Gabinete de prensa.

La Audiencia de Cuentas de Canarias ha emitido el informe de fiscalización sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias correspondiente al ejercicio de 2012 después de que fuera aprobado por unanimidad de los miembros del Pleno del órgano fiscalizador.

De acuerdo con las conclusiones de este informe, que deberá ser presentado posteriormente en la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda del Parlamento de Canarias, el importe de las políticas de gasto ejecutadas por el Gobierno de Canarias en 2012 ascendió a 6.617,9 millones de euros, lo que supone el 91 por ciento de lo presupuestado.

En líneas generales, la ejecución mensual de este gasto estuvo “relativamente distribuida” situándose alrededor de una media del 7,6 por ciento, excepto en diciembre donde se incrementó hasta el 17,2%.

La mayor partida de gasto es la referida a transferencias (61,1%) que tenían como destino tanto a entes del sector público de la Comunidad Autónoma, especialmente el Servicio Canario de la Salud, como a Ayuntamientos y Cabildos. Si bien, el gasto que más aumentó con respecto a 2011 fue la deuda en compensación a la escasez de los recursos provenientes de otras fuentes de financiación.

Mejora en el pago a acreedores

Las cuentas fiscalizadas reflejan una mejora en el pago a acreedores relacionado tanto con el importe pendiente de pago como en la antigüedad del saldo. En este sentido, el informe asegura que a finales de 2012 el importe pendiente de pago por parte de la Administración Pública del Gobierno de Canarias se había reducido en 48,7 millones de euros.

En total, a lo largo de 2012, los ingresos registraron una desviación negativa de 521,3 millones de euros, debido fundamentalmente a la caída de la aportación del Estado,  cifrada en -399 millones de euros, así como a la menor recaudación de los tributos cedidos, que se redujo en 92,8 millones de euros.

Al cierre de ese ejercicio, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma arrojó un saldo negativo de 108,2 millones de euros como consecuencia de un descenso de los ingresos respecto a sus previsiones y de la tramitación de créditos sin cobertura.

Así, en diciembre de 2012, la Tesorería de la que disponía la Administración se había reducido un 58,4 por ciento con respecto al ejercicio anterior, hasta situarse en 225 millones de euros.

Por otra parte, y con respecto al sector empresarial de la CCAA, el informe realizado por la Audiencia de Cuentas pone de manifiesto que el fondo de maniobra agregado continuó mejorando en 2012 hasta situarse en 125,1 millones de euros, frente a los 116,6 millones registrados en el ejercicio anterior, lo que permite aumentar las garantías de liquidez de todo el sector en su conjunto.

martes, 7 de enero de 2014

La Audiencia de Cuentas de Canarias fiscalizará en 2014 la gestión del IGIC y la formación profesional turística

Reunión del Pleno de la Audiencia de Cuentas.
El órgano aprueba en pleno su programa de actuaciones de control para el próximo año, que incluye también el análisis de los servicios prestados en materia de mercados y mataderos, así como la gestión de la PCI

Canarias (España), 07 de enero de 2014 / Audiencia de Cuenta / Gabinete de Prensa.

El Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias ha aprobado su Programa de Actuaciones para el año 2014, en el que se distingue entre las de carácter preceptivo y las acordadas a iniciativa de la propia Institución, varias de las cuales están relacionadas de manera directa con la actual situación económica que atraviesa las Islas.

Por lo que se refiere a las preceptivas, la actividad de la Audiencia de Cuentas se centrará, en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma, en el examen y comprobación de su Cuenta General y en la fiscalización de las cuentas anuales de las dos Universidades públicas canarias y del Fondo de Compensación Interterritorial, y en el ámbito del sector público local, se fiscalizarán las cuentas generales de las entidades locales, que darán lugar al Informe General del Sector Público Local, todo ello con referencia al ejercicio 2013.

Con carácter general, todas las actuaciones de la Audiencia de Cuentas aprobadas por el Pleno, a iniciativa de la Institución, tienen su origen en la actual coyuntura económica y tratarán de ahondar en una mayor eficacia y eficiencia de la gestión de los recursos públicos.

En este contexto, se fiscalizará la gestión del Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC), que representa la tercera fuente de financiación de la Comunicada Autónoma y es el tributo que tiene más capacidad recaudatoria de Canarias.

También se fiscalizarán los programas e iniciativas de formación profesional para el empleo en el sector turístico que son promovidos por la Comunidad Autónoma, con el objeto de verificar si la cualificación profesional que se ofrece se adapta al mercado turístico actual y contribuye a potenciar un sector que da empleo al 34 por ciento de la población de las Islas y representa su principal actividad económica, con un 26 por ciento del PIB.

