La Policía Nacional destapa un fraude continuado en la obtención de subvenciones públicas por parte de un grupo empresarial textil de Alicante

Han sido arrestadas 25 personas

Con esta defraudación obtuvieron indebidamente en cinco años 484.608 euros en ayudas directas y más de un millón de préstamos sin intereses

Falsificaban facturas de proveedores para adaptarlas a los requisitos requeridos para obtener las ayudas económicas convocadas por organismos públicos estatales y autonómicos

Alicante (Valencia), 14 de octubre de 2013 / Sucesos -  fraude  / Gabinete de Prensa.

Agentes de la Policía Nacional han destapado un fraude continuado en la obtención de subvenciones públicas por parte de un grupo empresarial textil de Alicante. Los investigadores han determinado que en un periodo de cinco años obtuvieron indebidamente 486.608 euros en ayudas directas y más de un millón de préstamos en intereses. Han sido arrestadas 25 personas -24 en Alicante y uno en Barcelona- por su presunta implicación en la falsificación de facturas con la finalidad de adaptarlas a los requisitos requeridos por organismos públicos estatales y autonómicos para la adjudicación de las ayudas.

La investigación se inició tras recibir la denuncia de un extrabajador  de la empresa textil. El denunciante manifestó que durante el periodo de tiempo en el que formó parte de la mercantil, algo más de un año, tuvo conocimiento de la falsificación sistemática, organizada y continuada de facturas para la obtención de subvenciones de forma indebida.

Partiendo de esta denuncia los agentes realizaron una serie de indagaciones para confirmar la veracidad de los hechos. En su mayoría relativas a la solicitud y análisis de documentación del grupo empresarial denunciado y de sus proveedores. En base a esta información, el pasado mes de mayo se procedió al arresto de los dos máximos responsables de la empresa como presuntos responsables de un delito de fraude a subvenciones públicas, y se llevó a  cabo el registro de la sede social de la mercantil.

Tras estas actuaciones se analizó la nueva documentación obtenida y los efectos intervenidos. Además, se solicitaron datos a los organismos públicos que pudieran haber otorgado subvenciones, para determinar si existieron irregularidades en la concesión de las ayudas. Esta nueva información permitió a los agentes comprobar la existencia de facturas duplicadas con conceptos diferentes, adaptadas a lo exigido en las diferentes convocatorias de subvenciones. También se ha podido comprobar que habían falsificado documentos para la consecución de dichas ayudas.

Facturas a medida

Durante la investigación los agentes averiguaron que cuando la empresa tenía conocimiento de la convocatoria de una subvención pública, sus representantes mantenían una reunión con los responsables de una asociación empresarial textil, encargada de intermediar entre la mercantil y el ente público otorgante de la ayuda. Durante este encuentro se trataban aspectos generales de la subvención, así como la forma de abordar la justificación de gastos.  Después la asociación le enviaba un documento que detallaba la justificación de gastos, la utilización de proveedores, el importe mínimo a justificar, el periodo de las facturas para argumentar los gastos y su concepto.

Con toda esa información la empresa textil reunía la documentación necesaria -nóminas, estatutos, certificados, etc- para solicitar la ayuda. Además extraía un listado de la contabilidad de la empresa del proveedor y la fecha deseada para la justificación de los gastos y seleccionaba las facturas necesarias para llegar al mínimo exigido en la subvención. Posteriormente modificaban el concepto de las facturas, a través de la empresa proveedora, que alteraba el concepto de las facturas emitidas con anterioridad y las remitía de nuevo a la empresa textil.

Finalmente, la mercantil remitía las facturas modificadas y la documentación requerida al organismo público que le abonaba la subvención solicitada en su totalidad al desconocer la irregularidad de dicha justificación.

Además del grupo empresarial investigado, los agentes constataron un total de 14 empresas ubicadas en las provincias de Alicante, Murcia, Valencia y Barcelona que habrían sido cooperadoras necesarias de la actividad delictiva al modificar las facturas reales ya cobradas para adecuarlas al concepto solicitado. Tras el arresto de los principales responsables de la mercantil investigada, realizados el pasado mes de mayo, durante las fases siguientes de la operación han sido detenidas otras 23 personas más por su presunta implicación en la trama.

La operación ha sido realizada por el grupo de Blanqueo de Capitales de la UDEF de la Comisaría Provincial de Alicante, el grupo de Blanqueo de Capitales de la UDEF de la Jefatura Superior de Cataluña y el apoyo operativo de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Onteniente.