· El consejero replica al ministro Soria con la activación de proyectos empresariales por importe de 240 millones y medidas para facilitar el acceso al crédito
· “Es una cortina de humo para tapar la incapacidad, el fracaso y la sumisión del PP canario ante los presupuestos estatales”
Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 27 de octubre de 2013 / Presupuestos / Gabinete de Prensa.
“Los obstáculos a la inversión empresarial que el ministro Soria sitúa en el Gobierno de Canarias están en los Presupuestos Generales del Estado que ha elaborado su partido”, indicó hoy Javier González Ortiz, consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
En respuesta a unas declaraciones del ministro en las que hace responsable al Ejecutivo canario del aumento del paro y del escaso dinamismo empresarial, González Ortiz señaló que las cuentas públicas estatales “además de no contener medidas efectivas de estímulo económico, son las que añaden profundos recortes a la inversión pública, un aspecto fundamental para generar la actividad y el empleo que las Islas necesitan”.
El consejero añadió que mientras el representante del PP identifica “solo con demagogia” los problemas de Canarias “con supuestas trabas burocráticas e ineficiencias de este Gobierno, sus miembros nos dedicamos a trabajar en un comité de inversiones creado para agilizar los proyectos empresariales y coordinar a todas las administraciones implicadas para sacarlos adelante”.
“Prueba de la eficacia de este comité- explicó- es que desde su constitución a finales de 2012 se han logrado activar iniciativas empresariales por importe de 240 millones de euros”. Se trata de proyectos con una importante repercusión económica y con capacidad para generar empleo pero que, a su vez, son altamente complejos en su tramitación.
El consejero, además de instar al ministro a que se dedique a mejorar unos presupuestos del Estado “que todavía está a tiempo de rectificar”, asegura que el Gobierno de Canarias desarrolla otras iniciativas dentro de su limitada capacidad de actuación para facilitar la inversión empresarial.
González Ortiz aludió a medidas incentivadoras ya en marcha como las implantadas para mejorar el acceso al crédito de las pymes, una de las principales dificultades que impiden la generación de actividad económica.
Es el caso de instrumentos financieros, articulados a través de los fondos Jeremie, como los microcréditos, las garantías y avales o los préstamos participativos. “También es el caso –agregó- de los 200 millones de euros que, mediante un préstamo suscrito con el BEI, se ponen en circulación para nuevas inversiones empresariales”. A estas líneas se añaden las ayudas dispuestas para la innovación y el desarrollo tecnológico así como las relativas a la internacionalización de nuestras pymes.
Cortina de humo para tapar el fracaso ante los PGE
González Ortiz consideró que estas acusaciones vertidas “sin fundamento alguno” por parte del ministro “solo responden a una cortina de humo para tapar la incapacidad, el fracaso y la sumisión del Partido Popular canario ante los Presupuestos Generales del Estado que más daño hacen a las Islas”.
Para el consejero, además de frenar desde su ministerio inversiones millonarias al Archipiélago especialmente en el área de las energías renovables, “toda la aportación que realiza es justificar unas cuentas que maltratan a Canarias en lugar de seguir el ejemplo de sus compañeros en otras comunidades autónomas que sí alzan la voz para defender a los ciudadanos que representan”.
“En esa justificación de unos presupuestos que lastran nuestra economía –concluyó- no duda en repetir falsedades como que la inversión en las Islas disminuye menos que la media estatal. Sin embargo, los datos lo desmienten ya que esas partidas suponen 155 euros por cada canario frente a los 215 euros por habitante de la media de las autonomías y 400 euros menos que las mejor financiadas”.
Según González Ortiz, “el ministro y el PP canario se convierten así en cómplices necesarios en el recorte a los servicios públicos esenciales; la rebaja de fondos para el empleo, las carreteras y las obras hidráulicas; la eliminación del PIEC, de las partidas del POSEI y de los convenios de infraestructuras turísticas y educativas; o el descenso del FCI y de las subvenciones al transporte de mercancías o a la desalinización”.
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