Junto a estos asuntos, el Órgano de Control Externo del sector público en Canarias realizará labores de fiscalización relacionadas con la eficiencia de la gestión de las ayudas enmarcadas en la Prestación Canaria de Inserción (PCI) durante el período 2011-2013, que están reguladas en la Ley1/2007, de 17 enero, aprobada por el Parlamento de Canarias. Dado el carácter transversal que tienen las medidas de integración relacionadas con el PCI, esta actuación será ejecutada, en colaboración y de forma coordinada, por dos unidades fiscalizadoras: Comunidad Autónoma y Ayuntamientos.

Otra de las actuaciones aprobadas por el Pleno se refiere a la fiscalización, en colaboración con el Tribunal de Cuentas, de los servicios prestados en materia de mercados por los Ayuntamientos y en materia de mataderos por los Cabildos Insulares, durante el ejercicio 2012, en las que colaborarán las áreas de Ayuntamientos y de Cabildos Insulares de la Audiencia de Cuentas de Canarias

Ambas áreas también trabajarán de manera conjunta en las fiscalizaciones del saneamiento del agua y del uso agrícola del agua por las entidades locales en 2013, actuaciones con las que se continuará y terminará la fiscalización del ciclo del agua urbana que empezó el pasado año.

Finalmente, la ACC ha acordado desarrollar en 2014, en los términos que se concreten, un programa de actuaciones conjuntas con el Tribunal de Cuentas en el marco del control de la actividad económico-financiera del sector público y otras cuestiones que afectan a la realidad del sistema de control externo.

Así, el calendario de trabajo de la Audiencia de Cuentas prevé la realización de seis informes dirigidos, entre otros aspectos, a  fiscalizar  la gestión recaudatoria en ayuntamientos de municipios con población superior a 100.000 habitantes, los gastos ejecutados por las entidades locales sin crédito presupuestario y las actuaciones desarrolladas por las Comunidades Autónomas en relación con los planes económico-financieros, de  reequilibrio y de ajuste previstos en la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Asimismo, cabe señalar la colaboración prevista por el Tribunal de Cuentas para 2014 con el resto de Órganos de Control Externo de España contempla la fiscalización de los organismos públicos de producción y distribución de agua potable; el control de los gastos comprendidos en los programas y/o transferencias corrientes y de capital relacionadas con el apoyo a la internacionalización y atracción de inversiones extranjeras y la fiscalización de las actuaciones del propio Tribunal de Cuentas para promover en el ámbito local la rendición de cuentas.

viernes, 2 de agosto de 2013

Montelongo (PP): “El aparato de propaganda de Rivero se saltó la legalidad vigente y los controles en su proceso de contratación”

La Audiencia de Cuentas prueba que RTVC gastó 264 millones sin control en 4 años

Canarias (España), 02 de agosto de 2013 / Políticas - PP / Gabinete de Prensa.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Control de Radio Televisión Canaria, Águeda Montelongo, anunció hoy que el informe definitivo de la Audiencia de Cuentas de Canarias ha venido a confirmar “las gravísimas irregularidades en la contratación de RTVC” durante la pasada legislatura, en la que gastó 264 millones de todos los canarios “sin control alguno y sin transparencia”.

“La vergonzosa situación creada por el director de TVCanaria, Guillermo García, ratificado expresamente en su puesto por Paulino Rivero, ha quedado retratada por el máximo órgano fiscalizador de la comunidad autónoma, que avisa de que el aparato de propaganda del presidente se ha saltado la legalidad vigente y los necesarios controles en su contratación”, apuntó la diputada del PP.

El informe de la Audiencia de Cuentas analiza un muestreo de 136 contratos del Ente Público y sus sociedades entre junio de 2007 y junio de 2011, que para Montelongo, “prueba las denuncias que ha venido realizando el Partido Popular, respecto a que RTVC es un chiringuito en el que el dinero público de todos los canarios está en manos de su director, Willy García, para favorecer a un puñado de empresas a cambio de hundir a gran parte del sector audiovisual de las islas”.

“Ya nadie puede dudar que la TV Canaria es un juguete en manos de Rivero –prosiguió-, pues este documento que tanto PSOE como CC han desautorizado reiteradamente, concluye que entre 2007 y 2011, la gestión de la actividad contractual se llevó a cabo sin un sistema que permitiera garantizar la objetividad y transparencia en el procedimiento”.

En este sentido, consideró “muy importante” remarcar que ha sido el PSOE, “que ahora está callado y sin representantes en el Consejo de Administración de la Televisión Canaria, el que solicitó este informe demoledor que ha destapado cuatro años de irregularidades y bochornosa gestión de dinero público, tras el examen de tan solo 136 expedientes, apenas un tercio de la contratación total”.

Sin transparencia

La primera conclusión del informe es que la contratación de RTVC no se ha ajustado en general a criterios de eficacia, eficiencia y economía, y avisa de posibles infracciones a la legislación sobre contratos en el sector público, dada la ausencia de documentación justificativa en las fases de preparación y adjudicación, y de sujeción a los principios de publicidad y concurrencia.

El informe pone el acento en que el Gobierno regional ha priorizado la figura de Guillermo García como administrador único de la entidad, en lugar de asegurar el cumplimiento de la legislación en materia de contratos del sector público. “Pese a contar con instrumentos para el estudio de contratos y proyectos, García ha hecho valer su condición de administrador único y se ha saltado todo aquello que suponga transparencia en el manejo de dinero público” apuntó la diputada del PP, para quien “se ha preferido la opacidad y hacer las cosas a su manera”.

De hecho, concluyó Águeda Montelongo, el informe recuerda que la contratación de servicios informativos ha sido objeto de recursos contenciosos administrativos, y aprecia posibles irregularidades, e informa de posibles riesgos de carácter legal, “que en sede judicial se están resolviendo repetidamente en contra del Gobierno de Canarias”.

lunes, 24 de junio de 2013

La Audiencia de Cuentas de Canarias integra las nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia y eficacia en la fiscalización



Técnicos de la ACC reciben un curso formativo sobre auditoría de los sistemas de información

Tenerife (Canarias), 24 de junio de 2013 / Auditorias - Audiencia de Cuentas / Gabinete de Prensa. 

La Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC) inició esta semana un curso formativo dirigido a sus técnicos sobre las auditorías de los sistemas de información.

El objetivo de este curso ha sido ayudar a que los mencionados técnicos de auditoría comprendan la necesidad de conocer los fundamentos de la administración electrónica, su impacto en los procedimientos de fiscalización y la necesidad ineludible de adaptarse a ese entorno, así como  dar a conocer los instrumentos metodológicos que estos tienen a su alcance para realizar las fiscalizaciones con eficacia y mayor eficiencia.

Un total de 15 técnicos de la ACC han recibido este curso formativo de manos del jefe de la Unidad de Auditoría de Sistemas de Información de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, Alejandro Salom.

La realización de este tipo de auditorías es esencial, ya que el auditor público no tiene más alternativa que adquirir nuevas capacidades, adaptándose así a la nueva realidad de una administración pública cada vez más informatizada.

En este sentido, el uso de herramientas de análisis y extracción de datos posibilitan que el auditor incremente la efectividad de las actividades a realizar, mejore los procedimientos de documentación, genere un fondo documental de conocimientos para la ejecución de pruebas, o minimice la posibilidad de cometer errores.

lunes, 20 de mayo de 2013

La Audiencia de Cuentas de Canarias participa en las ‘I Jornadas sobre los Auditores y el Sector Público’


El encuentro, que se ha celebrado estos días en Las Palmas de Gran Canaria, ha contado con la presencia del consejero de la Audiencia de Cuentas de Canarias, José Carlos Naranjo; del jefe del Área de Ayuntamientos de esta institución, Enrique Salvador Villar; y de la jefa del Área de la Comunidad Autónoma en la Audiencia, Inmaculada Saavedra


Canarias (España), 20 de mayo de 2013 / Jornadas / Gabinete de Prensa.

La Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC) ha participado en las I Jornadas sobre los Auditores y el Sector Público organizadas por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, el Colegio de Economistas de Las Palmas y el Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Las Palmas, que se han celebrado estos días en la capital grancanaria con el objetivo de destacar la importancia de trabajar en aras de alcanzar una administración más eficaz, eficiente y transparente a través de la fiscalización de las cuentas públicas.

En esta convocatoria, que se destinó a la formación de economistas auditores, titulares mercantiles, censores jurados de cuentas, interventores y funcionarios de la Administración, han intervenido dos especialistas de la ACC: el jefe del Área de Ayuntamientos, Enrique Salvador Villar, con una ponencia sobre el control externo y la fiscalización del sector público local;  y la jefa del Área de la Comunidad Autónoma, Inmaculada Saavedra, que ha expuesto la perspectiva del control externo desde la fiscalización realizada por la ACC a la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por otro lado, el consejero auditor de la Audiencia de Cuentas, José Carlos Naranjo, ha participado en una mesa redonda sobre la colaboración de los auditores privados en la auditoría pública desde su experiencia en el Órgano Fiscalizador.

En este sentido, Naranjo ofreció datos sobre los órganos de Control Externo autonómicos que están colaborando actualmente con empresas privadas para llevar a cabo sus tareas fiscalizadoras, sobre la normativa vigente al respecto y sobre los recursos con los que cuenta la ACC para realizar las funciones que le encomienda su Ley de creación.

En las jornadas otros especialistas también abordaron la temática del control interno en las entidades locales, de la contabilidad en el sector público o de las auditorías a las subvenciones y universidades, entre otros.

miércoles, 8 de mayo de 2013

La Audiencia de Cuentas de Canarias presenta en el Parlamento los informes de fiscalización de la empresa pública Grecasa del periodo 2008-2011 y de las dos universidades canarias del ejercicio 2011



Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 8 de mayo de 2013 / 
Audiencia de Cuentas de Canarias / Gabinete de Prensa.


El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Rafael Díaz, presentó hoy miércoles, 8 de mayo, ante la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda del Parlamento de Canarias, el informe elaborado por el órgano auditor sobre la fiscalización de la Sociedad Mercantil Pública de Gestión Recaudatoria de Canarias S.A. (Grecasa) correspondiente a los ejercicios 2008-2011, aprobado por unanimidad de los miembros del pleno el pasado 12 de marzo de 2013.

De acuerdo con las conclusiones obtenidas, la Audiencia de Cuentas de Canarias recomienda ajustar las tarifas de facturación cobradas por Grecasa hasta el nivel necesario que cubra los costes del servicio, ya que el fin último de Grecasa no es la obtención de un beneficio económico, sino prestar un servicio encomendado por la Administración.

También sugirió que, independientemente de que Grecasa tenga oficinas en las dos provincias canarias, la empresa debe seguir el mismo criterio en ambas dependencias para datar las deudas cuyos responsables obligados al pago hayan resultado fallidos.

Finalmente, señaló que el Gobierno de Canarias debería, como único accionista, instar a que la empresa elabore un presupuesto más realista y revise los importes que factura a la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad para que estos no superen los presupuestos de cada ejercicio económico.

Entre los resultados más destacados de la fiscalización, Díaz expuso que los ingresos registrados como importe neto de la cifra de negocio en el período objeto de análisis estuvieron íntegramente relacionados con los convenios suscritos para la realización de las encomiendas de gestión.

En concreto, más del 90% de esos ingresos procedieron de la facturación por los servicios prestados, en base a las encomiendas de gestión de cobro de los débitos en vía ejecutiva y de determinados servicios en materia tributaria, de los que más del 76% resultaron de encargos propios de la Consejería de Economía y Hacienda

Asimismo, señaló que en todos los ejercicios del período analizado la empresa obtuvo beneficios que se destinaron a la adquisición de bienes muebles e inmuebles con cargo a la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) y al reparto de dividendo a su único accionista, el Gobierno de Canarias.


En cuanto a la gestión de cobro en vía ejecutiva se refiere, Díaz destacó que el volumen de las deudas providenciadas gestionadas por la empresa se incrementó anualmente pasando de 252,7 millones de euros en 2009 a 450,2 millones de euros en 2010.

Universidad de La Laguna

Con respecto al informe de fiscalización de la Universidad de La Laguna del ejercicio 2011, el presidente de la Audiencia de Cuentas destacó que la actividad económico-financiera se ha ajustado a la normativa que le es de aplicación y que las cuentas de la Universidad expresan la imagen fiel de la ejecución del presupuesto, si bien con determinadas salvedades.

No obstante, el presidente insistió en las mismas recomendaciones realizadas en anteriores informes, que se centran en potenciar la obtención de recursos propios que aminoren la creciente dependencia financiera de la Universidad de los recursos provenientes del sector público; dotar a la Intervención de la ULL  de los recursos humanos precisos para que realice sus funciones de manera más eficaz y eficiente; contar con una programación plurianual de su presupuesto; e implantar un sistema informatizado de gestión del inmovilizado.

Rafael Díaz destacó que por primera vez en los últimos cuatro años el presupuesto de la Universidad de La Laguna fue aprobado por el Consejo Social con anterioridad al inicio del ejercicio presupuestario, siguiendo las reiteradas recomendaciones que en tal sentido se venían haciendo en los informes de la Audiencia de Cuentas de Canarias.

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

En relación a la fiscalización de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria del ejercicio 2011, Díaz señaló que aunque sus cuentas expresan la imagen fiel del presupuesto y su actividad económica-financiera se ajusta a la normativa, es necesario dotar a esta institución al servicio de control interno de los recursos humanos precisos para que realice las funciones que tiene encomendadas, así como potenciar la obtención de recursos propios que minoren la creciente dependencia financiera de los recursos provenientes del sector público, además de implantar un sistema informatizado de gestión del inmovilizado.